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Entre los altos consejeros y asesores de la Casa de Nariño, tal vez no hay un cargo más crítico e influyente que el del secretario jurídico. Todos los proyectos de ley, decretos y decisiones de fondo pasan primero por sus manos antes de llegar al Presidente. Debe conceptuar sobre la legalidad o constitucionalidad de cada acto. En la práctica es el guardián de las actuaciones del primer mandatario y del gobierno. Su mano derecha, izquierda y, en algunos casos, su conciencia.
Al ser el abogado de abogados, Edmundo del Castillo, el actual ocupante de ese cargo, tenía que saber más que nadie que cuando se reciben presuntas pruebas de un delito, lo primero que hay que hacer es enviarlas a las autoridades judiciales. Ese fue una de los argumentos del procurador general, Alejandro Ordóñez, para proferir pliego de cargos contra Del Castillo por su rol en la hoy tristemente célebre reunión con Severo Antonio López, alias Job', en la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008.
Según el Procurador, "el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo, en el afán de conseguir información y pruebas sobre aparentes irregularidades cometidas por la Corte Suprema de Justicia, olvidó su deber de institucionalizar y formalizar las averiguaciones sobre el particular".
"Las faltas disciplinarias se califican de gravísimas" y su comportamiento de "dolo", ya que el gobierno sólo entregó el material a la Fiscalía cuando SEMANA reveló la existencia de la reunión. El Procurador pidió a la Fiscalía investigar a Del Castillo por "abuso de autoridad por omisión de denuncia" y "abuso de la función pública".
Al Procurador también le llamó la atención que el informe del encuentro en la Casa Nariño fuera elaborado por el DAS varios meses después y apenas el mismo día que se hiciera pública la reunión. Para Ordóñez, es cuestionable y grave el manejo que el secretario jurídico le dio a la evidencia recibida del abogado de 'Don Berna' y alias 'Job'.
Del Castillo, quien destacó que el Procurador concluyera que no había encontrado pruebas de un complot del gobierno contra la Corte Suprema, dijo que no renunciará y reiteró que había obrado correctamente. El que sí salió bien librado fue César Mauricio Velásquez, el secretario de prensa de la Presidencia. La investigación de la Procuraduría confirmó su versión de los hechos; que su presencia en la reunión con 'Job' fue accidental. Y archivó la investigación.
La decisión de Ordóñez, sin embargo, deja varios cabos sueltos. Para empezar, se abstiene de pronunciar sobre el ingreso anormal del ex paramilitar y el abogado Diego Álvarez por el sótano del palacio presidencial. Más significativa, es la ausencia de una determinación sobre el rol que desempeñó el ex gobernador y ex embajador Juan José Chaux en todo este episodio. Chaux admitió a la Procuraduría que conocía de las denuncias de 'Job' y compañía con anterioridad a la reunión en la oficina de Del Castillo.
Habitualmente, los secretarios jurídicos de la Presidencia son poco conocidos por la opinión pública porque su labor se hace en privado. Es más: es parte fundamental para cumplir con su responsabilidad como consejero del primer mandatario. Al invitar a un ex paramilitar y al abogado de 'Don Berna' a la casa del Presidente, Del Castillo no sólo perdió el anonimato sino incumplió con su deber.
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