“La jurisdicción del Guaviare no era mía”: Uscátegui

El general Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 40 años de cárcel por haber permitido la actuación de los paramilitares durante la masacre de Mapiripán, Meta, dijo en la emisora La FM que no ha sido notificado de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

Uscátegui calificó de injusta la sentencia en su contra, que lo responsabiliza en los hechos ocurridos el 12 de julio del 97, cuando fueron asesinadas 49 personas y que se conoció este miércoles. Según dijo, el voluminoso expediente de su caso, que consta de más de 100 mil folios, contiene cincuenta pruebas que utilizará para defenderse ante la Corte Suprema de Justicia, en última instancia.

En el proceso, según reconoció, está comprobado que sí hubo una connivencia de las AUC y la Fuerza Pública durante la masacre de Mapiripán.

Está demostrado que la masacre fue planeada desde el Urabá antioqueño de donde se desplazaron paramilitares que aterrizaron la base de la Policía y después llegaron a Mapiripán por río. Por la responsabilidad del Estado, éste fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según Uscátegui, lo que no está comprobado es que había una connivencia entre él y las AUC. “Lo que dice la condena de la Corte Interamericana de derechos Humanos es que sí hubo una relación entre las AUC y personal de la Fuerzas Armadas. Pero la Corte no dice que Uscátegui estaba al mando de esas tropas”, dijo.

Uscátegui ya había sido absuelto de los delitos de homicidio agravado, secuestro y omisión de denuncia por un juez de Bogotá. El mismo juez lo condenó a 41 meses de cárcel por el delito de falsedad en documento, delito que ya purgó. Sin embargo, La Fiscalía decidió apelar la decisión y el nuevo fallo del Tribunal de Bogotá revocó la decisión del juez y lo condenó por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y falsedad en documento.

Según Uscátegui, la raíz de la masacre estuvo en Urabá, Antioquia, pero dijo que esas tropas no estaban adscritas a la 7a Brigada, donde él era el general. Allá estaba era la 17ª Brigada (que estuvo a mando del General Rito Alejo del Río).

En San José del Guaviare, donde aterrizaron los aviones que trasportaban los paramilitares, quedaba el Departamento de Policía Guaviare, la Brigada Móvil II –que estaba al mando del coronel Lino Hernando Sánchez quien murió mientras cumplía una condena de 40 años-, y el Batallón Joaquín París - al mando del coronel Hernán Orozco Castro quien fue condenado también a 40 años de cárcel y está prófugo de la justicia-. Todos involucrados en la masacre.

El fiscal que tenía a su cargo el caso, dijo, al conocer el primer fallo del juez de Bogotá, que Uscátegui y el coronel Hernán Orozco “tenían una responsabilidad de garantes, tenían el deber de proteger a la población”.

Según reiteró Uscátegui ninguna de esas tropas estaban bajo la dirección de la 7ª Brigada y por eso argumentó que él no era garante. Indicó que “ninguna autoridad le informó a la séptima Brigada”. Dijo que lo que había recibido era un informe del coronel Orozco, que estuvo orientado a ocultar lo que fraguaban las AUC y el Batallón Joaquín París y la Brigada Móvil II, y así desviar la atención para que la Brigada 7ª no pudiera reaccionar a la masacre.

Ese mismo informe fue falsificado por el propio Uscátegui, razón por la que fue condenado en el primer fallo de la justicia. Según el reciente fallo del Tribunal el informe original alertaba la presencia paramilitar pero no advertía la necesidad de reaccionar ante la posibilidad de una masacre.

En la entrevista ,Uscátegui dijo que las autoridades que estaban avisadas de la masacre no le notificaron. Mencionó que el juez de Mapiripán (quien está exiliado) “de su puño y letra, le informó al Tribunal Superior de Villavicencio, antes de la masacre, al CICR en Villavicencio, al Procurador delegado para los DDHH, antes de la masacre y ninguna de esas entidades le informó a la 7a Brigada”.

Los documentos que constan ese aviso, serán llevados por Uscátegui como parte de las pruebas que presentará ante la Corte Suprema de Justicia, durante el proceso de casación.

“Tal vez el único error mío fue estar convencido que todo lo que se estaba haciendo en el Guaviare estaba haciéndose bien. Pero a mí no se me puede sindicar que yo sabía los pasos de ellos por fuera de la Ley. Para uno cometer un delito de omisión, uno tiene que ser garante y esa jurisdicción no era mía”, dijo.

Los cuarenta años de condena a Uscátegui ha sido la condena más dura que haya recibido un general por los delitos cometidos. Este caso, seguramente será emblemático en Colombia y según lo que determine la Corte Suprema de Justicia sentará un precedente en los otros casos a militares de alto rango involucrados en crímenes de lesa humanidad.