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| 4/21/2010 12:00:00 AM

"Hubo fraude y falsedad en financiación y trámite del referendo": Fiscalía

La Fiscalía presentó las pruebas para asegurar que los promotores del referendo violaron la ley y la Constitución durante el proceso de financiación de la iniciativa que buscaba una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.

Aunque el pasado 26 de febrero la Corte Constitucional declaró inexequible el referendo reeleccionista, el tema aún no se enfría. Este miércoles, la Fiscalía les imputó a los promotores de la iniciativa popular dos delitos por las irregularidades en las que supuestamente incurrieron para financiar la consulta.

Al ex congresista Luis Guillermo Giraldo, representante del comité de promotores, así como Cecilia Paz de Mosquera, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Dajer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa, la Fiscalía los señaló como responsables de fraude procesal y falsedad en documento público.

Dos cargos que no sólo les establecería multas, a manera de sanción, sino que, en el caso del fraude procesal, expone a los promotores a prisión de entre seis a 14 años e inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas, todo si el juez acoge los argumentos de la Fiscalía y los declara responsables.

¿Por qué hubo fraude?

Según la investigación de la Fiscalía, el fraude procesal se habría constituido en dos conductas en las que, al parecer, incurrieron los miembros del comité de promotores.

La primera, Luis Guillermo Giraldo y los promotores presentaron ante la Registraduría un informe financiero en el que no relacionaron todos los aportantes, personas naturales o empresas, que financiaron la iniciativa.

Según la Fiscalía, en ese balance presentado a la Registraduría el 2 de septiembre de 2008, los promotores “pretendían que el registrador certificara una iniciativa que no cumplía con los requisitos legales”.

La investigación demuestra que los promotores no explicaron que la fundación Colombia Primero, que recogía aportes para fines diferentes al de financiar una iniciativa popular, y de la que hacían parte algunos de los promotores del referendo, se convirtió en el principal aportante de la iniciativa.

La Fiscalía consideró que el comité promotor pretendió certificar la existencia de un crédito, que en realidad no existió, y a través de esa conducta ocultar la violación de topes establecidos por la ley colombiana para la financiación de este tipo de iniciativas de participación ciudadana.

La fiscal que adelanta la investigación fue contundente: “una organización ajena a la iniciativa, la asociación Colombia Primero, adelantó gestiones propias de un comité de promotores, desconociendo los mandatos del legislador estatutario, y en últimas, de principios constitucionales”.

La segunda conducta en la que los promotores incurrieron en fraude procesal, según la Fiscalía, se determinó al haber inducido a un error al Congreso de la República al radicar el proyecto, a sabiendas que éste no tenía los certificados necesarios que aseguraba que la iniciativa estaba ajustada a la ley.

Dijo la Fiscalía que el proyecto de ley de referendo debía tener certificados de la Registraduría que avalara que la financiación de la iniciativa no había excedido los topes legales. Sin embargo, el único certificado que presentaron los promotores sólo avalaba que el proyecto había cumplido con el mínimo de firmas requeridas.

¿Por qué hubo falsedad?

El segundo delito imputado, el de falsedad en documento público, al parecer se produjo en la certificación del contador del comité de promotores en la que aseguraba que hubo un crédito de Colombia Primero y que sirvió para financiar el proceso de recolección de firmas.

Pero la Fiscalía, al acoger la sentencia de la Corte Constitucional en la que hundió el referendo, aseguró que no hubo ningún préstamo, sino que se presentó una triangulación, a través de la asociación Colombia Primero, para recibir aportes y luego pasarlos hacia la iniciativa reeleccionista.

Luis Guillermo Giraldo, y los demás miembros del comité de promotores del referendo, rechazaron los cargos impuestos por la Fiscalía, y ahora deberán presentar las pruebas que los exoneren de estas irregularidades ante el juzgado que desde este miércoles conoce la investigación.

¿Choque de investigaciones?

Sin embargo, tras la audiencia celebrada en uno de los juzgados de Bogotá, surgieron varios interrogantes.

El primero de ellos, el futuro de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los 86 representantes a la Cámara que votaron una iniciativa que no tenía los certificados legales.

Quizás por eso, algunos de los representantes jurídicos de los congresistas investigados estaban muy pendientes de las incidencias de la audiencia, y allí surgió un planteamiento que podría ser utilizado a su favor.

Y es que si la Fiscalía señala que los promotores indujeron a que el Congreso haya votado una iniciativa ilegal, los congresistas podrían argumentar que no hubo voluntad de incurrir en un prevaricato, sino que fueron inducidos a cometer un error.

Al ser consultado por Semana.com, el abogado Jaime Bernal Cuéllar señaló que hay una “gran contradicción” entre lo expuesto por la Fiscalía y la investigación de la Corte Suprema de Justicia, porque si la Fiscalía señala que los promotores “trataron de engañar al Congreso, entonces los congresistas no habrían tenido la voluntad de cometer un prevaricato”.

Bernal Cuéllar sostiene que el cargo imputado por la Fiscalía no es consistente con ese antecedente.

Sin embargo, el representate y abogado Germán Navas Talero, sostiene que la investigación a los congresistas no contradice con la de la Fiscalía, al señalar que los 86 representantes a la Cámara “habían sido advertidos de que el proyecto de ley no tenía los requisitos legales, y que si votaban estaban incurriendo en prevaricato”.

¿Son todos los vinculados?

Otro de los interrogantes que surgió en la audiencia es la responsabilidad de cada una de las personas a las que la Fiscalía les imputó los cargos.

Por ejemplo, entre los promotores del referendo vinculados a la investigación no se encontraba el contador del comité. Y la Fiscalía señaló que el delito de falsedad en documento público fue una conducta de esta persona, que firmó los balances y mintió al certificar que sí hubo un crédito en el proceso de financiación.

Sin embargo, será el juez quien determine si lo vincula a la investigación y quien determine si todos los nueve promotores, a los cuales se les imputaron los dos cargos, tuvieron igual o distinto grado de responsabilidad en estas irregularidades.

Así mismo, en declaraciones a Semana.com, el representante Germán Navas Talero asegura que en ninguna investigación penal, que se produjo tras las irregularidades del referendo, se ha vinculado a quienes indujeron a los congresistas a votar la iniciativa.

Navas recordó que los representantes a la Cámara estaban temerosos de votar la iniciativa, debido a las advertencias que él, y su colega Carlos Arturo Piedrahita, habían hecho ante un posible prevaricato.

Sin embargo, tras una reunión con abogados y el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, los 86 representantes “llegaron como ovejitas”, dijo Navas, a votar el referendo. Y agregó que cuestionó el papel de los abogados consultados por el gobierno y del Ministro del Interior, y se preguntó si ellos habrían inducido a los congresistas a incurrir en prevaricato.

El proceso contra los promotores comienza su etapa decisiva. Sólo el tiempo determinará si “hubo errores de buena fe” en la financiación del referendo, como lo asegura Luis Guillermo Giraldo, o si desde un comienzo hubo la intención de cometer las irregularidades, que a la postre, terminaron por hundir la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.
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