Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/09/17 00:00

Los presos de Colombia pagan 4 por 1.000

Desde mayo pasado los reclusos colombianos tienen que pagar este tributo, pese a que la ley no les permite tener cuentas bancarias y que dependen del escaso dinero que les pasan sus familiares.

Los presos de Colombia pagan 4 por 1.000

Por ley, una persona interna en una cárcel no puede portar dinero dentro de ella. Pero sí necesita comprar elementos de aseo, comida y bebidas que consiguen en unas tiendas dentro de los patios que llaman expendios, donde además prestan servicio de telefonía. 
 
¿Cómo pueden los internos comprar dichos elementos o pagar el servicio de comunicaciones? Existen unas cuentas corrientes que contrata el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con los bancos Popular y Banagrario que se llaman cuentas matrices. 
 
En las cuentas matrices los familiares de los presos les consignan lo que puedan y el Inpec administra el dinero. En la consignación, los familiares especifican para quién es la plata y así las autoridades pueden monitorear los recursos de cada interno individualmente. En teoría al menos, cada uno puede gastar al día máximo dos salarios mínimos diarios y mensualmente, dos salarios mínimos mensuales. Pero cada vez que mueven dinero de sus cuentas, les descuentan el 4 por 1.000. 
 
Que los internos tengan que pagar ese impuesto no es muy bien visto por la Defensoría del Pueblo. Funcionarios encargados del tema carcelario dicen que los presos no tienen por qué pagarlo y que esa es una obligación del Inpec. 
 
Sus razones son de peso. Lo primero que señala el ente defensor de los derechos humanos es que el Inpec venía cubriendo el pago el 4 por 1.000 con las ventas de los expendios. Pero trasladó esa carga a los reclusos el pasado 12 de mayo mediante el memorando 0530 sin ser un organismo autorizado para hacerlo.
 
Para los defensores de los derechos humanos, es el Inpec quien debe pagar el 4 por 1.000 porque es el que tiene el negocio con el banco, o sea que es su cliente y su usuario.
 
Para las familias, sostener a un pariente interno en una cárcel es un gran peso si se tiene en cuenta que de los 68 mil presos que hay en Colombia, cerca del 90 por ciento son de escasos recursos económicos, según estima el Inpec. Esto hace que no sean habituales usuarios del sistema financiero, por lo que no están acostumbrados a pagar el 4 por 1.000 e imponérselo ahora es crearles una carga económica que no tienen normalmente. 
 
Los reclusos no trabajan, o sea que no devengan un salario. A veces reciben bonificaciones por labores que hacen dentro del penal, pero eso no se cataloga como un sueldo y en todo caso, cualquier tributo adicional se siente en su precaria economía diaria.
 
Los presos: en el limbo tributario
DE acuerdo con la Dirección de impuestaos Nacionales, Dian, hay 19 exenciones al pago del 4 por 1.000, pero allí no están incluidos los presos.
 
Según funcionarios de la Defensoría, las personas privadas de la libertad no tienen derecho a que se les reconozca la personalidad jurídica. Por lo tanto, no pueden tener ningún negocio con el sector financiero. Y el Estatuto Tributario dice que quienes pagan este impuesto son los “usuarios y clientes” de los bancos, cosa que no pueden ser los presos, precisamente, por los impedimentos que acarrea su condición. 
 
“Contrario a lo que argumenta el Inpec, los internos no son ahorradores individuales de una cuenta colectiva, puesto que, en los precisos términos del convenio suscrito entre el Inpec y el Banagrario, la “Cuenta Matriz Internos”, a través de la cual se recauda su dinero, es una cuenta corriente de titularidad exclusiva del Inpec. En ninguna parte se habla de la existencia de cuentas de ahorro individuales de titularidad de cada interno, ni de cuenta alguna de ahorro colectivo de la cual sean titulares conjuntamente los internos”, explica un documento de la Defensoría conocido por Semana.com. 
 
Ante aquella petición, Bloise, la secretaria General del Inpec, responde que “no podemos pagar un impuesto por movimientos de dineros que no son nuestros. Si llego a pagar un impuesto que no se está generando por nuestras transacciones, estoy afectando el presupuesto nacional y después me van a pedir cuentas los organismos de control”.

Es evidente que cada parte está defendiendo su posición con base en las leyes, que, en este caso, son contrapeso la una de la otra. En medio está el Estatuto Tributario, que es la norma que implanta cuáles impuestos hay que pagar y quiénes son contribuyentes y quiénes no. 
 
Por eso, el general Eduardo Morales, director del Inpec, envió una carta a la Dian el pasado 16 de septiembre para que promueva el no pago de este gravamen para quienes están privados de la libertad en las cárceles. Habría que hacer una modificación en el Estato y eso eliminaría el problema de raíz. 
 
Pero aún no se han iniciado gestiones serias al respecto y tal cambio podría demorarse, porque “sólo el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son los órganos autorizados para imponer y determinar los sujetos (activos y pasivos), los hechos generadores, las bases gravables, las tarifas y las exenciones, entre otras características, de los impuestos”, según argumenta la propia Defensoría en su documento. Y los trámites en cualquiera de ellos pueden tardar según las prioridades de cada uno. 
 
La economía tras las rejas
El manejo de la plata de los internos se hace mediante un sistema que contrató el Inpec desde hace un año con seis empresas prestadoras de servicio de telefonía. Éstas, además de prestar el servicio de comunicaciones, se comprometieron con implementar un programa informático que sirve para administrar el dinero de los reclusos. 
 
Según Nury Bloise, secretaria General del Inpec, el negocio contempla una comisión del 3 por ciento que pagan las empresas al Instituto por su intermediación entre ellas y los clientes presidiarios. El contrato no lo paga el Inpec, sino los mismos reclusos cuando adquieren el servicio de telefonía. 
 
Para comprar un producto, los reclusos van al expendio, donde las empresas tuvieron que instalar computadores. Allí piden lo que necesitan y dan su identificación. Una persona que opera el computador traslada de la cuenta matriz el valor de lo comprado hacia una cuenta del expendio. Luego, le entrega al preso un comprobante donde dice cuánto dinero le queda disponible del total consignado por sus familiares. 
 
En esa transacción, explica Bloise, se cobra 4 por 1.000. Pero, según ella, el interno no lo siente porque se incluye en el precio del producto. 
 
Cuando sí lo sienten es cuando compran una tarjeta para llamar por teléfono, porque pagan un valor por ella, pero encuentran que les descuentan más. Según la funcionaria, esto se debe a que a ellos les corresponde pagar el impuesto de la transacción desde su cuenta hacia las de las empresas de telefonía. 
 
Vea en este video del Inpec cómo funciona el sistema telefónico dentro de las cárceles.
 
  

 



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