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| 12/5/2008 12:00:00 AM

Exhumarán cuerpos, posiblemente del Palacio de Justicia

Se inspeccionará una fosa donde es probable que estén los cadáveres de los desaparecidos del Palacio de Justicia. La paradoja es que desenterrar esta verdad puede torpedear el proceso contra los responsables de la retoma.

Esta semana, el juzgado tercero penal de Bogotá dio via libre a la inspección de una fosa en el proceso de investigación contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por su presunta participación en las desapariciones del Palacio de Justicia, en 1985. La existencia de la fosa, que está en el Cementerio del Sur de Bogotá, fue revelada por SEMANA con la publicación de unas fotografías inéditas tomadas el 22 de enero de 1986.

El juzgado argumentó que un “funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado”, como reza en el estatuto penal. Con esta decisión se abre paso la petición que hizo el coronel Plazas Vega a la Fiscalía de que se hagan pruebas topográficas a la fosa y de ADN a los cadáveres que posiblemente se encuentran ahí.

En diálogo con Semana.com, René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas, y vocero de los familiares de los empleados de la cafetería que salieron con vida del Palacio pero nunca se supo más de ellos, dijo: “respetamos la decisión del juez, pero advertimos que esa prueba no tiene por qué entorpecer la sentencia condenatoria o absolutoria de Plazas Vega”.
 
La inclusión de esta prueba en la investigación, podría servir a Plazas Vega de argumento para retrasar la sentencia de su caso por vencimiento de términos del proceso.

Guarín ha dicho en varias ocasiones que la inspección judicial de la fosa del Cementerio del Sur podría desviar la investigación y desacelerar la actuación de la justicia. “El tipo de pruebas que solicitó Plazas Vega, como la de ADN, podría tardar hasta cinco años en arrojar resultados”, dijo.

Plazas Vega está detenido por los delitos de tortura psicológica y desaparición forzada de once personas. Los hechos ocurrieron el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando un comando de la guerrilla M-19 se tomó el edificio del Palacio de Justicia donde se encontraban magistrados y varios funcionarios. En la “retoma” del Ejército, como se le llamó a la ofensiva de las autoridades en la que se descartó la negociación entre el gobierno y el grupo guerrillero, desaparecieron 11 personas. Tres de ellas salieron con vida del Palacio, según las evidencias. Plazas Vega fue uno de los que militares al mando de la operación.

Guarín, quien ha estado al tanto de todo el proceso de la investigación dijo también que había una altísima probabilidad de que el sitio de la fosa, de las fotografías reveladas por SEMANA, coincida con una fosa que ya fue exhumada por la Universidad Nacional en 1998.

Esta coincidencia de lugar, según él, descartaría practicar otras pruebas, porque la investigación forense de la fosa de 1998, de la que se exhumaron 23 cadáveres, descartó que hubiera desaparecidos del Palacio de Justicia entre esos muertos.

Historia de la nueva fosa

En la edición 1385, esta revista publicó unas fotografías tomadas el 22 de enero de 1986, por el reportero holandés Harry Van der Aart. Las fotos corresponden a una fosa común en la que fueron enterradas varias personas, y que según el fotógrafo fueron tomadas el 22 de enero de 1986. El lugar también se encontraba el periodista Jan Thielen y juntos, 23 años después por una casualidad, revelaron la existencia de esas fotografías. (Ver artículo aquí).

Los reporteros creen que en la fosa que fotografiaron podrían estar personas desaparecidas del Palacio porque cuando iban a enterrar los cadáveres, algunos calcinados, le preguntaron a uno de los sepultureros que quiénes eran. “Son los hijueputas del Palacio”, fue la respuesta.

Tras la publicación de SEMANA, la Fiscalía aseguró el área alrededor de la fosa. Según explicó el fiscal del caso el objetivo era hacer el respectivo trabajo de identificación de los cuerpos. Ante la providencia del juzgado tercero, la Fiscalía deberá hacer un estudio topográfico y topométrico del lugar.

Como la investigación es sobre un delito de Estado, como lo tipifican los protocolos internacionales, los organismos judiciales estarán acompañados de un testigo imparcial. Para este caso será el Comité Internacional de la Cruz Roja, probablemente. Los peritos deberán hacer un registro fotográfico y de video del lugar, para constatar si el sitio coincide o no con la fosa que ya fue exhumada en 1998.






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