Expertos piden que se exija licencia ambiental para siembra de semillas modificadas

Históricamente, el plato de comida de los colombianos ha estado conformado, en su mayoría, por yuca, papa, arroz y derivados del maíz, la soya y el trigo. El vestuario, algo indispensable para la vida diaria, suele fabricarse con algodón.

Estas necesidades tan cotidianas se satisfacen con productos que provienen de la naturaleza. Pero desde hace algunos años, estudiosos, gremios y organizaciones empezaron a vaticinar un apocalíptico futuro: la desaparición de las semillas para su reproducción y la dependencia de las semillas transgénicas que producen empresas multinacionales.

En Colombia ya se están usando esas semillas. Solo en 2009, fueron sembradas 16.821 hectáreas con semillas de maíz transgénico y 18.873 con algodón modificado en laboratorios. Las cosechas de esos productos tienen licencia para comercializar y consumir. En menores proporciones, también se están sembrando trigo, soya, remolacha y arroz con semillas transgénicas (ver tabla). Y en algunos lugares del país, se están haciendo experimentos para hacer lo mismo con el arroz, la yuca, la caña, el café y la papa (ver gráfico elaborado por la organización Agro-Bío con información del ICA)
 
La preocupación de quienes ven con temor el uso de esas semillas se ha incrementado últimamente. Algunas organizaciones están advirtiendo que el Ministerio de Ambiente está a punto de emitir un decreto sobre el uso de los transgénicos en el que, según se ha conocido hasta ahora, no contempla la exigencia de una licencia ambiental para importar y sembrar esas semillas modificadas en los laboratorios.

La queja no proviene de meras agrupaciones que ven con tremendismo los desarrollos científicos. Recientemente, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) emitió un pronunciamiento en el que asegura que la norma que quiere sacar el Ministerio “no contempla ningún tipo de restricciones para el ingreso a Colombia de organismos genéticamente modificados”. 
 
Así, según advierten algunos expertos, el Gobierno estaría desaprovechando la oportunidad de reglamentar la exigencia de una licencia ambiental que, con base en estudios científicos, evalúe cuáles semillas transgénicas pueden ser usadas con la plena seguridad de que no van a causar mutaciones en otras plantas.

El temor de que no haya controles es que pueden ingresar al país semillas que con su polen modifiquen las plantas nativas. “La clave es qué capacidad tiene el polen de las plantas transgénicas de causar mutaciones en otras plantas. Ahí es donde se tienen que hacer los estudios”, explica Luis Alfonso Escobar, director de Corantioquia.

En ese mismo sentido, Germán Vélez, del grupo Semillas, dice que “no hay certeza ni ningún mecanismo que garantice que estas semillas no contaminan las variedades criollas”.

Escobar cita algunos casos que han ocurrido en otros países donde, según cuenta, plantas naturales sufrieron mutaciones como consecuencia de su cercanía a cultivos sembrados con semillas transgénicas.

Por ejemplo, en San Luis (Estados Unidos) un par de cultivadores de arroz demandaron a una multinacional porque el polen de las plantas sembradas con sus semillas estaba afectando las especies nativas. Se redujo su producción y se modificó el grano de arroz de las plantas naturales. Un juez falló a favor de los demandantes y ordenó una indemnización. En Chile ocurrió un caso similar. Y en México, “el ingreso indiscriminado de maíz transgénico ha ocasionado la pérdida de cientos de especies nativas de esta planta en esta nación”, dice Corantioquia en su pronunciamiento.

María Andrea Uscátegui, de la organización Agro-Bío, que defiende la biotecnología, dice que en este momento sí hay mecanismos que permitan evaluar científicamente las semillas transgénicas que entran al país y que diligenciar una licencia ambiental sería un trámite que complicaría el ingreso.

El proceso para comercializar las semillas en el país pasa por varias etapas que contemplan pruebas científicas que las empresas que las producen deben entregar a las autoridades colombianas. Para el caso de los productos agrícolas, existe un comité conformado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los ministerios de Agricultura, Protección Social y Ambiente y Colciencias.

“En estos comités hay un esquema científico basado en pruebas que ha desarrollado el ICA para reglamentar el uso de las semillas. Dentro de los comités hay personas especializadas que pueden solicitar más requisitos cuando noten que hay aspectos por mejorar”, dice Uscátegui.

Sin embargo, otros expertos, como Escobar y Vélez, consideran que cumplir con el requisito de una licencia ambiental le da mayor control ambiental al uso de las semillas para garantizar que, en el futuro, la comida de los colombianos siga siendo natural y no dependa solamente de las semillas que vendan las multinacionales. Semana.com buscó una explicación del Ministerio de Ambiente sobre el tema, pero no tuvo respuesta.
 
En su pronunciamiento, Corantioquia hace referencia al Instituto Alexander von Humboldt, que le envió esta respuesta.