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Iglesia sólo podrá adelantar “labores pastorales” con bandas

El comisionado de paz, Frank Pearl, visitó la Conferencia Episcopal y acordó con los obispos del país cuál es el papel de la Iglesia en el tema de las bandas emergentes.

12 de febrero de 2010

Ante la polémica desatada por el reversazo del gobierno en torno a la mediación de miembros de la Iglesia Católica en la búsqueda de un posible diálogo con las denominadas bandas emergentes, el comisionado de Paz, Frank Pearl, decidió reunirse con los obispos colombianos para aclarar en qué condiciones los sacerdotes pueden adelantar dicha labor.

 
Tras una reunión en la Conferencia Episcopal, Pearl aseguró que los obispos pueden desarrollar sus “labores pastorales con los miembros de estas bandas”, pero aclaró que “no pueden ir más allá”.

 
De acuerdo con el Comisionado, actualmente “no hay ni puede haber” un proceso de diálogo con estos grupos e insistió en que los contactos con sus integrantes sólo pueden tener como objetivo su sometimiento a la justicia.

 
De lograrse un avance en este último punto, el funcionario dijo que la Iglesia actuará como “garante”.

 
Este pronunciamiento de Pearl es el último capítulo de una polémica que comenzó cuando se conoció un pacto de no agresión entre dos bandas de Medellín, resultado de la gestión de una comisión de notables autorizada por el gobierno, hace más de dos meses.

 
El gobierno no ocultó su molestia por las labores de los delegados en la capital de Antioquia. El presidente Álvaro Uribe y el Comisionado de Paz desautorizaron públicamente los diálogos y rechazaron el pacto entre bandas.

 
Sin embargo, Uribe sorprendió la noche del martes, tras una visita a la Conferencia Episcopal, al autorizar al obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, para dialogar con las bandas emergentes. Pero de nuevo, en posteriores declaraciones, el gobierno puso condiciones a los acercamientos de la Iglesia, lo que molestó a varios prelados que insistieron en la necesidad de los contactos con dichos grupos. En medio del debate, el Ejecutivo optó por ponerle caducidad a los contactos: viernes 12 de febrero.

 
Ahora, vencido el plazo dado por el gobierno y con las reglas “aparentemente” claras con la Iglesia, ciudades como Medellín, azotadas por las acciones de estos nuevos grupos criminales, esperan resultados.