Lunes, 23 de enero de 2017

| 2009/10/14 00:00

Nuevas capturas por masacres de pueblo Awá

Un civil acusado de la masacre de 12 indígenas el pasado agosto, y un teniente del Ejército involucrado en otra matanza en 2006, fueron detenidos por las autoridades.

Indígenas de la comunidad Awá. (Foto: Archio SEMANA)

Dos decisiones trascendentales relacionadas con dos masacres diferentes de indígenas awá fueron tomadas este miércoles. Primero, la captura de José Alfredo Palma Tupaz, presunto responsable de la muerte de 12 aborígenes de esta comunidad ocurrida el pasado 26 de agosto en el corregimiento de La Guacamaya en Tumaco, Nariño, en la que murieron siete menores de edad.

De acuerdo con la Dijín, tanto Palma como otros cuatro detenidos la semana pasada, pertenecen a la banda “Los cucarachos”, grupo sicarial al servicio de la columna móvil ‘Daniel Aldana’ de las Farc, responsables de hurto, homicidio, extorsión, rebelión, entre otros, contra residentes de dicho corregimiento.

La investigaciones, hasta el momento, dicen que los homicidas ingresaron a la vivienda en la cual residían las víctimas, preguntaron por la ubicación de tres millones de pesos y al no recibir respuesta, dispararon de manera indiscriminada sobre cada uno de los que habitaban el lugar.

Palma y los otros detenidos están señalados de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en modalidad de tentativa y lesiones personales agravadas.

Entre tanto, la Fiscalía capturó y le dictó medida de aseguramiento al teniente del Ejército Nacional Alberto Williams Echeverry, por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco miembros de la comunidad Awá, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, luego de un supuesto combate con las tropas.

Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2006 en zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño, donde fueron reportadas como muertos en combate Blanca Adelaida Ortiz, Marleni Pai Burbano, Segundo Jairo Ortiz Taicus, Juan Donaldo Moran y Jesús Mauricio Ortiz.

La determinación judicial fue adoptada por un fiscal de Derechos Humanos, que sindicó al oficial como posible coautor del delito de homicidio en persona protegida. En este proceso también está vinculado el sargento viceprimero Alexánder Guerrero Castellanos.

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