Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2010/05/18 00:00

Reabren caso de lesa humanidad a ex general Nacin Yanine Díaz

La medida alcanza también a los mayores Ernesto Condia Garzón y Jorge Alipio Vanegas, los capitanes Luis Ángel Perdomo, Jairo Otálora Durán y Miguel Rodrigo Torrado y los sargentos José Alirio Velásquez, Jorge Enrique Ortiz y Josué Rafael Lobos.

Reabren caso de lesa humanidad a ex general Nacin Yanine Díaz

La Corte Suprema de Justicia determinó reabrir la investigación por delitos de lesa humanidad contra el ex general de la Policía Nacin Yanine Díaz y otros 17 agentes por su presunta responsabilidad en la desaparición de trece civiles en 1982, caso que fue archivado años después.

Pese a que en marzo de 1987 y tras investigar los hechos, el Inspector General de la Policía Nacional determinó el sobreseimiento definitivo del caso a favor de los agentes, decisión que fue ratificada en julio por el Tribunal Superior de Justicia, el auto emitido por la Sala Penal de la Corte, al que hoy tuvo acceso Efe, determina la revisión del caso.

Además del ex general Yanine Díaz, la medida alcanza también a los mayores Ernesto Condia Garzón y Jorge Alipio Vanegas, los capitanes Luis Ángel Perdomo, Jairo Otálora Durán y Miguel Rodrigo Torrado y los sargentos José Alirio Velásquez, Jorge Enrique Ortiz y Josué Rafael Lobos.

También a los agentes Jaime Helí Colmenares, Pedro Jesús Ramírez, Luis Eduardo Aguirre, Benedicto Lara, Adrian Villamizar Jaimes, Henry Espitia Díaz, Luis Ernesto Suárez, José David Quezada y Jorge Eliécer Barbosa.

Los hechos ocurrieron en 1982, cuando supuestamente el narcotraficante José Jader Álvarez contrató a dichos policías para que asesinaran a los captores de sus hijos, que aparentemente habían sido secuestrados un año antes por miembros de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), según explicó hoy el diario El Espectador.

A lo largo de ese año se produjo la desaparición forzada de trece personas, entre ellas 11 estudiantes universitarios, un obrero y un vigilante, por su supuesta participación en el rapto de los niños.

Según detalló el mismo diario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 1991, acusó al Gobierno colombiano de no respetar y garantizar los derechos de los desaparecidos a la vida, la integridad personal, la libertad y la protección judicial, y recomendó reabrir las investigaciones, al considerar que se trató de un “grave error judicial”.

Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitará a la CIDH una copia de dicho informe, en el que se detalla el procedimiento que siguió el Gobierno colombiano al investigar el caso.
 
EFE.

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