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| 6/3/2009 12:00:00 AM

Se eleva a 54 el número de militares presos por falsos positivos en Soacha

BOGOTA (AP) — Luego de una maratónica sesión, que comenzó el martes temprano y se extendió hasta la medianoche, un juez ordenó la detención de 17 militares del ejército, incluyendo un coronel retirado, por la muerte en marzo del 2008 de un joven de un grupo de hombres ejecutados extrajudicialmente.

La muerte de Julián Oviedo Monroy, de 19 años, fue tratada en esta audiencia como parte del proceso que se viene realizando en torno a las ejecuciones de los 11 hombres, quienes fueron reportados como rebeldes muertos en combate, sin que lo fueran.

Tanto acusadores como acusados mantuvieron sus posiciones al ser consultados por la AP en intervalos de la audiencia: la Fiscalía sostiene que los militares, con engaños como ofrecimientos de trabajo, hicieron que los 11 hombres --entre quienes no había relación-- salieran a inicios del 2008 de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá.

Luego los mataron en una región del noreste colombiano haciéndolos pasar por rebeldes, paramilitares o traficantes de drogas caídos en combate.

Los militares, sin embargo, proclaman su inocencia.

En un acto es una escuela militar al norte de Bogotá, el presidente Alvaro Uribe dijo en un discurso frente al alto mando que una ejecución extrajudicial "que tenga soporte nosotros lo tenemos que sancionar con toda la dureza".

Pero ratificó que algunas denuncias de nuevos casos de ejecuciones podrían ser "falsas" y que eso también debía ser combatido por los mandos castrenses.

"Así como nosotros hemos tenido toda la determinación de sancionar la acusación que tiene sustento, tenemos que demostrar toda la beligerancia para denunciar la acusación falsa", dijo el mandatario sin detallar a cuáles falsas acusaciones se refería o por parte de quién.

Con la decisión del martes del Nelson Gutiérrez el total de oficiales y suboficiales acusados y presos por las ejecuciones de los 11 hombres se elevó a 54.

"Por mi parte, creo que ya estamos terminando" la investigación, manifestó la fiscal María Cecilia Jaimes, quien encabeza la indagación.

Para cerrar su trabajo a Jaimes sólo le falta una audiencia de formulación de cargos contra otros siete militares.

"Sólo le puedo decir que soy inocente", dijo el coronel retirado Alvaro Tamayo, uno de los 17 detenidos tras la audiencia.

La Fiscalía formuló al grupo de militares cargos por delitos como falsedad en documento público, concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada agravada.

Durante la audiencia, la fiscal Jaimes narró ante el juez Gutiérrez que Tamayo les pedía a sus subalternos dinero, en un monto que no precisó, para pagar el transporte y el alojamiento de los hombres que, engañados con promesas de inexistentes trabajos, eran trasladados desde Soacha hasta el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander y a unos 380 kilómetros al noreste de Bogotá.

Una vez llegados a Ocaña, en diferentes fechas, los hombres fueron asesinados.

Como 'pago' por los asesinatos, explicó Jaimes en la audiencia, Tamayo les daba a sus subordinados días de descanso, lo que fue negado por el oficial retirado.

"La Fiscalía no tiene pruebas de eso", dijo Tamayo.

La denuncia de los asesinatos de los hombres de Soacha, surgida en medios locales a fines del 2008, desembocó en uno de los mayores escándalos de las fuerzas armadas colombianas: el reclutamiento forzado de civiles y su posterior asesinato para presentarlos como "bajas" de enfrentamientos y así mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados irregulares, según la Fiscalía.

El escándalo llevó a que el gobierno de Uribe destituyera en octubre a más de una veintena de militares, entre ellos a Tamayo y a tres generales del ejército.
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