Por posibles falsos positivos, pliego de cargos a siete militares

El 8 de mayo de 2004, durante una operación que el Ejército denominó Eficacia 1, unos militares del grupo contraguerrilla Apocalipsis del Batallón Tarquí, en Boyacá, se metió a una de las casas del municipio Labranzagrande con el argumento de que había allí miembros de una organización ilegal armada.

El comando estaba al mando del subteniente Fredy Duarte Zapata, quien dio la orden de ingresar abruptamente en la casa de Alejandro Verdugo Corredor, un campesino de la de la vereda Cuaza. Al parecer, los uniformados dispararon indiscriminadamente y dieron muerte a siete personas que se encontraban en el lugar, entre ellas María Anaire Niño Vargas, Elizabeth Verdugo Niño, Elvia Colmenares y Miguel Guatibonza, todos campesinos del sector. Además murieron tres personas que no fueron identificadas, pero que pertenecían a un grupo ilegal armado, según las autoridades.

“Por incurrir en grave violación al Derecho Internacional Humanitario la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales del Ejército Nacional”, señaló un comunicado de la Procuraduría General, quien sancionó disciplinariamente a los militares al mando de Duarte.

Los militares afectados con la medida son el subteniente Duarte, el sargento viceprimero Jaime Orlando Piragua Millán, y los soldados profesionales Nelson Eduardo Ayala Bautista, Melkiz Loaiza Loaiza, Omel Rangel Santamaría, Jorge Arturo Zambrano y Fabio Nelson Vargas Alarcón. Todos señalados del homicidio de estas siete personas.

Según las investigaciones, las versiones de los militares fueron contradictorias. “En el informe de patrullaje, se indica que se llegó al objetivo sin ser detectados y de ese modo ‘se pudo dar sorpresa al enemigo y a los postas o centinelas que custodiaban la parte baja, al momento del golpe de mano’, mientras que los testimonios de los uniformados refieren un combate que dio como resultado la muerte de estas personas”, señala el ministerio Público.

Además, según los testigos que se encontraban en la casa, no hubo combate entre un bando y otro, sino que los militares irrumpieron en el lugar y se hizo “cuando las cuatro personas civiles y las otras tres, integrantes de un grupo al margen de la Ley, estaban en total estado de indefensión”.

Señala la Procuraduría que “tanto los campesinos como las personas referidas como guerrilleros, en el momento de los hechos no estaban participando de hostilidades y se encontraban en estado de indefensión, por tanto todos ellos tenían la condición de ‘persona protegida’ por las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Por eso hay dudas de que lo que se presentó fue un combate, razón por la cual la Procuraduría encontró mérito suficiente para elevar pliego de cargos en contra de los militares.