Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2010/05/06 00:00

"No podía saber si los subalternos perseguían fines criminales": Arias Cabrales

El general que comandó la retoma del Palacio de Justicia sugirió que si hubo desapariciones los responsables habría que buscarlos en Edilberto Sánchez Rubiano y Alfonso Plazas Vega, que tuvieron jurisdicción sobre los rehenes liberados.

En esta esquina se ubica la Casa del Florero, lugar a donde eran conducidos los rehenes rescatados tras la toma del M-19 al Palacio de Justicia. El general Arias Cabrales dice que no tuvo responsabilidad directa sobre los liberados. Foto: Archivo - SEMANA

Jesús Armando Arias Cabrales debía romper su silencio y defenderse de las acusaciones de la Fiscalía que lo señaló como coautor de la desaparición de once rehenes durante la retoma del Palacio de Justicia.

En el juicio, no se oyó la voz del general. Se excusó de hacerlo por problemas de salud. Pero a través de un vocero señaló los principales argumentos por los cuales se declaraba inocente de los cargos que le sindican.

En su defensa, Arias Cabrales rechazó el argumento de que, por ser el comandante de la Decimotercera Brigada del Ejército, en la época de los hechos (6 y 7 de noviembre de 1985), era responsable directo de los rehenes que eran recatados del Palacio de Justicia, tras la toma armada del M-19.

Y admitió que pudo haber procedimientos irregulares al reconocer que la Fiscalía ha demostrado que sí hubo personas desparecidas, pero aseguró que los responsables deben ser quienes sí tuvieron control directo del procedimiento adelantado con los civiles rescatados.

En ese sentido, el vocero que tenía el poder de la voz de Arias Cabrales señaló que los responsables deberían ser el comandante del B2 del Ejército, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien comandaba los procedimientos desplegados en la Casa del Florero y quien comandaba la Escuela de Caballería, y el coronel Alfonso Plazas Vega, si se admite la tesis de la Fiscalía de que a ese lugar fueron conducidos civiles y que podrían haber sido objeto de “vejámenes”.

“Las responsabilidades tienen que ser individuales -dijo el vocero de Arias-. El general sabía que había rehenes rescatados, que eran conducidos a la Casa del Florero, pero no podía saber qué hacían sus subalternos y si ellos perseguían otros fines criminales”.

Respecto de Sánchez Rubiano, y en general de quienes eran sus subalternos, el vocero de Arias Cabrales señaló que en operaciones para el reestablecimiento del orden público, como enmarcó el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, cada unidad táctica sabía de antemano las funciones que debía desplegar.

Y además, señaló que la única instrucción que impartió de forma directa al entonces comandante del B2 del Ejército, fue sugerir la Casa del Florero como su centro operativo para reseñar los antecedentes de quienes eran rescatados.

“Si hubo procedimientos irregulares, torturas, como lo señaló un testigo de la Fiscalía, en la Escuela de Caballería, esa responsabilidad era exclusiva del resorte del comandante de esa unidad, entonces el comandante debía reportarle al general Arias Cabrales, pero ese reporte no existe”.

Con esa intervención, el vocero de Arias señaló que la responsabilidad de determinados procedimientos con civiles eran competencia del coronel Plazas Vega. “El general no tuvo nada que ver, se presentaron desafueros en instancias inferiores, en otras unidades adscritas a la Decimotercera Brigada, pero por estar en la cúspide de una pirámide de mando, responder por lo que hicieron los demás, eso no se puede aceptar”.

El análisis de las comunicaciones

El vocero de Arias cuestionó la tesis de la Fiscalía en la que acogió como pruebas unas comunicaciones radiotelefónicas entre los militares que comandaron el operativo. Primero señaló que esas comunicaciones fueron “viles interceptaciones ilegales”. Segundo, que el lenguaje cifrado no corresponde con el sentido atribuido por la Fiscalía.

Al hacer referencia a la frase “si aparece la manga que no aparezca el chaleco”, el vocero del general en retiro advirtió que esa interpretación es simple y que se le dio el sentido de ser una orden para desaparecer personas, lo cual rechazó.

La cadena de mando

El otro argumento controvertido por Arias Cabrales fue la sindicación de la responsabilidad de los rehenes por el solo establecimiento de una cadena de mando entre los comandantes de las unidades.

Arias Cabrales recordó que por conducto regular, por escala jerárquica, su inmediato subalterno, el fallecido coronel Luis Carlos Sadovnick, entonces jefe del Estado mayor y subcomandante de la Decimotercera Brigada, fue absuelto por la Fiscalía pese a que en las comunicaciones era este oficial quien impartía las órdenes por los radioteléfonos.

Y que en la investigación en contra del general Rafael Samudio Molina, para la época Ministro de Defensa e inmediato superior de Arias Cabrales, este fue absuelto por la Fiscalía, cuando, según el vocero de Arias Cabrales, el oficial conocía las órdenes impartidas y, según las comunicaciones, hay “expresiones más comprometedoras”.

Con esa teoría, Arias Cabrales pretende que la juez desvirtúe el señalamiento de que, por haber sido el comandante de la Brigada encargada de la retoma, responda por las responsabilidades individuales.

La responsabilidad del testigo estrella

El general en retiro, a través de su vocero, también cuestionó al testigo estrella de la Fiscalía, el suboficial Édgar Villamizar, quien reveló las torturas de las que fueron objeto cinco rehenes del Palacio, en la Escuela de Caballería.

“Si este oficial, describió las torturas a civiles en la Escuela de Caballería e incluso señala que dos personas fueron asesinadas, quiere decir que ayudó a encubrir un delito y debe ser investigado por esa complicidad”, dijo el vocero de Arias Cabrales.

Esta fue la primera vez que el oficial de mayor rango, investigado por los hechos del Palacio de Justicia, defendía su inocencia. Sus argumentos serán analizados por la juez 51 penal de Bogotá, quien recibió la petición de la Fiscalía y la parte civil de condenar al oficial a la máxima pena y la petición de la Procuraduría de absolverlo.

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