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| 10/4/2008 12:00:00 AM

Un fallo cantado

En el Palacio de Justicia, desde hace más de dos meses, advertían que vendrían tutelas a favor del gobierno y de los congresistas de la para-política por la vía de la Judicatura. ¿Cuál es la historia?

El fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura sobre el caso de la Yidis-política provocó un choque de trenes sin antecedentes en el país: a pesar de todos los encontrones que se han dado entre las altas Cortes, nunca antes un tribunal como el de la Judicatura le había jalado las orejas en asuntos penales a quien está llamado a ser el sabio de la tribu en la materia, la Corte Suprema de Justicia.

Pero eso, tal vez, no es lo más importante de ese fallo. Lo que podría llegar a ser trascendental es que tiene todos los atributos para convertirse en el campanazo para que por esa vía -por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura- se cuele todo tipo de tutelas para tumbar los procesos de la para-política.

Por supuesto los magistrados de la Judicatura sacan sus escudos y se defienden -como el presidente de la sala, Angelino Lizcano- diciendo que son profesionales "que fuimos ternados por el Presidente y elegidos por el Congreso, pero tenemos un compromiso con Dios y la Patria de cumplir las leyes".

El caso de la tutela en cuestión es sencillo. La Judicatura dice en su fallo que la Corte Suprema, cuando condenó a la ex parlamentaria Yidis Medina por vender su voto a favor de la reforma que permitía la reelección presidencial, se excedió al hacer valoraciones sobre el ministro de Protección, Diego Palacio, quien se supone le ofreció las dádivas. La Judicatura asegura que la Corte no es juez natural del Ministro y por tal razón le ordena borrar de la sentencia los párrafos que se refieren a él. La Corte Suprema reaccionó casi de inmediato y dijo que sus fallos "son inmodificables" y explicó que en este caso no juzgaron la responsabilidad del Ministro, sino que hicieron referencia a las conductas que de Palacio confesó Yidis Medina.

El choque de trenes queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que dirimirá la pelea, pero que tal vez proferirá un fallo simbólico si se tiene en cuenta que ya la Corte Suprema dijo que su sentencia es inmodificable. Y todo podría terminar ahí, porque el gobierno no ha logrado sacar adelante una ley que aclare cuál de las cortes tiene la última palabra en este tipo de confrontaciones.

Pero, más allá del caso particular de la tutela fallada a favor del ministro Palacio, la historia que hay detrás deja al descubierto un gran interrogante sobre el papel que puede jugar la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En particular, en estos tiempos en que en Colombia se ha visto amenazada la independencia de la rama judicial con respecto al Ejecutivo y al Legislativo.

Desde finales del año pasado comenzó un cambio extremo en esta sala. Los siete magistrados que la componen cumplieron su período y debían ser reemplazados por otros siete que son elegidos por el Congreso de ternas que presenta el Presidente de la República. En una salomónica repartición para su bancada, el gobierno permitió que cada uno de los partidos de su coalición propusiera una terna.

Desde hace varios meses en el Palacio de Justicia empezó a correr el rumor de que en el Congreso estaban eligiendo los nuevos magistrados con la idea de que luego ellos fallarían a su favor las tutelas de la para-política. La ecuación era simple: si eran cuota de congresistas, algunos de ellos implicados en el escándalo de la para-política, estarían inclinados a colaborarles.

Si eso es verdad o no, sólo el paso del tiempo lo dirá. Pero lo que sí se puede probar es que varios de los que han sido elegidos para esa sala no se destacan propiamente por su trayectoria de juristas, sino de políticos. El primero en ser elegido fue el propio Lizcano (del grupo político de Luis Fernando Almario, investigado por la para-política), quien estuvo más de 15 años en el Congreso, desde cuando llegó en 1991 procedente de la empresa de licores de Caquetá, a un cargo de asesor y ascendió hasta llegar a ser secretario general.

Luego fue elegido Ovidio Claros, recomendado por Colombia Democrática, del ex senador Mario Uribe, también investigado por la para-política. Claros no sólo se vio envuelto en una polémica por un caso de alimentos, sino que en sus antecedentes tiene una suspensión de 30 días que le aplicó la Procuraduría porque en la gerencia del Seguro Social modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.

También en el ramillete de nuevos magistrados está el ex candidato a la gobernación de Boyacá Pedro Alonso Sanabria, de la bancada conservadora. Se ha publicado en medios de comunicación que es cuota del ex parlamentario Ciro Ramírez, hoy detenido, pero Sanabria lo niega.

La prueba de fuego para los nuevos miembros de la Judicatura llegará cuando alguno de los congresistas de la para-política interponga una tutela para pedir que se caiga su proceso con el argumento de que un fallo reciente de la Corte Constitucional obliga a que haya doble instancia en las investigaciones de la Corte Suprema. A pesar de que el fallo dice que la doble instancia sólo aplica para casos posteriores a mayo de este año, ellos podrían pedir que se les aplique el principio de favorabilidad. El tema está abierto.
 
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