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Si el presidente Álvaro Uribe hubiera leído el mensaje que los obispos de Colombia le enviaron en septiembre de 2004 con motivo de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, posiblemente habría evitado la crisis del sistema de salud y el desgaste político que la emergencia social le ha generado.
En esa carta, monseñor Pedro Rubiano Sáenz le decía al Presidente que cerca de 20 millones de colombianos no tenían acceso a medicamentos, bien porque estaban fuera del sistema, o porque eran demasiado costosos y no podían pagarlos. La Iglesia señalaba dos problemas. El primero era el monopolio de facto que se produce con los medicamentos de última generación, que suelen ser los más efectivos pero también los más costosos, pues están protegidos para no tener competencia durante varios años, es lo que impide que los laboratorios nacionales saquen a la venta drogas similares más baratas.
La segunda preocupación era la liberación del mercado de las medicinas. Mientras Juan Luis Londoño había mantenido una rígida política para controlar los precios de los medicamentos, especialmente los de última generación; después de su muerte, su sucesor, Diego Palacio, empezó paulatinamente a liberar los precios. Las primeras en quedar a la merced del mercado fueron 55 drogas para combatir el cáncer, cuyos costos se elevaron automáticamente. Como estaban por fuera del POS, muchos pacientes los obtuvieron mediante tutelas y el Estado terminó pagando, a través del Fosyga, el alza que el propio Ministro de Protección había propiciado.
El puntillazo final para el sistema de salud ocurrió en 2006. Tras acoger las recomendaciones de un estudio financiado por los laboratorios, el Ministerio liberó el precio de casi todos los medicamentos. Los recobros de las EPS y los hospitales llegaron a 628.000 millones. Una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que en 2004, cuando comenzó la liberación de precios, los recobros al sistema habían sido de 170.000 millones.
Esta política de libre mercado, unida a la falta de control sobre las entidades de salud que empezaron a cobrar sin límites todo tipo de tratamientos que no estaban incluidos en el POS, disparó el gasto. En 2007 se pagó casi un billón de pesos por recobros, en 2008 ascendieron a 1,5 billones y el año pasado ya eran casi dos billones.
Según el Observatorio de Medicamentos de Colombia (Observamed), por lo menos la mitad de todos estos pagos estaba concentrada en medicinas de última generación. Sólo en 2008, 20 medicamentos oncológicos, para la artritis, la hemofilia y el aumento del colesterol representaron 500.000 millones.
"Es bueno aclarar que desde 2007 le advertimos al gobierno que por esta vía algunos médicos, EPS y hospitales estaban llevando al sistema a la quiebra", dijo Óscar Andia, director de Observamed.
Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro, agremiación que reúne la mayoría de multinacionales farmacéuticas, aclara que otros factores también fueron definitivos para acelerar la crisis. Por un lado, que el POS no se actualizó y se quedó anclado en las medicinas que se recetaban en 1993. Por eso las nuevas siempre eran recetadas vía tutela. De otra parte, la aparición de intermediarios generó un absurdo sobreprecio final de los productos. En algunos casos el gobierno pagó 700 por ciento más caro el producto que el precio de lista de los laboratorios.
"Lo que dice Afidro es una cortina de humo. Si bien en los diferentes eslabones de la cadena puede haber un encarecimiento, se mantiene la constante de que los productos que no tienen competencia, en su mayoría de multinacionales, siempre registran precios exorbitantes, inalcanzables para los pobres", afirma Alberto Bravo, presidente de Asinfar, gremio que reúne los laboratorios nacionales.
Estos problemas eran tan evidentes, que los decretos de emergencia buscan corregirlos: se vuelve al control de precios, se limita el monopolio de las drogas especializadas y se crean bases de datos para saber cuánto vale cada medicina en toda la cadena, desde la producción hasta cuando llega al enfermo. Es decir, el gobierno tuvo que ver al paciente casi agónico para corregir los errores que él mismo había cometido y que les han costado a todos los colombianos miles de millones de pesos.
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