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| 5/11/2010 12:00:00 AM

Más de 1.600 desmovilizados colombianos han sido asesinados

En 2003 el gobierno del presidente Alvaro Uribe inició una negociación para desmantelar unidades paramilitares, acusadas de cientos de masacres y ataques, entre otros delitos.

El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, negó el martes que el proceso de reinserción sea un fracaso aunque se han registrado los asesinatos de al menos 1.622 desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla.

Además, Pearl destacó que el gobierno presentó a fines de abril al Congreso un proyecto de ley para extender el plazo que cobija a los desmovilizados con beneficios como cortas sentencias de prisión a cambio de la confesión de sus delitos y la entrega de bienes obtenidos de forma ilegal.

"¿Por qué es importante esta (nueva) ley? Queremos...cumplir la palabra de tener ese marco jurídico para quienes se acogieron en ese momento a ese proceso de paz bajo esas condiciones...(y) que los procesos de justicia y paz tengan una continuidad", señaló Pearl en una entrevista telefónica con la AP.

En 2003 el gobierno del presidente Alvaro Uribe inició una negociación para desmantelar unidades paramilitares, acusadas de cientos de masacres y ataques, entre otros delitos.

Desde el año siguiente, 2004 y hasta marzo último, la oficina del Comisionado da cuenta de los más de 1.622 asesinatos, aunque no especifica cuántos de ellos eran ex paramilitares y cuántos de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sin embargo, la cifra de homicidios entre esos desmovilizados ha ido creciendo paulatinamente año a año: en 2004 fueron 28, subió a 114 en 2005. Para el 2006 los asesinatos ya sumaban los 296, y al año siguiente 365. En 2008, los asesinatos de desmovilizados fueron 374 y el año pasado registró un caso más a 375, de acuerdo con datos suministrados por la oficina del Comisionado citando registros de la policía.

Además de los casos de asesinatos, hay muertes de desmovilizados por suicidio, accidentes, dados de baja por la fuerza pública y por causas naturales, en total 668 muertes, para un total de 2.290 desmovilizados, tanto paramilitares como rebeldes, según los datos oficiales.

Tales asesinatos se atribuyen a disputas entre bandas rivales de narcotraficantes, que han financiado tanto al paramilitarismo como a los rebeldes, así como a viejas riñas pendientes, dijo.

La desmovilización de paramilitares se realizó bajo una ley aprobada en 2005 y sólo abarcaba desmovilizaciones de unidades completas y no de individuos. Cualquier desmovilizado después de ese año, queda excluido de los beneficios de la ley: un máximo de ocho años en prisión a cambio de entregar sus bienes y confesar todos sus delitos, ayudando con ello a determinar, por ejemplo, el destino de personas dadas por desaparecidas, asesinatos, entre otros crímenes.

El proyecto de ley presentado en abril incluye que pueden tener esos mismos beneficios personas desmovilizadas posteriormente al año 2005 y hasta el día en que eventualmente se apruebe el proyecto, que Pearl espera sea lo más pronto posible. El gobierno Uribe culmina el próximo 7 de agosto.

Pearl también destacó que desde el 2003 y hasta ahora al menos 1.400 desmovilizados han pedido protección al Estado debido a amenazas y de ellos 382 han sido trasladados por el gobierno de una ciudad a otra, en distintas regiones del país, por considerar muy graves tales amenazas y como forma de evitar la muerte.

Por las cuentas oficiales desde el 2003 se han desmovilizado 35.000 paramilitares y 17.000 rebeldes, 15.000 de ellos de las FARC y el resto del ELN.

Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch han criticado el proceso de desmovilización paramilitar asegurando que el gobierno de Uribe no chequeó que cada desmovilizado lo fuera realmente ni les interrogó y que algunas de esas bandas entonces reclutaron a civiles para que se hicieran pasar por desmovilizados y así poder seguir delinquiendo.

HRW ha dicho, citando datos oficiales, que tras las desmovilizaciones han surgido al menos siete nuevos grupos narcoparamilitares que tendrían al menos 4.000 miembros con influencia o zonas de acción en 24 de los 32 departamentos colombianos.
 
AP.

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