Instrucciones para buscar a una persona desaparecida

La desaparición en Colombia es un problema que afecta a muchos. Aunque no se tienen datos exactos sobre el número de personas que no se sabe dónde están, en promedio se dice que en este momento en el país hay 29 mil desaparecidos.

Apenas hasta ahora están consolidando las cifras, a pesar de que es una situación que siempre ha existido. Hoy, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas alimenta el registro nacional de desaparecidos, donde se ingresan todos los casos reportados ante la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, DAS, gobierno, Policía y algunas organizaciones no gubernamentales que llevan reportes de desaparecidos como Asfaddes y la Comisión Colombiana de Juristas.

Pero la tarea ha sido difícil. Ya casi todos han reportado sus casos, excepto la Policía, que sigue en deuda con la información, según informaron a Semana.com, algunos funcionarios de la Comisión. Lo que sigue es hacer una evaluación de todos esos casos, identificar si hay algunos repetidos y depurarlos y alimentar la base de datos con nuevas desapariciones.
 
Por lo menos ya se puede hablar de un gran universo de personas que hay que buscar. El caso más remoto es el de alguien que en 1923 salió de su casa y esta es la hora en que no se sabe dónde está.

Algunos desaparecidos son personas que lo han dejado todo porque tienen deudas, se fueron con un amante o decidieron cambiar de vida sin contarle a nadie y su desaparición se dice que fue voluntaria.

Otros están desaparecidos como víctimas de trata o rapto de personas y su desaparición se denomina como asociada a delitos comunes.

Y muchas otras personas fueron raptadas por hombres armados, incluso agentes del Estado, que nunca quisieron dar información sobre dónde se encuentran sus víctimas. Estos son los casos conocidos como desaparición forzada. Algunas de éstas terminan en secuestro, y después viene la extorsión a la familia. Pero en muchos casos, el objetivo de los victimarios es que la persona nunca vuelva a aparecer.

Si bien cualquiera de estos casos es grave, la desaparición forzada es la única catalogada como un delito de lesa humanidad, porque afecta no sólo a la víctima y a su grupo familiar, sino a todas las personas de la sociedad a la que pertenece. Además, es la máxima expresión de la degradación humana, porque viola todos los derechos humanos, como la libertad, la vida, la integridad, la dignidad, los derechos sociales, económicos y ecológicos, según la definición jurídica de este delito.

Pero, ¿qué hacer cuando una persona desaparece repentinamente? ¿Cómo hacer para buscarla de inmediato, más cuando se sabe que es en las primeras horas después de una desaparición cuando hay mayor probabilidad de encontrar a una persona?  Tal vez pocos saben que en el país existe desde 2005 un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas.

Este mecanismo, de acuerdo con la Ley 971 de 2005, debe activarse tan pronto como se presuma que hay una persona desaparecida forzadamente y que fue reportada ante un juez o un fiscal por parte de cualquier persona, no necesariamente familiar. Lo ideal es que dé información detallada del desaparecido, como nombre completo, edad, rasgos físicos, un relato de lo sucedido, dónde vivía y a qué se dedicaba. Esa información puede hacerla llegar por cualquier medio, bien sea oral o escrito. No hay formalismos y ningún funcionario puede exigirlos.

Tan pronto como alguien reporte el caso, el funcionario judicial tiene la obligación de ponerse a buscarlo. No caben excusas ni plazos para empezar la búsqueda y quien pone la denuncia debe exigirlo así.

Lo primero que tiene que hacer el juez o fiscal que reciba el caso es contárselo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que ayude a gestionar cruces de información con otras instituciones, como Medicina Legal, por ejemplo.

Este mecanismo de urgencia dura activado dos meses. Después de este tiempo, las autoridades dejan de buscarlo con tanta insistencia, pero no se olvidan del caso. La búsqueda urgente puede volver a activarse si los parientes o amigos del desaparecido entregan nuevas pruebas que puedan llevar a encontrarlo. En ese caso, el juez o el fiscal que recibe el caso debe volver a dejar sus funciones habituales y dedicarse a la búsqueda de los desaparecidos.

Dificultades hay muchas. Ya van casi cuatro años de creado este mecanismo y muchos funcionarios judiciales no lo conocen bien todavía y menos las víctimas. A eso se suma que la Fiscalía y los juzgados están llenos de trabajo y ven la activación de este mecanismo como un ‘chicharrón’ que les va a retrasar el resto de compromisos que tienen. Y hay que agregarle también la ausencia de estas instituciones en zonas rurales alejadas, donde son muchas las posibilidades de que se presenten desapariciones.

Pero ya el hecho de haber creado una Comisión especial encargada permanentemente de buscar a los desaparecidos y un mecanismo de emergencia, demuestra un avance en la lucha contra este delito, cuyas víctimas, históricamente, han sido invisibles.

Y ese logro, valga decirlo, es el resultado de cantidades de madres que por todo el país salían entre los 80 y 90 en silencio a ocupar plazas públicas, con las fotos de sus hijos desaparecidos y que reportaron sus casos a Naciones Unidas porque en Colombia la desaparición no era considerada un delito hasta que lo hicieron obligatorio los convenios internacionales firmados por Colombia. Por fin, lograron que en el país se creara una completa normativa para buscar a los desaparecidos.

A Colombia le tocó ponerse activo en este tema porque la desaparición forzada, por sus características, está bajo vigilancia de normas internacionales que dicen que en este delito tiene responsabilidad el mismo Estado por dos razones. Una, porque es usual que sus agentes sean los victimarios. Y dos, por no proteger los derechos de las personas en todo el territorio aún cuando sus agentes no sean responsables.

Pero las leyes colombianas lo catalogan como un delito individual. Es decir, sólo es responsable quien desaparece forzadamente a otra persona. Sin embargo, Colombia sí tiene que cumplir con las obligaciones impuestas por Naciones Unidas para evitar y enfrentar este delito. Hay especial énfasis en las desapariciones forzadas, pero los otros desaparecidos también merecen ser buscados y sus parientes, a conocer qué pasó con ellos.

De ahí nació el Mecanismo de Búsqueda Urgente por iniciativa de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que debe estar al tanto no sólo de personas cuyo paradero sea desconocido desde hace poco, sino que allí hay que reportar también las de hace rato. La idea es encontrar a las personas que no se sabe dónde están, pues mientras no aparezcan, se consideran vivas.

Entonces no se vale simplemente declarar gigantescos camposantos donde haya fosas comunes, sino que hay que buscar víctima por víctima. Y si están muertos, desenterrar cuerpo por cuerpo.

La labor suena imposible. Pero ya hubo un resultado muy diciente: el hallazgo de los cuerpos de más de una docena de muchachos que desaparecieron en Soacha y fueron encontrados en Norte de Santander reportados como guerrilleros muertos en combate. Y que el país conoció con el eufemismo de "falsos positivos". Esto se logró haciendo cruces de información del registro nacional de desaparecidos.
 
Casos como esos son los que se tienen que desmantelarse con base en las denuncias de las víctimas y el trabajo de los funcionarios encargados de buscar a los desaparecidos.