¿Mejor que las EPS reemplacen a la Registraduría?

Todo aquel que esté afiliado a una EPS, caja de compensación familiar, administradora de riesgos profesionales o cualquier servicio de asistencia social, o incluso que vaya a una clínica u hospital, será empadronado.

Las EPS privadas tomarán sus huellas, su foto, registrarán su fecha de nacimiento, ( o de muerte), si cambia de documento de identidad, si se cambió de prestador de cualquiera de éstos servicios y en qué departamento y ciudad vive. Eso lo establece la Resolución 2455 de 2008, emitida por el Ministerio de la Protección Social.

Así funciona el Registro Único de Afiliados (Ruaf), que está montando ese Ministerio para tener su propia base de datos y no tener que acudir a la de la Registraduría.

Son varios los motivos que explican en el Ministerio sobre la creación de este registro paralelo, o base ‘para’, como la llamó la periodista Cecilia Orozco en una columna donde la criticó.

Los motivos

Según le explicó Carlos Jorge Rodríguez, viceministro Técnico, a Semana.com, la falta de una base de datos de los afiliados estaba trayendo muchos problemas. “Tenemos casos graves de suplantación. Hay personas que van con carnés que no les pertenecen a reclamar pensiones o servicios en las EPS sin haber pagado”.

El resto de líos apuntan a la información que lleva la Registraduría Nacional. Hay dificultades para sacar de las listas a las personas muertas. Entonces al gobierno le toca estar girando recursos cada año para que las EPS cubran la salud de gente que ya no vive. Esta falta de información, según el ministro Diego Palacio, le costó al país entre 60 mil y 70 mil millones de pesos el año pasado.

La Registraduría reconoce que tiene fallas en este sentido. Según le explicó Carlos Ariel Sánchez, registrador General, a Semana.com, hasta comienzos de este año faltaba reportar cuatro millones de muertos. Ya se sacaron dos millones de la lista, pero el resto necesita un proceso muy complejo, porque no todos están incluidos dentro de su sistema digital.

Así que deberán enviar funcionarios a que analicen la información de las notarías, completen los registros incompletos y actualicen la información. Eso vale 53 mil 708 millones de pesos, que ya se le pidieron al Departamento Nacional de Planeación. Para 2009, fueron girados 11 mil 700 millones y en 2010 llegarán 34 mil millones.

Pero, de acuerdo con el viceministro Rodríguez, esa información que está actualizando la Registraduría no sirve, porque hay muertes que no tienen fecha. Y, según el Viceministro, ese dato es fundamental para saber desde cuándo le están dando plata a las EPS por una persona muerta. Los aportes hechos desde que alguien muere, deben devolvérselos las EPS al Ministerio.

Además, según Rodríguez, la Registraduría se demora mucho en darle los documentos a la gente. Entonces, muchas veces, hay bebés que no están registrados, adolescentes sin tarjeta de identidad y adultos sin cédula. O sea que no pueden ingresar al sistema de salud. “Nosotros los estamos registrando a todos, para que puedan gozar de este derecho”, es la explicación que da el Viceministro para justificar  la base de datos nueva.

Puede ser cierto que, con fallas en la información, cualquier inconveniente puede presentarse en estos servicios. Entonces la Ley 797 de 2003 ordenó unificar los datos de todas esas empresas.

Hasta aquí, la creación de esta registraduría paralela no parece más que un sano remedio para resolver el problema de los atrasos de la Registraduría. Pero lo grave son los efectos secundarios que pueda tener sobre todo el sistema.

Base aparte

Surgió la idea de que, para cuando una persona fuera a reclamar una pensión o un servicio de salud, se le identificara fácilmente con su huella. O sea, que bastara poner su dedo en un censor para que en la caja de una clínica supieran si, efectivamente, esa persona estaba afiliada a la EPS a la que decía pertenecer.

Pero, ¿de dónde sacar las huellas? Rodríguez dice que se las pidieron a la Registraduría, pero que se las negaron. La razón es apenas obvia, pues la Ley 1163 de 2007 le ordena a la Registraduría hacer unos cobros por este tipo de consultas a su sistema.

Para las entidades públicas, el precio por cada consulta es de 400 pesos, según dice en la Resolución 360 de 2009.

Así las cosas, cada vez que se fuera a consultar la huella de una persona, habría que pagar ese precio. Entonces en el Ministerio empezaron a hacer cuentas. “Si, por ejemplo, en un año tenemos 80 millones de consultas de salud, vamos a tener que pagar 32 mil millones al año para pagar las verificaciones de las huellas”, dice el viceministro Rodríguez. (La cifra la usó sólo para ilustrar un caso, pero no es real que al año sea ese número de consultas).

La decisión fue hacer una base de datos aparte. “Nos sale más económico tener nuestro sistema”, según Rodríguez, pues el Ruaf costó 1.500 millones de pesos y su mantenimiento anual oscila entre los 300 y 400 millones.

Por eso, se dieron a la tarea de poner a las EPS, cajas de compensación, ARP privadas y a otras instituciones del Estado a hacer un registro nuevo con las huellas y datos biográficos. El ciudadano tiene que entregarle a estas entidades privadas sus datos y huella obligatoriamente porque  si alguien no pone su huella, simplemente, quedará fuera del sistema. Cuando necesite atención médica y le pidan que pase su dedo por el censor y no aparezca su huella, le van a negar el servicio.

El problema es que los datos biográficos y la huella son reservados, según lo define el Código Electoral. Es decir, esa información debe ser administrada por la Registraduría y la persona sólo puede difundirla si lo decide.
 
Rodríguez explica que la ley dice que la huella puede pedirla una autoridad competente. Y que, en este caso, el Ministerio lo es, aunque quienes recogen los datos son la EPS y demás entidades privadas. 

El perro cuida el hueso

En este momento, la información más completa del Ruaf la están reportando las EPS, que han entregado datos de 38 millones 600 mil personas.

Lo paradójico es que el Ministerio está justificando la creación de toda una nueva base de datos para manejar los datos de los ciudadanos porque necesita tener información actualizada y confiable para asegurarse que no le está girando a las EPS dinero por muertos, o más dinero del que legalmente tienen derecho para atender a sus pacientes. El mismo ministro Palacio dijo que les están entregando a estas empresas cada año entre 60 mil y 70 mil millones de pesos para que atiendan a gente muerta. O sea, esa plata no se la están gastando.

Sin embargo, ahora el Ministerio le pide a esas mismas EPS que recojan la información. En otras palabras, como se dice popularmente, ‘pone al perro a cuidar un hueso’.

Además, algunas EPS no han mostrado ser las más juiciosas con sus registros. Por eso, la Superintendencia de Industria y Comercio les abrió una investigación, pues encontró graves indicios de que estaban manipulando la información para recibir más dinero del gobierno cada año y para definir qué enfermedades atender dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) y cuáles cobrarle al gobierno.

Por trucos como esos, el Fosyga tiene congelados los giros de 400 mil millones de pesos que las EPS han cobrado por procedimientos o medicamentos que debieron ser cubiertos dentro del Plan Obligatorio de Salud.

Para colmo, no todas las EPS son empresas confiables. Algunas han sido investigadas por estar relacionadas con paramilitares y guerrilleros en Arauca, Guajira, Atlántico, Chocó y Santander. Eso quiere decir que con la base de datos que se le ocurrió hacer al Ministerio, puede estar dándosele vía libre a estos grupos ilegales de hacer empadronamientos con amparo legal.

El viceministro Rodríguez tiene claro que esta información “se recoge para el sistema de la protección. Esos son los usos que tiene y no se puede utilizar para otros fines”.

¿Datos libres?

Pero, ¿quién controla que la información no salga de las EPS o las demás empresas de salud que los recogen? ¿Por qué el sector privado tiene que ponerse a cumplir funciones que deben ser netamente de las entidades del Estado, como es el registro de nacimientos y muertes, que debe hacerlo la Registraduría? ¿Si una empresa privada hace un mal registro, ante quién se queja la persona? ¿Qué tantas herramientas tiene un ciudadano frente a la información que registren?

Los controles de esta base de datos pueden ser deficientes. Si le queda difícil a la propia Registraduría actualizar sus datos, corregirlos y sancionar a quienes cometen irregularidades, ¿no será más difícil el control para el Ministerio de la Protección Social, que tiene múltiples funciones muy diferentes a las de registro?

Ya se tienen malas experiencias con los reportes que hace el sistema financiero porque al ciudadano le queda tan difícil aclarar inconsistencias en su historial crediticio que incluso ha habido leyes e intervenciones de las Cortes para respaldarlo. Y eso que no se pueden  comparar siquiera los estrictos controles y ganrantías que hay en el sistema financiero para proteger a los usuarios, en comparación con la débilísima vigilancia a los privados en el sector de la salud. (Varios superintendentes de Salud se han quejado de falta de recursos, o de respaldo para poder ejercer la vigilancia debida y, con el enorme apoyo político que han construido las EPS, incluso al Ministerio le queda complicado ponerlas a cumplir con rigor ).

Pese a los problemas de esta nueva base de datos, no es difícil imaginar que podrá ser usada con fines políticos, por ejemplo, para criticar el censo electoral de la Registraduría confrontando sus datos con este registro paralelo.

 
Todo al aire

Aún suponiendo que nada de esto esté ocurriendo, y que las EPS están llevando sus registros con gran control, y que nadie va a usar esta información políticamente o con otros fines diferentes al d ela salud, surge otro problema mayor. 
 
Buena parte de los datos de los ciudadanos está publicada en la página de consulta pública www.sispro.gov.co

Semana.com hizo el ejercicio y encontró, por ejemplo, que el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, de cédula 70.041.053, está afiliado por el régimen contributivo a la EPS Susalud desde el 15 de marzo de 1999 y recibe servicios en Bogotá.

El fondo Protección administra su ahorro de pensiones individual desde el 11 de mayo de 1995. Su Administradora de Riesgos Profesionales es el Seguro Social desde el 20 de agosto de 1976. Es trabajador dependiente en Bogotá y está afiliado a la Caja de Compensación Familiar Cafam desde el 16 de agosto de 2002. No tiene afiliación a cesantías, no tiene vinculación a programas de asistencia social y no tiene pensiones aún. (Vea el reporte)

Las preguntas que surgen son, ¿qué tan pública debe ser esta información? ¿Para qué sirve que sea pública? Semana.com consultó con varios abogados y las opiniones están divididas. Algunos dijeron que estos datos no ponen en peligro a la gente y otros consideraron que era mejor no publicarlos. Sin embargo, coincidieron en que si va a ser para que la persona tenga control sobre ellos y pueda pedir que corrijan los errores, el mundo.  Efectivamente, puede prestarse para fraudes, persecuciones políticas, y otros malos usos.