Fiscalía imputó cargos contra Rojas Birry

Ante el juzgado 32 municipal de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al personero de esta ciudad Francisco Rojas Birry, señalado de enriquecimiento ilícito, dentro de una investigación que lo vincula con la comercializadora DMG. 
 
Sin embargo, durante la diligencia la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento contra el personero de la capital colombiana, por lo cual Rojas Birry, del Polo Democrático, seguirá en libertad. Según la defensa del personero, este es un triunfo, pues demuestra la falta de pruebas que tiene la Fiscalía para demostrar la legitimidad de los cargos que se le imputan a su apoderado.

"Es bueno que la Fiscalía haya entendido que tenía con qué hacer la imputación, pero no con tenía qué pedir una detención en contra del personero", aseguró Eduardo Salazar, abogado de Rojas Birry.

El personero de Bogotá fue imputado por presuntamente haber recibido 200 millones de pesos de la firma DMG, intervenida por las autoridades por captación ilegal de dinero y lavado de activos. 
 
En contra de Rojas pesa el testimonio de William Suárez, cuñado de David Murcia (el cerebro de DMG), quien dijo que la firma sí había entregado dinero al funcionario. Además, la Fiscalía tiene unas grabaciones en las que funcionarios de DMG hablan de entregar "doscientos puntos  (200 millones de pesos) para el señor Francisco Rojas Virrey (sic)" y otra en la que hablan de ir a la casa del funcionario para reunirse con él. 

Durante la audiencia, la juez del caso le advirtió a Rojas que no podía vender sus bienes hasta que no se aclarara su situación jurídica, ya que las autoridades deben determinar la procedencia de los recursos con los que los adquirió. 
 
“Las decisiones están en manos de las autoridades, si yo soy responsable o no. Por ahora, con mucha tranquilidad, con mucha nobleza, tengo un compromiso con la ciudad, con la Personería de Bogotá y con mayor razón trabajaremos las 24 horas", dijo Rojas Birry, quien no aceptó los cargos.

Mientras se encuentra en libertad, el juez deberá decidir si acusa al funcionario o decide precluir la investigación.