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| 8/31/2009 12:00:00 AM

Procuraduría pidió investigar al Magistrado Escobar Araújo por tráfico de influencias

El Ministerio Público suspendió a tres funcionarios del Consejo de Estado y a uno de la Procuraduría por su presunta participación en una red de tráfico de influencias.

Las investigaciones por el presunto tráfico de influencias en el Consejo de Estado comenzaron a dar resultados.
 
El Ministerio Público suspendió, por su participación en un presunto tráfico de influencias, a los magistrados auxiliares de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Carlos Arturo Fernández y Mayfren Padilla Téllez; al escribiente, Samuel Casas Rojas de la Sección Primera mismo tribunal; y a la procuradora delegada Esmeralda Muñoz CollazosEl Procurador Alejandro Ordoñez pidió este lunes a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al magistrado José Alfredo Escobar Araújo del Consejo Superior de la Judicatura, por su presunta participación en una red de tráfico influencias.

Además, la Procuraduría pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al magistrado José Alfredo Escobar Araújo del Consejo Superior de la Judicatura por su posible responsabilidad en los mismos hechos; y abrió investigación preliminar al secretario de la sección quinta del Consejo de Estado, Virgilio Almanza Ocampo.

Los funcionarios, al parecer estaban influyendo en importantes decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Las denuncias por el tráfico de influencias en esta Sala prendieron las alarmas luego de que se conocieran unas grabaciones, en las que se infiere que el ex consejero de Estado, Juan Ángel Palacio –hoy aspirante a la Fiscalía- se prestaba para hacer favores a particulares cuando hacía parte del Alto Tribunal. Sin embargo, la investigación fue archivadas por falta de pruebas.

El Ministerio Público además envió la respectiva copia a la Fiscalía para que investigue a los funcionarios mencionados son por su presunta responsabilidad en los delitos de “concierto para delinquir en concurso con lavado de activos, fraude procesal, concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros”.



 
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