Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2008/10/02 00:00

Sombra de duda en la tutela a favor del Ministro Palacio

La legitimidad del fallo del Consejo Superior de la Judicatura que obliga a la Corte Suprema a borrar de su sentencia contra Yidis Medina la alusión al ministro Palacio, queda en entredicho, debido a que el gobierno tuvo injerencia en el nombramiento de casi todos los magistrados que tomaron la decisión favorable al Ejecutivo.

Ministro de Protección Social, Diego Palacio

Por cuenta de una tutela fallada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a favor del Ministro de Protección Social, Diego Palacio, la sentencia que condenó a Yidis Medina a tres años y medio de cárcel, volvió a ser noticia. La Sala Disciplinaria ordenó que se elimine la mención al Ministro en la sentencia, al considerar que se violó su debido proceso, y sus derechos a la defensa y al buen nombre.

Según la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Penal de la Corte Suprema dio como un hecho probado que altos funcionaros del gobierno dieron prebendas a Yidis Medina a cambio de su voto favorable al proyecto que permitió reelegir al presidente Álvaro Uribe. Los magistrados del organismo argumentaron que así se da por sentado la culpabilidad de Palacio, lo que predispone a los jueces en su contra en el proceso de investigación por presuntamente haber incurrido en el delito de cohecho.

Así, quedarán sin valor jurídico textos de la sentencia de la Corte como este que dice que el ministro Palacio “le ofreció (a Yidis Medina) participación en instituciones a su cargo en el Magdalena Medio, concretamente en Barrancabermeja; o el que dice que “las circunstancias de factum y de juris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder”.

El ministro Palacio alegó, entre otras cosas, que la Sala Penal de a Corte no lo llamó a dar su versión en el proceso en el que Yidis se acogió a sentencia anticipada, es decir, cuando la ex congresista aceptó su culpabilidad haber recibido dádivas a cambio de votar a favor del proyecto de reelección presidencial. Y por tanto se violó su derecho al debido proceso.

Para instaurar la tutela, que en primera instancia, en la Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, fue declarada improcedente, Palacio también adujo que la sentencia contra Yidis hizo imputaciones en su contra relacionadas con sus funciones y que por tanto se le violó el derecho de presunción de inocencia.

El Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón al Ministro. Argumentó que el hecho de que Medina se hubiera acogido a sentencia anticipada no implica necesariamente la culpabilidad de la otra persona (en el delito de cohecho participan mínimo dos personas), que al no acogerse a esta figura sigue gozando de la presunción de inocencia hasta que no haya fallo en su caso.

El fallo de la tutela a favor del Ministro vuelve a plantear la discusión sobre si es conveniente que la justicia permita la instauración de una tutela contra una sentencia proferida por un alto tribunal judicial. Hay quienes argumentan que las decisiones de las altas cortes no deberían ser revisadas. Sin embargo, la Corte Constitucional a través de un fallo dijo que sí es procedente la tutela contra sentencias y estableció en qué circunstancias.

Pero más allá de la discusión institucional de cuáles tribunales tienen competencia para revisar las sentencias de otro, asunto que en repetidas ocasiones ha generado choques, hay un argumento más importante que pone en entredicho la revisión de la sentencia contra Yidis Medina: la mayoría de los integrantes de la Sala Disciplinaria del CSJ es cuota del Ejecutivo o de sus aliados políticos. (Ver artículo Uribe consigue control del órgano que vigila y sanciona a los jueces).

De los siete magistrados que componen la Sala Disciplinaria del CSJ, cinco han sido nombrados por ternas propuestas por el Ejecutivo. “Ese fallo no es legítimo, pues la sala está compuesta por gente que ha sido nombrada por este gobierno, lo cual le resta credibilidad a su imparcialidad”, dijo a Semana.com Camilo Castillo investigador del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (De JuSticia).

Al haber sido reelegido, el primer mandatario pudo quedarse el suficiente tiempo para terminar nombrando a casi todos los magistrados de esta Sala. El hecho de que el Ejecutivo tenga bajo su órbita de poder a este importante órgano de la Rama Judicial es visto por los analistas como una fractura del equilibrio de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, necesario para el buen funcionamiento de la Democracia. La Rama Judicial se convirtió en este caso, en una rama del frondoso árbol del gobierno.

Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al uribismo ya se había visto en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, que impedía que éste fuera extraditado. Argumentó que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".

Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y ésta revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fuera tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.

“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.

Antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados de esta Sala Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la Sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.

Es decir, todos los magistrados de esta Sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, serán personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.

Por estas razones de ahora en adelante, a las decisiones de la sala disciplinaria del CSJ, que argumentó que su actuación con la tutela del Ministro fue “en derecho” y no política, no le van a faltar las críticas. El manto de duda obra en este caso también contra el ministro Palacio, pues si la decisión de proteger su nombre la hubieran tomado unos magistrados independientes, nadie la cuestionaría. Pero como son cuotas del Ejecutivo, no se sabe por qué la tomaron.



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