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| 6/10/2010 12:00:00 AM

Familiares de desaparecidos del Palacio responsabilizan de su seguridad al Gobierno

Por su parte, la CIDH aseguró que la juez María Stella Jara, quien profirió la condena contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, ha recibido amenazas, por lo que pidió protección para la jurista.

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia expresaron su desacuerdo con las declaraciones que han dado a los medios integrantes del Gobierno y militares retirados en las últimas horas.

Después de conocerse el fallo en el que la Juez Tercera Especializada de Bogotá condenó a 30 años de prisión al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por 11 desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia, el presidente Álvaro Uribe rechazó el fallo. Dijo que “nosotros vamos a tener que pensar en Colombia un proyecto de ley, una revisión del ordenamiento jurídico, para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia. Está bien que las Fuerzas Armadas tienen que ser eficaces y tienen que ser transparentes, que tienen que recuperar totalmente el orden público y respetar absolutamente los derechos humanos. Pero de ahí al maltrato a las Fuerzas Armadas, hay un trecho muy amplio” (ver artículo).

En respuesta, los familiares de los desaparecidos convocaron una rueda de prensa en la que René Guarín, hermano de Cristina del Pilar, una de las víctimas, asumió la vocería de los demás parientes.

Guarín dijo que “no aceptamos, por irrespetuosas con las familias de los desaparecidos y con la rama judicial, las palabras que ha pronunciado hoy el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. No las consideramos respetuosas porque la sentencia está sustentada en derecho, no está vulnerando, como lo dice el Presidente, la integridad de las Fuerzas Militares”.

Enseguida, Guarín agregó que “las críticas de parte del Presidente son un irrespeto a la memoria de los nuestros. Son un irrespeto a los abogados de la defensa de los familiares de los desaparecidos y a la Rama Judicial”.

El presidente Uribe también criticó que mientras el coronel Plazas Vega fue condenado, están libres quienes se tomaron violentamente el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, es decir, los guerrilleros del M-19. A este respecto, Guarín aclaró que la sentencia se refiere puntualmente a las 11 desapariciones, que son consideradas un delito de lesa humanidad que no prescribe y no a ningún otro hecho ocurrido durante la retoma (vea la rueda de prensa completa). 

Finalmente, el vocero de las víctimas advirtió que “responsabilizamos de lo que les pase a la juez, a los abogados o a cualquiera de los familiares de los desaparecidos, directamente a las Fuerzas Militares de Colombia, en cabeza del presidente Álvaro Uribe. Lo que pase será responsabilidad de ellos y será inadmisible que nos vengan a decir que en extrañas circunstancias fue asesinado tal familiar de desaparecido, o tal abogado, o la juez María Stella Jara, o la fiscal Ángela Buitrago, o que eso va a ser objeto de una investigación exhaustiva porque fue una banda emergente”.

Precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le pidió al Estado colombiano medidas de protección para la jueza Jara porque “ha recibido amenazas por presuntos grupos armados al margen de la ley”. Según dice la CIDH en un comunicado, en el que dice también que las intimidaciones contra la funcionaria, “se han intensificado en los últimos meses”.

Durante este jueves, el Presidente se reunió con la cúpula militar para analizar el caso de Plazas Vega y anunció una alocución para las 7 de la noche.

Tras conocer la decisión de Uribe de salir al aire en horario triple A, Guarín dijo que por esto también es un hito el fallo contra Plazas Vega, pues “nunca antes habíamos visto en Colombia que, a raíz de una sentencia, el Presidente de la República se pronunciara convocando a una alocución radiotelevisada”.

Por todos los comentarios que se han hecho en las últimas horas por parte del gobierno y militares retirados, Guarín dijo que se está atacando la justicia “igual que hace 25 años cuando, según nos cuentan los informes de inteligencia, la atacaba el cartel de Medellín. Hoy, yo siento que la Corte Suprema sigue siendo atacada. Sus providencias siguen siendo irrespetadas y siguen teniendo inmerecidas opiniones desde el Ejecutivo”.
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