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| 5/2/2009 12:00:00 AM

Procuraduría abrió pliego de cargos contra ex gobernador y funcionarios de la Gobernación del Meta

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ex gobernador del Meta, Juan Manuel González Torres, el ex gobernador encargado Adán Ramírez Duarte, y 4 ex funcionarios que ejercieron cargos públicos en la entidad territorial durante los años 2006 y 2007.

Ellos deben explicar supuestas irregularidades en la inversión de dineros públicos para financiar negocios particulares, hecho que puso en riesgo aquellos recursos del Estado.
La Procuraduría consideró que tres ex tesoreros del departamento pudieron participar en la decisión de invertir dineros del departamento en diferentes patrimonios autónomos.

Los dineros invertidos por aquellos funcionarios eran excedentes de los recursos invertidos en aquel departamento. De esa plata, en su condición de Tesoreros, Álvaro de Jesús Niño Morales, entre noviembre de 2006 y abril de 2007, invirtió cerca de 74 mil millones de pesos, en 6 patrimonios autónomos distintos; Esperanza Aya Baquero, entre mayo y agosto de 2007, 30 mil millones en 3, y Germán Gutiérrez Gutiérrez, entre agosto de 2007 y enero de 2008, 76 mil millones de pesos en 5 patrimonios autónomos distintos.
 
La medida se extiende al entonces secretario Financiero y Administrativo del departamento Néstor Samuel Gutiérrez Gutiérrez.

Por su parte, el ex gobernador encargado Adán Ramírez Duarte, deberá aclarar su participación en la inversión de recursos por 31 mil millones de pesos, entre el 18 de mayo y el 29 de junio de 2006 en distintitos patrimonios autónomos, mientras que el ex gobernador Juan Manuel González Torres, entre el 4 de julio de 2006 y el 31 de diciembre de 2007, por cuanto pudo evitar la inversión de dineros en suma cercana a los 142 mil millones de pesos.

Finalmente, el órgano de control formuló también cargos a Laura María Cifuentes Muñoz y María Fernanda Zúñiga Chaux, en su condición de ex presidentas de Fiduagraria S.A., puesto que al parecer omitieron el deber de adoptar las medidas tendientes a verificar la procedencia de los recursos invertidos en los patrimonios autónomos, para evitar que los negocios fiduciarios fueran utilizados como medio para la realización de estas operaciones financieras no permitidas.
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