Pacto contra el tráfico ilegal de madera

El 40 por ciento de la madera que produce Colombia proviene de árboles talados ilegalmente. Este promedio llevó a que el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en asocio con otras entidades nacionales y extranjeras iniciaran el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia.

No es un secreto que los bosques y la selva son los pulmones de la tierra y una contra poderosa del calentamiento global. Desde 1990 a 2005 cada año han desaparecido en el mundo entre 7 y 8 millones de hectáreas de bosque para ser destinados en usos agrícolas, ganaderos o plantaciones arbóreas intensivas para la producción de celulosa, la materia prima del papel.

En Colombia por su extensión y rica biodiversidad tropical se viene dando hace años la tala indiscriminada e ilegal de árboles. El 53,5 por ciento (61 millones de hectáreas) de la superficie continental nacional es bosque. Pero no va a durar mucho tiempo. Se extraen de ese bosque cada año 3,4 millones de metros cúbicos de madera, de los cuales, según cálculos del ministro del Medio Ambiente y Vivienda, Carlos Costa, cerca 1,4 millones es fruto de la tala ilegal.


.
El ministro asegura que en este negocio no hay grandes mafias, y que los taladores ilegales suelen ser de las mismas comunidades que tumban árboles para sobrevivir o para revender en pequeña escala. Esto les trae ingresos por unos 60 millones de dólares al año, afirmó el ministro Costa en una rueda de prensa esta semana.

Cosa distinta piensa José Miguel Orozco, asesor de Gobernanza Forestal, un proyecto apoyado por la Unión europea para el manejo sostenible de bosques en Colombia. Él considera que si bien no hay un gran cartel de la madera, sí hay un comportamiento mafioso en algunas zonas madereras y calcula que el negocio es mucho mayor: de unos 200 millones de dólares al año en ventas.

Para Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de Fedemaderas, la tala de bosques para sembrar cultivos ilícitos es quizá el mayor enemigo de las industrias de producción de maderas legalmente constituidas. Los bosques también caen a medida que avanza la frontera agrícola al oriente y sur del país, para hacerle campo a otros cultivos y a la ganadería.

Los sitios donde más se corta y se vende madera ilegal en Colombia se encuentran en Riosucio (Chocó), Villa Garzón (Putumayo), Cimitarra (Santander) y Piamonte (Cauca). Y en alto riesgo están los bosques que hacen parte de los Parques Nacionales Naturales del Cocuy, Paramillo y Los Katíos.

Según cálculos del gobierno, el tráfico ilegal devasta 48 mil hectáreas de bosques anualmente y tiene en riesgo, por sobreexplotación, a 21 especies, entre ellas el cedro.
 

.
En el mundo uno de los mayores consumidores de madera tropical es la Unión Europea, pero también ha sido uno de los primeros en adoptar una legislación que elimine del mercado europeo la presencia de madera extraída ilegalmente.

Thierry Dudermel, primer consejero de la delegación de la Comisión Europea en Colombia, afirma que la deforestación está adquiriendo más importancia en la agenda global debido a que el bosque contrarresta las emisiones de bióxido de carbono (CO2), origen del calentamiento global. Por ello la Comisión busca incentivar el buen manejo del sector y la sostenibilidad, afirmó Dudermel.

Por eso respaldan este Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. Para el Ministerio de Medio Ambiente la importancia del pacto es que reúne a toda la cadena productiva: corte, transformación y comercialización. Además logra que a partir de intereses particulares (productores, transportadores, fabricantes, comerciantes y ONGs,) del sector maderero, en coordinación con los gobiernos de países compradores en la Unión Europea y el gobierno colombiano, se logre un bien común, trabajar solo con madera legal, afirmó Costa.

Un buen complemento del pacto fue la ley ambiental 1333 del 2009, en la cual el gobierno logró darle herramientas a las autoridades ambientales para controlar la tala y el tráfico ilegal de madera. Entre las medidas de la norma están, el aumento del valor de las multas, la confiscación de bienes y la creación del Registro Único de Infractores por medio del cual se le hará seguimiento a quienes infrinjan las normas.

No es muy claro cuál va a ser la política frente a las familias que viven desde hace años de cortar madera, incluso en forma itinerante por todo el país. Ellas apenas derivan su sustento de este oficio y necesitarían apoyo del gobierno para poderse incorporar al mercado legal.

Si bien la extracción de madera solo representa el 0,2 por ciento del PIB nacional, la trascendencia que puede tener el pacto por la madera legal va más allá de lo económico. La sostenibilidad del ecosistemas en Colombia y en últimas la vida, dependerá de controlar la tala indiscriminada de bosques.