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| 3/25/2010 12:00:00 AM

Aseguradoras: ganadoras silenciosas de la emergencia social, dicen académicos

El Gobierno les entregó a estas empresas privadas el manejo de un fondo para cubrir accidentes de tránsito. Investigadores de la U. Nacional cuestionan el poder que el Estado les trasladó a estas compañías.

Entre las tantas críticas que ha suscitado la emergencia social, hay un decreto que ha ‘pasado de agache’. Es el 074, uno de los primeros emitidos durante el estado de excepción, que les entregó a las aseguradoras que manejan el Soat un negocio muy prometedor.

Algunos académicos han llamado la atención sobre la inmensa transacción y responsabilidad que el mismo Estado les trasladó a estas empresas privadas para que manejen el Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat), que antes era administrado por el Fosyga.

La plata de este fondo se usa para pagar la atención de personas heridas cuando en los accidentes de tránsito se escapa un vehículo que se estrelló con otro o que atropelló a alguien. También cubre los gastos cuando el dueño del carro o la moto accidentada no ha pagado el Soat, que es el seguro que cubre los gastos clínicos de estos casos.

La plata que llega al Fonsat es el 20 por ciento del total de las primas del Soat que vendan las aseguradoras al año. De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Seguridad Social, en 2008 esta cuenta recibió 156.467 millones de pesos. 
Para el Gobierno, el flujo de dineros de este fondo era lento. Así lo consideró en aquel decreto en el que les entregó, desde el pasado primero de marzo, la cuenta a las aseguradoras, para que hagan más ágiles los pagos a las EPS y las clínicas y hospitales.

Estos temas han sido analizados por el Grupo de Investigación de Protección Social de la Universidad Nacional*, que existe desde hace 20 años. El médico Félix León Martínez, que hace parte de este equipo de académicos, le dijo a Semana.com que si lo que se busca es agilizar los pagos, como dice el Gobierno, la decisión era necesaria. Pero, eso sí, advirtió varias preocupaciones al respecto.

En el decreto, dice que el Fonsat es “una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público...”. Sobre este punto, el profesor Martínez se pregunta: “¿cómo es que estos dineros son públicos y los va a manejar el sector privado con total autonomía?”.

Pero su inquietud va más allá. Resulta que el Soat es obligatorio para todo el que tenga un vehículo. Por lo tanto, la plata que alimenta el Fonsat, que sale de los propietarios de los carros y las motos, es un pago que se tiene que hacer indiscutible e ineludiblemente. “Los ciudadanos pueden tener obligaciones con el Estado, pero no con las empresas privadas. Lo que está sucediendo ahora es que cada vez las empresas privadas se comportan más como Estado, porque éste les entrega sus funciones”, comenta el académico.

Ahora bien, asumir el manejo de esa plata cuesta. Por eso, el decreto 074 dice que el 10 por ciento del dinero del Fonsat será para las aseguradoras, con el fin de que paguen los gastos de funcionamiento que tengan que hacer por esta nueva tarea.

Ese porcentaje es bastante generoso, según el economista Óscar Rodríguez, director del grupo de investigación de la Universidad Nacional. “Por ejemplo, las EPS que manejan el régimen subsidiado destinan el 8 por ciento de los ingresos a los gastos de funcionamiento y las del contributivo, el 10. Hay que tener en cuenta que estas empresas necesitan mucha más infraestructura y personal que la administración de una cuenta como el Fonsat”, explica el académico.

Pero, además, el mismo decreto establece que las aseguradoras que manejarán esa plata “tendrán derecho al pago de una comisión por administración” según los rendimientos que generen las inversiones que hagan con los recursos.

Para el profesor Martínez “es como si les ofrecieran mayor ganancia por demorar el pago de las deudas a las clínicas y los hospitales”. Este comentario se basa en que si las aseguradoras que administran el Fondo van a recibir un pago por los rendimientos, les convendrá más guardar el capital para que se reproduzca. En cambio, si lo disminuyen pagando cuentas, recibirán menos intereses. Es un estímulo implícito en la norma que crea esta singular operación.

“Es como si les dieran una comisión del 10 por ciento para contratar un grupo de personas que glosen y justifiquen las demoras en los pagos que tienen que hacer y de esta forma ayuden a producir más rendimientos”, explica el académico. Esta posible consecuencia, en últimas, no llevará a solucionar el problema del flujo de dinero que argumentó el Gobierno para emitir el decreto.

Pero ahí no terminan los temores sobre los efectos que pueda traer esta decisión. El médico Álvaro Portilla, especialista en Ortopedia, escribió a la redacción de Semana llamando la atención sobre algo que lo preocupa.

Se refiere al primer artículo de este decreto, donde dice que “las entidades aseguradoras podrán celebrar contratos con los Prestadores de Servicios de Salud debidamente habilitados para el efecto, para que asuman la prestación de los servicios a las tarifas que acuerden”.

Al respecto, Portilla se pregunta: “¿se imaginan los paseos de la muerte cuando un accidentado acuda a una clínica que no esté en la red hospitalaria controlada por una de las compañías del Soat y tenga que ser remitido a la clínica autorizada?, ¿o que simplemente la clínica se niegue a atenderlo porque está excluida de la red contratada por las aseguradoras?”.

El profesor Martínez se pregunta: “¿Cómo es posible que estas empresas reciban el dinero que los ciudadanos tienen que pagar obligatoriamente y, convirtiéndose en el único pagador, en la entidad monopólica, les dejan la potestad de negociar las tarifas que van a pagar a las clínicas y los hospitales?”.

Antes de que fuera emitido este decreto, el Fosyga pagaba la atención de los heridos conforme a unas tarifas preestablecidas. Pero ahora, serán negociables en condiciones en que, según Martínez, ponen en total desventaja a las clínicas y hospitales, entidades que no tendrán ninguna capacidad de negociar tarifas con un poder monopólico que no sólo tendrá todo el dinero sino el poder dado por el Estado de decidir cuánto paga.

En el mismo sentido del médico Portilla, Martínez advierte que es obvio que si un herido es atendido de urgencia en una clínica que no tiene convenio con las aseguradoras, puede tener que someterse a un traslado, en condiciones críticas o graves, hacia otra institución que acepte las tarifas que les convengan más a las empresas que administran el Fonsat, lo que siempre supondrá un riesgo para la salud e incluso para la vida misma.

Semana.com quiso conocer la posición de Fasecolda, el gremio que agrupa a las empresas aseguradoras, pero personas de esta federación pidieron que las preguntas fueran enviadas por escrito. Un reportero de esta redacción envió las inquietudes desde el 18 de febrero pasado y aún no ha recibido respuesta.

Vale recordar que cuando se dio a conocer el decreto, el director de la Cámara Técnica del Soat de Fasecolda, Ricardo Gaviria, habló en los medios de comunicación sobre las bondades de la decisión del gobierno. Sin embargo, fuentes de ese gremio dicen ahora que sus directivos no son voceros de lo que pase con el Fonsat y que quien deberá referirse al tema debe ser el nuevo director de este fondo, que aún no ha sido elegido.

Lo cierto es que las aseguradoras ya asumieron la administración del fondo y si la Corte Constitucional llega a definir que la declaratoria de emergencia social no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución, el decreto también se caerá. Aunque le quedará otra oportunidad: que la misma propuesta sea presentada al Congreso, para que lo tramite como ley. 



*El Grupo de Investigación de Protección Social hace parte del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional. 
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