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| 3/7/2015 10:00:00 PM

Delirando por Cali y Por la justicia

Andrea Buenaventura, Directora de la Fundación Delirio; y Ángela María Buitrago, Abogada y docente de derecho penal.

Delirando por Cali

Andrea Buenaventura, Directora de la Fundación Delirio.

Para ella la salsa es todo, y por eso en 2006 creó la Fundación Delirio, un espectáculo que rescata lo mejor de este género musical. Con él le ha dado la vuelta al mundo poniendo en alto el nombre de Cali. Pero más allá de la salsa, Delirio es un ejemplo de emprendimiento social. Con cientos de bailarines y músicos y un equipo de colaboradores, este espectáculo permite a los apasionados por la salsa tener una opción laboral y la oportunidad de conseguir reconocimiento profesional. “Yo siento gratitud al ver un bailarín desempeñar su arte, su capacidad de crecer, su capacidad para salir de la adversidad, sobre todo con una sonrisa en la boca y con una conexión de sus pies con sus entrañas. Eso me hizo voltearlos a mirar y quedarme con ellos en el alma por siempre”. Pero antes de llegar a este punto Andrea,  administradora de empresas especializada en mercadeo, hizo un recorrido profesional –poco salsero- que terminó por llevarla al mundo de la danza. Anteriormente trabajó como gerente de imagen de Emcali, en la Secretaría General de la Alcaldía, la gerencia de la Feria de Cali y la dirección del Fondo de Promoción de la Cámara de Comercio de la ciudad. Ya nadie le quita lo bailado.

Por la justicia

Ángela María Buitrago, Abogada y docente de derecho penal.

Cuando se trata de resolver un caso de violación de derechos humanos, corrupción y asesinatos políticos, Ángela María Buitrago es la indicada. Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia tuvo a cargo el trabajo de investigar la desaparición de 11 personas cuando el Ejército hizo la retoma del Palacio de Justicia, tras ser ocupado por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985. Gracias a su gestión como fiscal delegada ante la Corte Suprema y a su experiencia en derecho probatorio, en 2007 logró lo que en años había sido imposible: dar con los culpables de las desapariciones. “Durante la investigación, más que las presiones, lo más difícil fue conocer las torturas a los detenidos y ver como a los familiares de los desaparecidos se les iba la vida en su búsqueda”, cuenta. La llamada ‘fiscal de hierro’ acusó y dictó medida de aseguramiento al coronel Alfonso Plazas Vega y a otros militares implicados. Sin embargo, en septiembre de 2010 salió del ente acusador. El caso no volvió a registrar mayores avances. Solo ocupó los titulares nuevamente en diciembre del año pasado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó los hallazgos de Ángela María: declaró responsable al Estado, ordenó pagar una indemnización millonaria para las víctimas y realizar un acto de perdón y castigo para los responsables.


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