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| 5/15/2009 12:00:00 AM

Un anónimo frena solución del largo proceso contra ex rector de Unimagdalena

Cuando estaba a punto de resolverse, el largo pleito judicial del ex directivo de esa universidad pública, Carlos Caicedo quien se había lucido en su gestión pero luego fue condenado por peculado, se volvió a enredar.

En los últimos 18 meses, el proceso que se sigue por el presunto delito de peculado por apropiación a favor de terceros contra el ex rector de la Universidad del Magdalena entró y salió en nueve ocasiones de los despachos de los magistrados que conforman la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial con proyecto de sentencia, al parecer, discutida y aceptada por dos magistrados y tan sólo pendiente de aprobación el borrador de fallo de parte de uno de los miembros de la sala.
 
Pero un anónimo enviado a los honorables magistrados el pasado tres de abril, que afirma que el ex rector habría ofrecido 600 millones de pesos al magistrado ponente, Carlos Milton Fonseca Lidueña, y éste a su vez habría ofrecido a cada uno de sus colegas de la sala 200 millones de pesos para que acogieran un proyecto de sentencia favorable a Carlos Caicedo, lo mantiene en suspenso. Los magistrados solicitaron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cambiar el proceso de lugar.
 
Carlos Caicedo fue condenado en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta, que lo encontró responsable del delito de peculado por apropiación a favor de terceros.

Es preciso recordar que el proceso contra el ex rector se originó porque reconoció a un grupo de 47 docentes y empleados de la institución educativa, después de un largo proceso de negociación, los pagos por concepto de cesantías e intereses de cesantías que la universidad les adeudaba de varias vigencias. Inicialmente los quejosos reclamaban 17 mil millones de pesos, pero en el proceso de concertación y conciliación, la universidad logró ajustar las pretensiones al pago de 2.300 millones de pesos. En un primer momento la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación y la Fiscalía precluyó el caso. La conciliación había sido aprobada por el Tribunal Contencioso. Esta conciliación dio lugar a la apertura de una investigación de la Contraloría Departamental, solicitada por el entonces gobernador del Magdalena, Trino Luna Correa, hoy condenado por sus vínculos con los paramilitares.
 
Luna siempre fue enemigo de Caicedo, pues le atribuye el secuestro de miembros de su familia cuando el ex rector militaba en el grupo guerrillero M19. Para Caicedo, esa acusación era una excusa, y la verdadera guerra de Luna contra él se debía a que los políticos tradicionales no habían podido manejar a su antojo los dineros de la Universidad, como sí lo había hecho con las otras entidades públicas del departamento. 
 
Durante 2006 y 2007 hubo marchas y protestas de la comunidad universitaria que veía con malestar la persecución contra el rector que había logrado sacar a la universidad de la ruina en la que se encontraba en 1997 cuando asumió el cargo. Antes de llegar Caicedo, la universidad tenía sólo dos mil estudiantes, se mantenía en paro, tenía nueve programas, un presupuesto de seis mil millones de pesos y una deuda de 26 mil millones de pesos que la hacían inviable. Estaba en la bancarrota.
 
En un proceso de ajuste, al que denominaron “la refundación”, Caicedo lideró una restructuración administrativa, financiera y académica. Al cabo de cuatro años ya la Universidad del Magdalena había pagado sus deudas, tenía nueve mil estudiantes, 27 programas de pregrado, 30 grupos de investigación, certificación del ministerio y del Icfes, y un presupuesto cercano a los 42 mil millones de pesos anuales.
 
Como dice Caicedo en una carta que envió a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema en la que les solicita que no cambien la radicación, pues “este proceso ha sido fruto de una persecución política encabezada por el ex gobernador Trino Luna, quien tenía como ambición capturar la universidad para sus fines políticos, y condenado precisamente por la Corte Suprema por sus vínculos con los grupos paramilitares”.

El proceso se alargó excesivamente en la justicia samaria que tomaba meses para resolver cualquier petición. Ante la evidente demora de los magistrados en proferir sentencia, Caicedo solicitó a la Procuraduría una vigilancia especial del proceso y en un informe dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura sobre por qué no se ha dictado sentencia, el Tribunal respondió informando que se trata de un expediente voluminoso, por el cúmulo de acciones de tutelas que tienen trámite preferente, por las audiencias de apelaciones de autos y sentencias que deben resolver y a la vacancia judicial, permisos y comisiones que solicitan los honorables magistrados.

El proceso se encontraba en su etapa final, pues en marzo de 2009 había salido del despacho del magistrado Juan Bautista, después de nueve meses de estudio, para el despacho del último magistrado, José Alberto Dietes, quien debía finalmente decidir si se acogía al fallo de la mayoría. Del despacho del magistrado Dietes salió con registro de proyecto de sentencia hacia el despacho del magistrado ponente el día 15 de abril de 2009. Doce días antes se había recibido presuntamente el anónimo. ¿Por qué si el anónimo se recibió el tres de abril esperaron hasta el 21 de abril y por qué y en qué sentido habrá salido del despacho de Dietes para el del magistrado ponente?

 Llama la atención que los magistrados manifiestan que “existen circunstancias que afectan la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia en la decisión a adoptar”. Se pregunta Caicedo, “si realmente existieran esas circunstancias, como pudieron discutir los magistrados durante tantos meses un proyecto de fallo sin que manifestaran la existencia de un hecho perturbador, más aún si la última marcha de apoyo fue el 10 de octubre de 2007, siete días después del fallo condenatorio del juzgado tercero penal del circuito de Santa Marta”.

Solicita el ex rector a la Corte Suprema que no acepte el traslado de radicación, pues él se ha sometido y ha aceptado la decisión de los jueces naturales y a pesar de las presiones políticas, no solicitó cambio de radicación pues confía en la transparencia de sus actuaciones y conserva “la esperanza de que fallen en derecho”. Dice que prefirió eso, pero que no podía rehuir a quienes cooptaron en alianza con la criminalidad la mayoría de las instituciones del departamento.
 
Rechaza finalmente Caicedo las suspicacias planteadas en el anónimo que logró perturbar el ánimo de los magistrados y le manifiesta a la sala penal de la Corte “el desconcierto y la angustia que lo embarga porque los malintencionados intereses de siempre, que no dan la cara ni se responsabilizan por sus actuaciones, estarían logrando con el anónimo manipular a la justicia”.

Hay quienes creen que la dilación del fallo en contra de Caicedo, lo que busca es neutralizarlo o anularlo ante el debate político que se avecina en el cual la representación política del departamento en el Congreso se renovará en su totalidad, pues con excepción de Fuad Rapag, actual representante, los demás parlamentarios fueron detenidos por sus nexos con los paramilitares. Si Carlos Caicedo queda en libertad los políticos tradicionales creen que una aspiración suya podría tener éxito.

Si la Corte Suprema acepta trasladar el proceso a otra ciudad, tendrá que comenzar desde el momento de la apelación. Por lo pronto, el Consejo Seccional de la Judicatura sancionó a los magistrados Baena y Dietes de la Sala Penal del Tribunal de Santa Marta por la mora que presentan los procesos en sus despachos y les bajó un punto en su calificación y en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema está la última palabra en torno a un pleito en el que los samarios están pidiendo punto final.
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