Murió proyecto de Reforma a la Justicia

A través de un comunicado el propio presidente Álvaro Uribe informó este martes la decisión del gobierno de retirar del Congreso el proyecto de Reforma a la Justicia, que pretendía entre otras modificaciones a la Constitución, establecer la doble instancia para juzgar a los congresistas.

El gobierno y su bancada anunciaron que dedicarán “todos los esfuerzos en aprobar una ley de la República que garantice la descongestión de la Justicia para el 2010, que deberá incluir normas de la Conmoción Interior vigente y otras adicionales, con razonable apoyo presupuestal”.
 
A pesar de que el gobierno a última hora desistió de crear la doble instancia para surtir los procesos contra los congresistas, según informó el comunicado, en la Comisión Primera del Senado, varios parlamentarios insistieron en su impedimento para votar la reforma.
 
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, 10 de 19 congresistas reemplazan a personas investigadas por parapolítica, o que tienen investigaciones en su cotra.  Votar el proyecto les podía significar la pérdida de la investidura congresional.

Horas antes del anuncio del gobierno, la iniciativa fue duramente criticada en la Comisión Primera del Senado en donde delegados de las Altas Cortes presentaron sus posiciones frente a la iniciativa. Todos reiteraron que el proyecto de Ley era inoportuno e improvisado.

En otras ocasiones los presidentes de las instancias judiciales más altas ya habían expresado que este proyecto no abordaba los temas de fondo de la Justicia: garantizar su independencia, descongestionar los despachos judiciales y acercarla a la ciudadanía.

El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil, dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales que "los contenidos de esta reforma no son los propios de una reforma a la Justicia sino de una forma organicista". Se refería a que el proyecto contenía puntos que buscaban cambiar los mecanismos de elección de los magistrados y representantes de los organismos de control del Estado, pero dejaba de lado puntos más urgentes para mejorar el sistema judicial.

El punto más polémico que contenía la iniciativa era el de crear la doble instancia para juzgar a los congresistas. En la opinión de analistas, juristas y congresistas de la oposición aprobar esta reforma significaría quitarle facultades a la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que actualmente se surten los procesos de investigación y juzgamiento de los parlamentarios.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, dijo durante su intervención que la reforma podía afectar el proceso de la parapolítica e indicó que no es bueno para la democracia cambiar las reglas de juego cuando un proceso está por la mitad. "No entendemos cómo una reforma a la Justicia se dedica solamente a las reglas para juzgar a los aforados", dijo Arrubla.

“No puede ser atractivo para los connacionales ni para el mundo exterior. Lo que tiene que hacer una Nación es garantizar la independencia de los jueces y máximo cuando estos están adelantando un proceso que tiene plenas garantías. Entrar a modificar el procedimiento es absolutamente indeseable”, añadió el Vicepresidente de la Corte.

Aunque el proyecto decía que entraría a regir después de 2010, es decir para la otra legislatura, sí abría la posibilidad de que los congresistas actualmente investigados alegaran su derecho al debido proceso y por la vía de la tutela  cambiaran las reglas de juego a su favor. Esa posibilidad “podría llevar al traste todo lo que se está haciendo en el proceso de la parapolítica”, dijo Arrubla.

El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, sin embargo había defendido la iniciativa y había pedido a los congresistas que tuvieran en cuenta las opiniones de los magistrados de las Altas Cortes. “Me parece que no podemos perder esta gran oportunidad, porque hay una gran conciencia sobre lo que necesita la Justicia. Por eso, de aquí deben salir las reformas que todos anhelamos”, había dicho Cossio antes del anuncio del gobierno.

El partido Liberal en días pasados anunció que no discutiría este proyecto ni el de Reforma Política, hasta que el gobierno no dejara clara su posición frente a una nueva reelección presidencial. El Polo también decidió apartarse de la discusión de las reformas y del proyecto de referendo que permitiría a Uribe presentarse a las elecciones de 2010.

Algunos sectores de la oposición han argumentado que no discutirán las reformas con el actual Ministro del Interior. Para ellos el Ministro debe renunciar a su cargo, pues su hermano Guillermo Valencia Cossio está detenido por presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes mientras era director de Fiscalías de Medellín.

De la discusión al proyecto de reforma en la que participaron las Altas Cortes, se habían retirado los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Gustavo Petro, del Polo. Argumentaron que sus impedimentos –los dos son investigados por la Corte- no estaban resueltos y por lo tanto no debían participar de la discusión.

Además, otros 8 congresistas de la Comisión tenían motivos para no participar de la discusión por encontrarse en conflicto de intereses con la iniciativa. Ellos son; Javier Cáceres y Alfonso Valdivieso (de Cambio Radical), los conservadores Eduardo Enríquez, Roberto Gerlein y Carlina Rodríguez; Armando Benedetti, Jorge Visbal y Juan Carlos Vélez (de La U).