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Otra polémica licencia de la ANLA suscita protesta indígena

La aprobación de la licencia ambiental para la construcción de la doble calzada de la vía Sincelejo-Toluviejo (Sucre) hizo que miembros de la etnia zenú se amarraran a la entrada del Minambiente.

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Un grupo de indígenas de la etnia zenú, del cabildo Flores de Chinchelejo, se encadenó en las puertas del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá, en protesta porque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental a la empresa Autopistas de la Sabana para la construcción de la segunda calzada de la vía Sincelejo-Tolú. 

Según los manifestantes, si la obra prosigue se verán daños irreparables al medio ambiente y se pondrá en riesgo a la comunidad, “por el resquebrajamiento de suelo provocado por derrumbes que están amenazando el colapso de varias viviendas de la vereda El Cielo”. (Lea también: Polémica exploración petrolera pondría en riesgo a Caño Cristales)

El capitán indígena Luis Rafael Martínez, amarrado con una cadena, dijo a Semana.com que las licencias otorgadas por la ANLA son antitécnicas y están acabando la fauna y el patrimonio ancestral como lo es el cerro sagrado Alto de Sierra Flor, cerca de Sincelejo, donde hacen sus rituales y pagamentos. (También le puede interesar: Una grabación que revelaría los manejos turbios al interior de la Anla

“Han destruido una escuela de lengua nativa que teníamos ahí en el alto de Sierra Flor, violaron nuestros derechos tutelados, hicieron desplazamiento forzado de seis familias, de las 40 que estamos perjudicadas, por orden de la Alcaldía y del vicepresidente Germán Vargas Lleras que dijo que esos son recursos del Estado,” señaló el líder indígena.

Denunció además, que la empresa contratista está realizando extracciones mineras de material pétreo de manera ilegal y también ha intervenido el cauce de fuentes hídricas en los cerros de la Sierra Flor.

Agregó que no fueron tenidos en cuenta para el trazado de la vía que atraviesa el territorio protegido, puesto que la consulta previa que se realizaron los contratistas se hicieron por fuera del cabildo.

Martínez asegura que todas estas irregularidades son conocidas desde que Fernando Iregui Mejía era director general de la ANLA “y jamás actuó por frenar estas irregularidades. Antes, por el contrario, las ocultó”.

El cacique Alfonso Santos Pacillo, afirmó que permanecerán atados a las puertas del Ministerio hasta cuando sus peticiones sean atendidas por esa dependencia y por el Ministerio del Interior.

Los nativos exigen la suspensión inmediata de las obras y de las licencias otorgadas y que se les vincule en calidad de parte dentro del licenciamiento ambiental, bajo el marco del derecho a la consulta previa.

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