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En video: los brazaletes electrónicos que no controlan a los presos

De 4.400 dispositivos por los que paga el Gobierno para los reclusos con detención domiciliaria y otros, sólo funcionan cerca de 1.600. Hay más de 2.500 internos que no son monitoreados.

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La medicina resultó ser peor que la enfermedad. Esa parecería ser la conclusión que deja actualmente el uso de los brazaletes electrónicos para presos con detención domiciliaria y con libertad vigilada. La medida con la que las autoridades esperaban descongestionar las colapsadas cárceles del país.

En concreto, la mayoría de los equipos en los que el Gobierno invierte millonarios recursos no funcionan y, actualmente, son cientos los reclusos que están en las calles sin ser vigilados.

La primera en advertir esta situación –el pasado 7 de julio– fue la Contraloría General, que abrió una indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado por presuntas irregularidades en el contrato 0321 del 5 de diciembre del 2014 suscrito entre la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) y la empresa Energía Integral Andina S. A.

Allí el organismo de control advirtió que, aunque se pagaron más de 21.000 millones de pesos por 4.250 dispositivos en el 2014, “durante los períodos liquidados” sólo estaban en servicio 1.355. “Con la indagación preliminar se busca probar ese pago en exceso, que se configuraría en daño patrimonial, por pagar servicios no recibidos”, según la Contraloría.

Pero las cifras van más allá. Semana.com conoció el informe que el director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, envió el pasado 18 de marzo al entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, donde le explica la situación actual del sistema de vigilancia electrónica (Ver misiva).

“Respetuosamente, señor ministro, solicito su apoyo para que se realice un seguimiento exhaustivo a la labor de supervisión del contrato en mención (024 de 2011 y 321 de 2014), durante los meses restantes, teniendo en cuenta que a la fecha existen novedades graves que impiden la prestación eficiente del servicio contratado”, dice la misiva.

Allí resalta que de los 4.400 dispositivos contratados, sólo estaban en normal funcionamiento 1.650 y el resto de unidades no estaban siendo monitoreadas correctamente. Además de esto, asegura que la tecnología es obsoleta, lo que dificulta el seguimiento y el control a los internos por parte de los guardias del Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi) del Inpec.

“Existen en la actualidad 2.568 internos en domiciliaria que no están siendo monitoreados por problemas técnicos que no han sido solucionados por la empresa contratista. (…) La empresa actual no cuenta con un stock de repuestos y dispositivos para corregir estas novedades (…) El Inpec ha informado de manera categórica a la Uspec sin encontrar soluciones al respecto”, concluye la carta.

En este último punto está el talón de Aquiles de este contrato. Aunque normalmente el Inpec recibe las críticas por no controlar a los presos, la empresa que contrató la Uspec es la única que tiene la obligación y la capacidad técnica de solucionar las fallas, pues “es la encargada de prestar el servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica”.

La situación se había advertido desde mucho antes. Hace más de un año, el 8 de mayo del 2015, el director del Inpec envió otra misiva en la que informaba que 405 dispositivos presentaban fallas y había 915 instalaciones pendientes derivadas de órdenes judiciales (Ver misiva). Como si fuera poco, Semana.com conoció varios informes y misivas (desde el 2014) que el Cervi envió a la Uspec y a la empresa contratista para solucionar las fallas. Pero –según dicen en el Cervi– nada pasó. 

En los documentos aparece –por ejemplo– que las líneas telefónicas, necesarias para estar llamando a los reclusos, también dejaron de funcionar en algún momento. “Se supone que la empresa tiene 72 horas para solucionar las novedades, pero nunca solucionan nada (…) Los equipos tienen una tecnología obsoleta, tanto que ya no se encuentran los repuestos originales de los aparatos y terminan arreglándolos con cinta o con repuestos improvisados por los empleados de esa empresa”, dijo un empleado del Cervi a Semana.com.

Otro funcionario de esta entidad aseguró que se presentó el caso de un recluso al que no logró ubicar durante un año porque el dispositivo que se le instaló estaba dañado. “En Barranquilla, por ejemplo, sólo se tienen vigilados actualmente el 30 % de los presos con brazaletes electrónicos”, dijo.

Y es que el problema es más complejo de lo que parece. Aunque los guardias del Inpec deben hacer control a los presos, no pueden detenerlos sin una orden judicial. “Nosotros avisamos a la empresa las novedades que se deben solucionar. Y pasamos reportes a los jueces cuando los detenidos han infringido las normas. Sin embargo, hay muchos casos en que los presos no infringen, sino que son los dispositivos los que fallan”, dijo.

¿Por qué la misma empresa?

Desde diciembre del 2011, la empresa Energía Integral Andina S. A. ha ganado los contratos con la Uspec para estos efectos. El primero, el contrato 024 de 2011, fue firmado por 39.000 millones de pesos y tenía como objetivo la “implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica para internos con domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad” (Ver contrato).

Luego hubo una prórroga y tres adiciones por casi 22.000 millones de pesos que mantuvieron a esta empresa a cargo del sistema de vigilancia hasta finales del 2014. Después de otra licitación, esta empresa volvió a ganar el contrato 321 de diciembre de 2014 por un poco más 14.310 millones de pesos. Allí el objetivo era “prestar el servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para internos con domiciliaria” y otros. Al igual que en las ocasiones anteriores, hubo adiciones por casi 7.000 millones de pesos.

Por último, la empresa obtuvo otro contrato, en enero del 2016, por 19.458 millones de pesos (el actual). Lo más escandaloso de todo esto es que las prórrogas y las adiciones se realizaron con el objeto de garantizar la prestación del servicio “ininterrumpido” de vigilancia electrónica (Ver otrosí No. 3 del contrato 321 de 2014).

La duda que surge a muchos es, ¿por qué esta empresa ha ganado todas las licitaciones, sobre todo cuando no ha cumplido a cabalidad con el contrato?

Semana.com intentó comunicarse con fuentes de la Uspec, pero no fue posible obtener una respuesta debido al reciente cambio de dirección. Sin embargo, esa entidad emitió hace unos días un comunicado –en respuesta a la Contraloría– donde asegura que fue necesario prorrogar el contrato del 2014 “dada la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad del servicio mientras se surtía dicho proceso”. Y agrega que el proceso licitatorio No. 047 del 2015 “fue declarado desierto por múltiples razones de carácter técnico y de mercado, que escapan al ámbito de control de la unidad”.

También se asegura que si bien la supervisión del contrato la realizaba la Uspec, para hacer los pagos contaron con la “certificación de servicios efectivamente prestados” emitida por el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual. “Con base en lo anterior, la Uspec confirma que este requisito fue cumplido a cabalidad en todos y cada uno de los pagos realizados por los servicios recibidos”, dijo la Unidad.

Sin embargo, Semana.com conoció varios reportes –fechados entre el 2014 y el 2016– en los que el Cervi reporta a la Uspec el número de dispositivos que están fuera de servicio y cuántos estaban presentando fallas. “Nosotros siempre hemos reportado a la Uspec los dispositivos que no funcionan, pero es como si no importara”, dijo una fuente del Cervi.

Por ahora, serán las autoridades las que definan qué está ocurriendo con los contratos de los brazaletes electrónicos en el país.

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