Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/03/04 00:00

"Exigimos que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte Suprema"

La sala plena fue dura en su respuesta frente a las amenazas en su contra. Critica "la discreta apatía de las demás ramas del poder público" y la retórica de una "falsa preocupación por la seguridad de jueces y magistrados".

"Exigimos que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte Suprema"

Horas después de que los Ministerios del Interior y de Defensa anunciaran que redoblarán las medidas de seguridad contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, tras conocerse un supuesto plan para atentar contra tres magistrados de la sala penal de dicho tribunal, la Sala Plena de la Corte respondió duramente en un comunicado en la noche de este jueves, no sólo a los que quieren sabotear su tarea de investigación, sino también a las otras ramas del poder.

“Exigimos vehementemente que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte, pues cualquiera que sea la forma en que se haga, desde el agravio y el linchamiento moral, hasta el atentado personal, socavan la democracia y alientan la intervención de Tribunales internacionales”, dice el comunicado firmado por la sala plena que se reunió durante toda la tarde para discutir la información que el fiscal general (e), Guillermo Mendoza, le entregó a los magistrados sobre un supuesto plan para matar a Augusto Ibáñez, presidente de la Corte hasta hace un mes, Javier Zapata y Jorge Luis Quintero, tres de los magistrados que han investigado temas tan delicados como la parapolítica y las ‘chuzadas’ del DAS.

Pero así como critican a quienes quieren sabotear su labor, también critican a las otras ramas del poder, especialmente al gobierno nacional. “La muerte reciente de funcionarios judiciales, la amenaza a testigos y víctimas, la discreta apatía de las demás ramas del poder público frente a estos peligros, hacen que la Corte se vea precisada a denunciar la indiferencia y a repudiar gastadas estrategias retóricas que anuncian una falsa preocupación por la seguridad de los jueces y magistrados”, dice uno de los apartes del comunicado.

A finales del año pasado, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio (cuyo hermano, Guillermo Valencia, es investigado por la Corte Suprema por sacar del organigrama a un importante miembro de la llamada oficina de Envigado) anunció que 6 mil millones de pesos se destinarían para redoblar la seguridad de los magistrados. Y este jueves, el ministro Valencia dijo que estos dineros ya se habían invertido, pero que ahora se reforzará aún más el esquema de seguridad de los juristas en peligro.

Para la Corte, el plan en su contra no se trata de un episodio cualquiera. Aunque de la reunión no se supo nada oficial, sí se conoció que dos personas fueron capturadas en el norte de Bogotá por una investigación ajena a las amenazas. Ambos llevaban armas con silenciador y sobre ellos recaen serios indicios del supuesto atentado contra los magistrados, según voceros de la Fiscalía. Además, un carro blanco con placas de Córdoba fue inmovilizado porque, aparentemente, iba a ser utilizado en el atentado.

Además, según el ministro de Defensa, Gabriel Silva, una tercera persona es investigada luego de haber sido encontrada cerca de la casa de uno de los miembros de la Corte, haciendo movimientos que despertaron dudas en las autoridades. Sin embargo, todavía no se ha confirmado nada de esta persona. Hay “la presencia de unos personajes que venían del departamento de Córdoba y que fueron ubicados en una zona cercana a la residencia de un magistrado”, dijo Silva a un grupo de periodistas. “No tenemos evidencia de un atentado contra los magistrados, pero preventivamente hemos tomado las decisiones para evitar acciones violentas”, agregó.

Sobre estos hechos dice la Corte: “en atención al momento que vive el país, la gravedad e inminencia de la amenaza y a que el cumplimiento de sus funciones constitucionales compromete organizaciones criminales con probada capacidad delictual. Se prolonga así la estrategia de amedrentamiento en el vano intento de doblegar la inquebrantable voluntad de la Corte Suprema de Justicia de cumplir sus responsabilidades frente a la sociedad, la Constitución y la ley”.

Enseguida, responsabiliza a las autoridades de la seguridad de cada uno de los magistrados: “Ante la comunidad nacional e internacional deben responder las autoridades encargadas de nuestra seguridad y la de nuestras familias; responsabilidad que se extiende a la propia vigencia de la democracia, pues los hechos conocidos atentan contra la integridad y existencia de uno de los poderes constituidos, con lo cual minan el Estado de Derecho” y agrega: “Convocamos a la sociedad civil para que rompa la indiferencia y reclame de las instancias gubernamentales seguridad real para los jueces y magistrados, pues el ejercicio independiente y autónomo de la judicatura es la mayor garantía para el ciudadano”.

Por último dice que “en estos momentos la sociedad debe rodear a sus jueces y el infinito bien de la seguridad debe amparar de modo privilegiado a los jueces”.

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