| 2009/02/16 00:00

Libres presuntos falsificadores de medicamentos

Pese a que se declararon culpables, por un error de procedimiento quedaron en libertad los miembros de una banda acusada de vender medicinas adulteradas, poniendo en peligro la vida de miles de personas.

De espaldas la fiscal Janeth Rodríguez Pérez, el abogado de las víctimas Manuel Ayala y la delegada de la procuraduría. Foto: Tadeo Martínez-SEMANA

El jueves 12 de febrero una serie de operativos policiales dirigidos desde Bogotá tomaron por sorpresa a los habitantes de Barranquilla y Santa Marta en los preludios de la fiesta de Carnaval. Un centenar de agentes de la Dirección Judicial de la Policía Nacional (Dijin) desembarcaron en la ciudad con dos docenas de órdenes de capturas.

Realizaron 16 allanamientos, incautaron medicinas adulteradas y detuvieron a trece personas. Otras dos personas, entre ellas un reconocido médico especialista en cáncer y propietario y gerente de una clínica oncológica, no pudieron ser detenidos porque al momento de la captura presentaron problemas de salud que obligaron a su hospitalización.

La investigación contra las personas detenidas, contra quienes existían órdenes de captura expedidas por un juez de control de garantías, así como contra otras que pudieron evadir la acción policial porque no se encontraban en sus domicilios, se originó, según narró la fiscal, en unas denuncias de fuente anónima que informaba que en Barranquilla y Santa Marta existía una banda dedicada a la comercialización ilegal de medicamentos de alto costo, en particular para enfermedades catastróficas como el cáncer y el VIH-Sida. También fueron detenidas otras cuatro personas halladas en flagrancia en los inmuebles allanados.

La fiscalía interceptó conversaciones, realizó seguimientos e hizo vigilancia a los presuntos autores de estos delitos durante ocho meses hasta que finalmente consideró que tenía las pruebas para detenerlos. Y así lo hizo el jueves entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Los allanamientos, incautaciones de medicamentos y capturas se realizaron en Santa Marta, Medellín, Pasto y Tunja.

El viernes, en una audiencia que se prolongó durante trece horas, el juez, Alberto Oyaga Machado, legalizó los allanamientos, las incautaciones y las detenciones preventivas en contra de doce de los detenidos.

Sin embargo, pese a la evidencia y a que casi todos los acusados aceptaron los cargos, el juez decidió dejarlos en libertad, pues consideró que la fiscal se equivocó en la forma como presentó los hechos. Esa mimsa noche, los acusados regresaron a sus casas. como si nada.

El abogado Manuel Ayala, representante de tres laboratorios farmacéuticos cuyas marcas y patentes habrían sido alteradas por la banda, dijo que las evidencias expuestas por la fiscalía muestran que las personas detenidas se dedicaban a actividades que ponen en peligro a la comunidad y por ello era necesario imponerles medida de aseguramiento pues sus conductas constituyen un atentado contra la salud y la vida misma.

Ayala pidió al juez una actuación severa y preguntó de forma retórica si era necesario que hubiera un desenlace fatal para actuar ante delitos tan graves y peligrosos, pues medicamentos falsificados o mal almacenados, podrían provocar la muerte.

La delegada de la Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de la medida de aseguramiento pedida por la fiscalía diciendo que los imputados merecían un reproche del estado al poner en riesgo a la comunidad.

Sin embargo, de nada sirvió la petición del abogado, ni la acusación de la fiscalía, ni el llamado de la Procuraduría dada la gravedad explícita de los delitos que presuntamente cometieron.

Crónica de un exabrupto legal

La fiscal quinta delegada, Janeth Rodríguez Pérez, hizo una narración de los hechos que se investigaban, identificó a cada uno de los presuntos responsables e hizo un pormenorizado detalle de cada uno de los delitos que habrían cometido los detenidos. Los delitos incluyen: ilícita explotación comercial, usurpación de marcas y patentes, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias y estímulo al uso ilícito.

Por el menor de estos delitos, que es la ilícita explotación comercial de muestras médicas, la ley prevé de uno a cuatro años y multas entre veinte y doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes. La fiscal imputo a cada uno de los acusados un mínimo de tres delitos y un máximo de cinco, todos en concurso con concierto para delinquir, es decir, haberse congregado o asociado un grupo de personas con fines criminales, con lo cual cada uno recibirían entre 15 y 25 años de cárcel.

Los detenidos fueron Alí Jr. De Armas Acuña, Samir Amín De Armas Acuña, Félix de Jesús Lozano Licona, Alvaro Fernández Díaz, Karen Lorena Ramírez, Jaime Eduardo Gómez Martínez, Alfredo Rafael Niebles Pacheco, Javier Solano Rivera, Deivis Villero Cabana, contra quienes pesaban órdenes de captura y Dagoberto Manotas Barraza, Leonarda del Carmen Castillo, Pablo Niebles Pacheco y Kelly Johana Ballestas Escorcia capturados en flagrancia al ser encontrados en los sitios allanados.

El juez se abstuvo, sin embargo, de legalizar la detención contra el médico Leonardo Durán Sierra, gerente de la clínica Cemed, especializada en tratamientos oncológicos, y de la comercializadora de medicamentos KLEND-AL, quien sufrió un problema coronario agudo lo que obligó a su hospitalización en la Clínica del Norte. También se abstuvo de legalizar la detención de Milena Ramírez Correa quien se encuentra en octavo mes de embarazo y fue hospitalizada en una clínica en Santa Marta.

Una vez la fiscal terminaba las imputaciones conminó a los acusados a que aceptaran los cargos con la promesa de una rebaja de penas a la mitad de lo estipulado en el Código Penal . Los defensores y los detenidos aceptaron la comisión de algunos delitos y celebraron acuerdos con la fiscalía de aceptación de cargos con la condición que les excluyeran el de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias y les otorgara detención domiciliaria.

El juez por su parte advirtió a los acusados que la aceptación de cargos era irretractable y de manera inevitable llevaría a sentencia condenatoria. La fiscal manifestó que los delitos cometidos ponen en riesgo un bien jurídico como el de la seguridad pública, lesionando con su conducta bienes colectivos.

Aceptaron los cargos los hermanos Alí y Samir de Armas, Félix Lozano, Alvaro Díaz Fernández, Karen Lorena Ramírez, Jaime Eduardo Gómez, Deivis Villero Cabana y Milena Ramírez Correa.

No celebraron acuerdos con la fiscalía los hermanos Alfredo y Pablo Niebles y Javier Solano Rivera. Fue dejada en libertad, a petición de la fiscalía, Leonarda del Carmen Castillo, contra quien existía sólo acusación por un delito.

El bloque de abogados de defensa, 12 en total, reclamaron para sus defendidos la presunción de inocencia y expresaron que la relación de hechos expuestos por la fiscalía, sin presentar las pruebas no demostraba la responsabilidad de los acusados. Por ello pidieron la libertad, además, porque ninguno tenía antecedentes ni eran un peligro para la comunidad. También pidieron al juez que desestimara los cargos de concierto para delinquir, porque entre ellos no se conocían.

”El que hubiera podido terminar en la cárcel soy yo”: Juez
“Nos encontramos ante una conducta grave para la comunidad, estamos ante la comisión de un delito, pero en esta audiencia hay que entender los roles de los distintos actores, y el de la fiscalía es acusar y el juez es quien decide”, dijo el juez, después de anunciar que su fallo provocaría escozor.

Hizo un pormenorizado detalle de lo que dijo la fiscalía, los hechos y los delitos relacionados. El juez dijo que los acusados fueron sindicados de pluralidad de delitos y que constituían un peligro para la comunidad porque eventualmente la estarían contaminando con drogas adulteradas o vencidas. También que estaban usurpando derechos de propiedad intelectual. Que esas conductas podrían haber causado lesiones personales y hasta homicidio si se comprobaban, ante lo cual ya no se estaría ante corrupción y comercialización ilícita de medicamentos, sino ante delitos más graves como tentativa de homicidio, estafa y dolo.

La sala estaba atiborrada de familiares de los detenidos y de una treintena de agentes de la Dijin. El ambiente era tenso y de incertidumbre, porque ya los acusados habían aceptado los cargos y celebrado acuerdos con la fiscalía. Esperaban, como máximo, medida de aseguramiento con detención domiciliaria.

Pero el juez agregó, “los jueces estamos sometidos al imperio de la ley y de la constitución” y le reprochó a la fiscal el hecho de que en su petición no dijera por qué era necesaria la medida de aseguramiento ni por qué los acusados eran un peligro para la comunidad. Le dijo que no bastaba con narrar los hechos y le reprochó a la fiscal no haber hecho un análisis jurídico completo.

Por eso, a pesar de las evidencias encontradas en los allanamientos y de que nueve de las doce personas detenidas aceptaron los cargos que les imputaba la fiscalía, el juez de Control de Garantías de abstuvo de imponer medida de aseguramiento preventiva en cárcel porque la delegada de la Fiscalía General de la Nación formuló de manera antitécnica la medida de aseguramiento y el juez no puede enmendar los yerros de la fiscalía.

El juez reiteró en todo caso que los delitos son gravísimos a pesar de que se desconoce la gravedad del daño causado, pero que se tiene hipotéticamente una idea del daño que pueden causar medicinas de mala calidad. Dijo que si se comparaban los derechos de las víctimas y de los investigados, estos deberían quedar presos y que la medida solicitada por la fiscalía era la adecuada.

La fiscal, la procuradora, el abogado de las víctimas y el grupo de agentes de la dirección de la policía judicial que participaron en la investigación, seguimientos, allanamientos y detenciones, quedaron devastados por la decisión del juez.

Los doce detenidos abandonaron presurosamente la sala de audiencias a la medianoche del sábado, una vez que el juez dijo que quedaban en libertad y anulaba las órdenes de captura.

Sin embargo, quedan muchas preguntas, en especial si hubo aceptación de cargos de parte de nueve de los acusados, ¿por qué primó el formalismo sobre el derecho sustancial?

La explicación la da el mismo juez cuando dice que si desconoce la ritualidad del proceso, quien podría haber terminado en la cárcel hubiera sido él por prevaricador.

Este juicio apenas comienza y desde ya se presume que fiscalía, víctimas y pacientes no llegarán con las defensas bajas ante el riesgo que está corriendo la sociedad por la comisión de éste tipo de delitos. Según expertos, lo que ocurrió la semana pasada en Barranquilla, es apenas el comienzo de una batalla contra bandas sofisticadas que imitan, alteran, usurpan y comercializan medicamentos poniendo en riesgo la salud de miles de personas sin que existan de parte del estado los controles para evitarlo.

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