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| 1/30/2009 12:00:00 AM

¿Quién juzgará al ex representante Almario?

Por el fallo de un tribunal que reversó una decisión de la Corte Suprema, Luis Fernando Almario, acusado por complicidad en una masacre, podría ser juzgado en Caquetá, su feudo político. La Corte impugnó la decisión y el caso podría llegar a la Constitucional.

Un fallo de una tutela a favor del representante a la Cámara Luis Fernando Almario, procesado de presunta Farcpolítica y complicidad en una masacre, podría dejar su caso en manos de un juzgado de Florencia, la tierra donde ha tenido su feudo político y electoral por muchos años.
 
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca le dio la razón al político del Caquetá, para negar el traslado de su juicio a la ciudad de Bogotá. SEMANA tuvo acceso al fallo judicial que fue emitido la semana pasada. En este, el tribunal argumentó que no “hay razones suficientes” para efectuar el juicio en Bogotá y que por lo tanto se le vulneró su derecho al debido proceso.

El ex representante Almario está detenido por su presunta responsabilidad intelectual en la masacre de dos miembros de la familia Turbay Cote, de tradición política liberal, y otras cinco personas, el 29 de diciembre de 2000. Ese día las personas asesinadas viajaban de Florencia a Puerto Rico para asistir a una manifestación política, cuando guerrilleros de las Farc, de la columna Teófilo Forero, detuvieron los autos en los que viajaban y asesinaron a sus ocupantes. Otro integrante de la familia, Rodrigo Turbay Cote, fue secuestrado en Caquetá en 1995 y posteriormente asesinado por las Farc.

El ex congresista Almario fue capturado el pasado 25 de febrero, luego de que el fiscal quinto delegado ante la Corte decidiera llamarlo a juicio. El congresista caqueteño interpuso un recurso de hábeas corpus que le fue negado por la Corte Suprema. Almario renunció a su fuero como congresista y su caso pasó a la justicia ordinaria.

El mismo fiscal quinto delegado pidió a la Corte que el caso fuera juzgado en Bogotá al considerar que en Florencia, el juez no contaba con las garantías suficientes para llevar a cabo el juicio, y la Sala Penal de la Corte le dio la razón. La Corte argumentó que hay circunstancias que “eventualmente amenazarían la independencia del Juez”. Uno de los argumentos que consideró la Corte es que en el Caquetá las Farc cuentan con el favorecimiento de líderes locales y parte de ese favorecimiento se ha recompensado eliminando a sus contradictores.

Fue por esta razón que Almario decidió entablar una tutela alegando que el Alto Tribunal le estaba violando su derecho al debido proceso y acudió al Consejo Seccional de la Judicatura para hacer la demanda. Este tribunal falló a su favor. El fallo judicial fue el resultado de una ponencia hecha por el magistrado Germán Londoño.

Alrededor de la sentencia del tribunal quedan varias preguntas. Por ejemplo, no se explica cómo después de que un alto tribunal se pronuncia sobre un hecho tan delicado como es la competencia de un juzgado, una sentencia de un tribunal menor puede contradecir su decisión.

La seguridad alrededor de la investigación ha sido una de las talanqueras para el avance de la investigación. La masacre de los Turbay Cote empezó a ser investigada por el Fiscal Leonardo Cabana, quien tuvo muchos impedimentos para avanzar. Por ejemplo, siete taxistas que atestiguaron los hechos fueron asesinados a los pocos días de la masacre y otras personas que sabían del caso también fueron desplazadas con amenazas. En total han muerto o desaparecido 57 personas relacionadas con el caso, lo que ha impedido esclarecer el crimen. Por esta razón no es un argumento menor, la consideración que tuvo la Sala Penal de la Corte Suprema para el traslado del caso a Bogotá

El magistrado Londoño le dijo a SEMANA que “la Corte no podía escoger el juez de Almario, sino que era el que le correspondía por Ley y eso es en Caquetá porque los hechos sucedieron allí. Es lo que dice la Ley”, reiteró. Sin embargo, la Ley prevé el traslado de la radicación de un juzgado precisamente por razones de seguridad.

Por esta razón la revista le preguntó si al desconocer los problemas de orden público que rodean la investigación no era poner en riesgo a los posibles testigos. Londoño contestó: “el Estado está en la obligación de brindar esa seguridad en cualquier parte del territorio, ese no es mi problema. Yo fallé según la Ley”.

El magistrado Londoño fue miembro del equipo de asesores del representante a la Cámara Óscar Arboleda, cuando este era presidente de esa corporación. Arboleda es del partido Alas Equipo Colombia, el mismo partido que recibió a Almario en sus filas cuando se extinguió el Movimiento de Participación Popular, por el cual salió elegido.

A la pregunta por si haber sido asesor de un copartidario de Almario no le generaba una inhabilidad para asumir la tutela, Londoño contestó que no. “Si la tutela la hubiera instaurado el representante Arboleda si tendría inhabilidad. Además, aunque pertenecí a su unidad legislativa, yo no milito en Alas Equipo Colombia”, dijo el magistrado a SEMANA..

Una debilidad del trámite del fallo es que las partes, Fiscalía y parte civil, no fueron notificadas de que Almario había puesto una tutela para impedir que su caso fuera juzgado en Bogotá, como lo exige la ley. El fiscal, en entrevista con Semana.com, dijo “dejar ese juicio en una región donde hay orden público complicado es perturbar el desarrollo del proceso”.

En ese mismo sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema interpuso esta semana un recurso de impugnación que busca reversar la decisión del magistrado Londoño. “De esa manera expresamos nuestra inconformidad con la decisión del Consejo Seccional”, dijo el magistrado Julio Socha, presidente de la Sala. Queda en manos del Consejo Superior de la Judicatura, como segunda instancia, dirimir si el juicio de Almario será en Florencia o en Bogotá.

En caso de que el Consejo Superior de la judicatura ratifique la sentencia, y si la Fiscalía deja en firme la decisión de acusarlo, su caso pasará a Florencia. El temor de la Corte Suprema, además de los problemas de seguridad, es que el juez que allí lleve el caso tenga la suficiente independencia.

En el corto plazo, y si el caso fuese trasladado allí y la Corte Constitucional no lo escoge para revisarlo o se demora en hacerlo, el juez caqueteño tendría las facultades para dejar al congresista en libertad, lo que sería muy grave, dada la investidura del parlamentario y la gravedad de las acusaciones.

En el Juzgado penal del Circuito especializado de Florencia hay un juez de manera provisional y está por nombrarse el titular.
 
El juez anterior era Alcibiades Vargas Bautista, quien fue promovido a magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio hace unas semanas. Vargas fue célebre por un polémico fallo con el que favoreció en 2006 al médico Gerson Almario Rojas, un hermano de Luis Fernando, acusado de homicidio por una golpiza que le dio a un niño vendedor ambulante. El juez Vargas Bautista reconoció que el muchacho murió por los golpes que le dio, pero advirtió que, “en términos jurídicos, no había nexo de causalidad y por lo tanto no podía procesar a Almario por homicidio”, según indicó el diario El Tiempo en ese momento.

“El juzgado consideró que no era claro que la muerte hubiese sido provocada sólo por la golpiza sino porque el muchacho estaba enfermo, tenía meningitis”, explicó Vargas al diario.

No es la primera vez que Almario se ve asociado en pleitos de la justicia por la que probabilidad de vínculos con actos ilegales. En 1995 fue investigado por la Fiscalía dentro del proceso 8.000 por presuntamente haber recibido dineros del Cartel de Cali en la campaña política. En ese entonces el representante también renunció a su investidura de congresista y el caso pasó a un juzgado regional en Bogotá el cual lo absolvió. Almario argumentó entonces que era víctima de un montaje de la mafia por haber sido ponente de la Ley de Extinción de Dominio.

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