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| 4/15/2009 12:00:00 AM

Procuraduría destituye a 13 militares que mataron a un campesino

Procuraduría destituye a 13 militares que mataron a un campesino Procuraduría destituye a 13 militares que mataron a un campesino
Por asesinar a Diosides Caicedo Palomar, la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 20 años a 13 militares que en 2004 estaban adscritos al Batallón de Contraguerrillas número 28 del Ejército, que opera en Huila.

Los Disciplinados son el sargento segundo Diego Arturo Mondragón Cortes, el Cabo Primero Richar Hernán Espinosa Daza, y los Soldados: Profesionales Yair Andrés Mesa Ossa, Yovann Erneldis Gonzalez Arias, Jorge Alexander Arias Flórez, Wilinton Oliveros Yepes, John Jawin Caicedo Sánchez, Dinael Antonio Sierra Franco, Héctor Alonso Londoño Ortiz, Fernando Vargas Chavarro, Luís Leisy Delbasto Arias, Marco Aurelio Millán Duran y Angel Vicente Clavijo Martinez.

El 31 de enero de 2004, ellos mataron Diosides en la inspección Valencia de la Paz, del municipio Iquirá en Huila.

La Procuraduría encontró que la víctima había sido detenida, fue muerta en estado de indefensión y luego fue reportada como muerta en combate.

“No fue cierto el argumento presentado como defensa por los disciplinados, en el que afirmaban que la muerte del señor Caicedo se había dado producto de un combate, y que por el contrario, se originó en una ejecución sumaria o extrajucial, esto es, un homicidio en persona protegida perpetrado por los miembros de la fuerza pública, quienes adicionalmente trataron de desviar las investigaciones con montajes en la escena del crimen y con testigos falsos, siendo en consecuencia, plenamente concientes de la gravedad de sus actos”, definió la Procuraduría.

“El actuar de los militares no sólo contravino la dignidad humana y la vida del mencionado ciudadano, sino la función asignada legalmente a las Fuerzas Militares, cual es la de garantizar y proteger la vida de todo ser humano, independiente de sus condiciones. Conductas como las desplegadas por los militares antes relacionados, degradan la imagen de la institución y del Estado, llevan a una perdida de credibilidad por parte de los ciudadanos hacia las instituciones que constitucionalmente les corresponde velar por la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio colombiano.” concluyó el organismo.

La decisión es de primera instancia y contra ella procede el recurso de apelación.

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