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De la mano del Ejército, indígenas tendrán un nuevo comienzo

El Ejército llegó por primera vez a diez resguardos que rodean el golfo de Urabá para construir ocho capitales indígenas en una zona con fuerte presencia del narcotráfico.

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La armonía y la amistad entre el Ejército y las comunidades indígenas pueden parecer una utopía en muchas partes del país, pero predominan en las selvas y montañas del sur de Córdoba, Urabá y el bajo Cauca antioqueño. Los resguardos en esta franja del país llevan décadas en condiciones precarias y sin presencia de entidades del Estado. Por eso, el Ejército decidió cambiar su intervención armada por una social en las comunidades para mejorar sus condiciones de vida, lo que a su vez ha mejorado la seguridad en la región al bloquear algunas rutas del narcotráfico y refugios de bandas criminales. “Los sitios que se han escogido son áreas tradicionalmente afectadas por los grupos al margen de la ley, así que decidimos llegar a estas comunidades y ganarnos su confianza. Ellos solo veían el soldado que patrullaba estas tierras, ahora lo ven como sinónimo de progreso y bienestar”, comenta el mayor general Ricardo Jiménez, jefe de Operaciones del Ejército.

Los grupos armados ilegales, la minería criminal y los corredores del narcotráfico en esta zona hacia el golfo de Urabá seguía siendo una preocupación constante para el gobierno. A pesar de que las Fuerzas Militares han logrado recuperar terreno desde que en 2010 nació la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, los grupos armados ilegales aún utilizan a los indígenas zenú, emberá y tule como escudos humanos en los combates, y esto se convirtió en otro gran problema.

Hoy, por cuenta del trabajo del cuerpo de ingenieros, diez comunidades disfrutan el proyecto Kapitales Indígenas, complejos arquitectónicos que incluyen centro de desarrollo infantil, colegio, puesto de salud, casa de gobierno y servicios públicos.

Una vez materializadas estas obras, otras entidades se sumaron al desarrollo de los resguardos. El Sena comenzó a capacitar en orfebrería, agricultura, costura, educación infantil y artes, mientras que el ICBF llegó con el programa Semillas de Vida, una adaptación para comunidades indígenas de la estrategia nacional de atención a la primera infancia De Cero a Siempre.

Sin embargo, la tarea no fue fácil. “Antes, cuando oíamos que llegaba el Ejército nos daba miedo. La gente nos decía que también eran malos”, comenta Rosiris Roqueme, cacica del resguardo zenú El Pando, en Caucasia, Antioquia. Ganarse la confianza de la comunidad tomó varios meses, pero en 2011 el Ejército fue el único en llegar para apagar un voraz incendio en la población, lo que motivó a la cacica a aceptar el proyecto militar, que finalmente el Ministerio de Defensa inauguró en diciembre de 2014.

El siguiente proyecto favoreció a cerca de 1.000 personas que conforman el resguardo Emberá Dokerazabi en las selvas de Turbo, quienes han sufrido constantemente la violencia. “Aquí ha sido duro. Entre 2001 y 2015 nos mataron nueve líderes. En 2009, las Farc desplazaron a diez familias y en 2011 a 13 más. En 2012 y 2013 fueron las bandas criminales las que desplazaron 23 familias y nos mataron a un profesor”, asegura Rogelio Domicó, asesor del Cabildo Mayor de Turbo.

Según dice Luis Fernando Bailarín, gobernador local de Dokerazabi, llevan siglos en el abandono y no creían que el Estado viniera con un proyecto para ellos. La comunidad ayudó a diseñar la capital y escogieron los materiales para las estructuras elevadas del suelo, ya que la tierra para ellos es sagrada. Poco después, llegó el Sena que capacita a algunos líderes indígenas para que impartan programas agropecuarios. También aterrizó el programa Semillas de Vida para enfocarse en los estándares de nutrición de los niños sin retirar los elementos característicos de su culinaria ancestral.

En Tuchín, Córdoba, la comunidad zenú del resguardo Venecia que antes tenía a cerca de 200 niños hacinados en un salón o recibiendo clases debajo de los árboles, ya cuenta con educación primaria y bachillerato. En el resguardo se encuentran dos consultorios médicos, uno donde atiende el médico occidental y otro donde trabaja el médico indígena ancestral. “Lo que no puede tratar el uno lo trata el otro, aprendimos a trabajar en cooperación”, dice Idelma Montes, médica ancestral del pueblo zenú. Además, aprovecharon las construcciones para convertir la capital indígena en el sitio turístico del sombrero vueltiao.

Cuando los otros resguardos vieron que el discurso iba en serio, comenzaron a dialogar con los militares, quienes tuvieron que priorizar las comunidades más vulnerables y las que vivían en condiciones más difíciles de seguridad. Hasta el momento han entregado cuatro capitales en los municipios de Caucasia, Zaragoza y Turbo, en Antioquia, y Tuchín, en Córdoba. Mientras que entregarán este año otras cuatro en Apartadó, Necoclí, Chigorodó y Dabeiba, en el Urabá antioqueño.

El comandante del Ejército, general Alberto Mejía, está convencido de que la misión de sus hombres va más allá de la intervención armada. “Estamos trascendiendo la línea operacional para centrarnos también en la vocación de servicio social y así contribuir en la calidad de vida de cada colombiano. Los ingenieros militares encaminan sus esfuerzos hacia los pueblos ancestrales del país para ofrecerles sostenimiento y continuidad a sus creencias y forma de vida”, comenta.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ha invertido cerca de 33.000 millones de pesos en los proyectos y la Jefatura de Ingenieros del Ejército ha supervisado todas las construcciones. Hoy, las comunidades zenú, emberá y tule esperan la segunda etapa de las obras, que les permitirá tener 567 viviendas y empiezan a creer más en el respaldo gubernamental. “Queremos que apoyen a los 102 pueblos indígenas de Colombia que tienen tantas necesidades. El Ejército y los indígenas no tenemos por qué mirarnos como enemigos, podemos trabajar en armonía”, dice Dairo Blanco, cacique territorial zenú en Tuchín.

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