Domingo, 22 de enero de 2017

| 2009/01/23 00:00

Juicio a Plazas Vega seguirá en el limbo

La juez Stella Jara negó el traslado del caso del coronel Alfonso Plazas Vega, acusado por las desapariciones del Palacio de Justicia, a la Justicia Penal Militar. Víctimas temen que 23 años después el caso siga en la impunidad.

El 25 de julio del año pasado comenzó el juicio contra el coronel Alfonso Plazas, por su presunta participación en la desaparición de varios funcionarios del Palacio de Justicia durante la toma del M19. Foto: Foto: Mauricio Moreno/Cortesía El Tiempo

La juez Tercera Especializada de Bogotá, Stella Jara, negó el paso del caso del coronel retirado Alfonso Plazas Vega a la Justicia Penal Militar. Así afianzó la competencia de la justicia civil en el proceso del coronel que enfrenta un juicio por su presunta participación en las desapariciones de 11 personas en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En esta fecha miembros del M-19 se tomaron el edificio y en una operación militar conocida como la “retoma del Palacio” el Ejército lo recuperó a sangre y fuego.

La jueza argumentó que los delitos de secuestro agravado y desaparición forzosa, por los cuales fue acusado Plazas Vega, son de lesa humanidad, que son competencia de la jurisdicción ordinaria.

Ahora el Consejo Superior de la Judicatura deberá dirimir el conflicto de competencias, lo que podría dilatar el juicio a Plazas Vega otros seis meses más.

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia temen que al final sea la Justicia Penal Militar la que asuma el proceso contra el coronel, tras una petición que hizo el juez Primero de Instancia de Divisiones del Ejército, mayor retirado Mauricio Cujar Gutiérrez.

Cujar, esta semana, envió un pliego de más de 20 páginas solicitándole a la juez Jara, quien lleva el proceso de Plazas Vega, que deje el caso en manos de la Justicia Penal Militar. La justificación que hizo Cujar para su petición es que “las conductas que están siendo investigadas fueron originadas en una operación militar y sólo en la medida que se verifique la real ocurrencia de las conductas de desaparición o secuestro, es que la competencia puede designarse a la justicia ordinaria”, según dice el documento.

René Guarín, vocero de los familiares de los desaparecidos, dijo a Semana.com que “la petición que hizo el juez militar fue una maniobra tramposa, pues él de antemano desconoce que el día del ‘holocausto’ sí hubo desapariciones, lo que apunta a que el caso quede en la impunidad”.

En su solicitud, Cujar aduce que en los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, no hubo desaparecidos e invoca un informe de 1986 realizado por un Tribunal Especial, creado para esclarecer los hechos. Este informe dice que los desaparecidos de la cafetería probablemente fueron calcinados por el fuego, en el cuarto piso del Palacio.

No obstante, Guarín argumentó que el mismo informe sí reconoció que hubo una desaparición que fue la de la guerrillera Irma Franco. “El mayor Cujar en su solicitud a la juez está prejuzgando al decir que no hubo desapariciones. Pero el mismo informe dice lo contrario”, indicó Guarín.

El temor de las víctimas es que a pesar de que la juez se declaró competente para juzgar el caso de Plazas Vega, el caso termine de todas maneras en manos de los jueces  militares -que según ellas no son imparciales-, por decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Además el juicio podría dilatarse varios meses más.

“Con cara o con sello, perdemos los familiares de los desaparecidos, porque en seis meses sale de su cargo el Fiscal General Mario Iguarán quien ha sido el principal motor en este proceso. Sería muy frustrante que la justicia en Colombia no sea capaz de aclarar lo que pasó con nuestros familiares”, dijo Guarín.

En 1989 fueron absueltos por la Justicia Militar en el caso de la desaparición de la guerrillera Irma Franco, el entonces comandante Jesús Arias Cabrales y el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, con el argumento de que su comportamiento fue en debida obediencia.

Por vencimiento de términos, el 30 de Octubre del año pasado, la juez 51 Penal, Cristina Trejos Salazar dejó en libertad al coronel Edilberto Sánchez Rubiano y a 4 militares más, quienes habían sido detenidos por su presunta participación en los hechos del Palacio de Justicia. Ellos eran integrantes del B-2, que era una oficina de inteligencia, y Sánchez coordinó parte de las operaciones militares en la retoma del Palacio.

En caso de que la justicia colombiana ya sea la civil o la militar no esclarezca los hechos, es muy probable que las víctimas apelen a la Corte Penal Internacional como último recursos en su búsqueda de justicia. 

Lo que dijo Amnistía Internacional

La Ong, especializada en Derechos Humanos, Amnistía Internacional condenó la intención de la justicia militar de hacerse cargo de la investigación penal.

A través de un comunicado emitido este jueves, la Ong citó al investigador Marcelo Pollack quien dijo que "el sistema de justicia militar ha sido clave para garantizar que la impunidad sigue siendo una característica distintiva del largo conflicto interno que afecta a Colombia”.

“Los tribunales civiles no deben acceder bajo ninguna circunstancia a entregar la responsabilidad de este caso a sus homólogos militares”, agregó.

AI además recordó que “en 1997, la Corte Constitucional de Colombia resolvió que todos los casos en los que estuvieran implicadas las fuerzas de seguridad en abusos graves contra los derechos humanos debían ser investigados por el sistema de justicia civil”.

Las fosa sin cadáveres

Esta semana, tras el respectivo estudio topográfico y topométrico, la Fiscalía descartó que hubiera restos en una fosa al lado del Cementerio del Sur, en la que se creía podrían estar los cadáveres de los desaparecidos del Palacio.

Unas fotos publicadas por Semana, que fueron tomadas casi dos meses después de la toma del Palacio por dos reporteros holandeses, generaron expectativa sobre la posibilidad de que allí estuvieran los cadáveres de los desaparecidos. Sin embargo, después de los respectivos estudios la Fiscalía encontró que allí no habían cadáveres.
La defensa de Plazas Vega pidió la exhumación de la fosa, hecho que fue considerado por los familiares de las víctimas como parte de una estrategia para dilatar el juicio.
 
Según los familiares de las víctimas esta fosa ya había suido exhumada y los cadáveres reposan en el Instituto de Antropología Físicas de la Universidad Nacional y no corresponden con los desaparecidos de la toma del Palacio.



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