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Las diferencias entre Gobierno y FARC por la justicia transicional

Mientras el Gobierno habla de penas privativas de la libertad, la guerrilla defiende la amnistía.

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El Gobierno y las FARC cerraron este viernes otro ciclo de diálogos de paz en La Habana, en el que dejaron patentes sus diferencias sobre la justicia transicional, mecanismo clave para la reparación de las víctimas y la asunción de responsabilidades del conflicto armado.

Mientras que la parte gubernamental señala que el resarcimiento de las víctimas debe ir acompañado por penas de privación de la libertad de los principales responsables de delitos graves; la insurgencia defiende una amnistía para los guerrilleros apoyada en la naturaleza política de sus delitos y el derecho a la rebelión.

Desde el inicio del proceso de paz, la guerrilla se ha mostrado inamovible en esa postura, reitera la responsabilidad principal del Estado y de la Fuerza Pública en el conflicto y rechaza los mecanismos de justicia transicional propuestos por su contraparte.

Sobre este asunto, el jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, anunció la creación de un grupo de expertos que estudia "con toda seriedad y compromiso la aplicación diferenciada de mecanismos de justicia transicional para militares y policías", semejante a la que piden para la insurgencia.

"No pueden terminar guerrilleros en el Congreso y militares en la cárcel. (...) Así como tiene que haber reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, así también nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares. Las dos cosas van de la mano", subrayó.

Este grupo lo integran expertos nacionales e internacionales, además de delegados de los Ministerios de Defensa y Justicia, del Comando de Transición de las fuerzas militares y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por su parte, la guerrilla expresó sus suspicacias sobre esos mecanismos de justicia transicional, que se aplicarían de manera similar tanto a los "alzados en armas", como a los miembros de la fuerza pública, debido a la "crisis institucional", el "desprestigio" y la "corrupción" que afecta al Estado.

"Preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia", señaló el ‘número dos’ de la guerrilla, Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’.

"A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos", precisó el jefe negociador de las FARC, quien insistió en la necesidad de que el Estado reconozca que es "gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto social y armado".

En el ciclo de conversaciones de paz que termina hoy las partes también mantuvieron una primera reunión técnica para discutir los detalles del plan de desminado de tierras que acordaron el pasado 7 de marzo, y que supuso un avance sustancial hacia el fin del conflicto.

Fruto de esas reuniones, las partes anunciaron hoy que los trabajos de limpieza de tierras de minas antipersona y artefactos explosivos se iniciarán en los departamentos de Antioquia y Meta, aunque no se han definido los lugares exactos.

El Batallón de Desminado del Ejército (BIDES) se encargará de la limpieza bajo la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega (APN) y con la colaboración de guerrilleros que, sin uniformes, desarmados y a los que se les suspenderán las órdenes de captura, brindarán información y facilitarán las tareas.

Se estima que más de la mitad de los municipios de Colombia tiene campos con minas, artefactos que han causado más de 11.000 víctimas entre muertos y heridos en el país desde 1990, el segundo del mundo más afectado por este problema, sólo después de Afganistán.

El Gobierno y las FARC reanudarán los diálogos de paz el próximo 10 de abril, cuando retomarán el debate sobre la reparación de las víctimas, acuerdo que de momento se ve entorpecido por sus discrepancias a la hora de interpretar la justicia transicional.

En el próximo ciclo se reunirá de nuevo, en los tres últimos días, la subcomisión técnica, en la que altos mandos militares de la Fuerza Pública y de la guerrilla discuten propuestas para un alto el fuego bilateral y definitivo y la entrega de armas de la insurgencia.

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