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El nuevo flagelo que devora a Colombia

La minería ilegal está acabando con las selvas y ríos del país. Informe exclusivo de SEMANA de una tragedia silenciosa.

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Poco antes de las siete de la mañana del pasado 26 de marzo, 110 hombres salieron de sus barracas y llegaron a la pista de la base de la Policía en Mariquita, Tolima. Con rapidez, 80 policías de la dirección de carabineros, diez funcionarios del CTI, y los pilotos del Ejército y la Fuerza Aérea abordaron nueve helicópteros, entre Black Hawk y Arpías. Detrás de ellos despegó el conocido avión fantasma. Parecía el inicio de una operación contra algún jefe guerrillero o un gran capo del narcotráfico. Sin embargo la misión era diferente. Y el desafío también.

Una hora después de despegar llegaron a su destino. Los primeros helicópteros se aproximaron a un paraje a 18 kilómetros de Puerto Berrío, Antioquia. Cuatro Black Hawk descendieron en medio de un tapete verde de árboles hasta una inmensa mancha café. Los policías de los escuadrones móviles de carabineros se lanzaron desde las aeronaves a pocos metros del suelo, mientras el Arpía de la FAC, otros dos del Ejército, y el avión fantasma sobrevolaban el área prestando seguridad. Pocos minutos después otro helicóptero dejó a los investigadores del CTI. El sitio era una mina ilegal. Y de acuerdo con las disposiciones legales se destruyeron con explosivos las cinco retroexcavadoras, tres dragas y dos motores que eran usados en el lugar para la explotación ilegal de minería. “Como no es posible que nosotros utilicemos armas de algún tipo la operación duró tan solo 25 minutos, que es el tiempo promedio que debe durar máximo estas acciones, para evitar asonadas en el sitio y evitar ser atacados por grupos armados que lleguen para impedir la destrucción de la maquinaria ilegal”, contó a SEMANA el coronel Jorge Esguerra, jefe de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Dirección de Carabineros (Dicar).


Dos retroexcavadoras devoran una montaña cerca del municipio de Ayapel, Córdoba.

De ese lugar partieron para otras dos minas cercanas. Esas son las más recientes de las 232 operaciones de ese tipo que se han realizado tan solo en el primer trimestre de este año. Ese ritmo de casi tres operaciones diarias habla de la intensidad de una lucha que pocos colombianos ven o conocen. Pero, sobre todo, deja en evidencia el tamaño de un fenómeno que se transformó en un desafío para el Estado y que por sus características se está convirtiendo en una lucha más compleja que la del narcotráfico, con ganancias tan lucrativas que incluso en algunas zonas del país ya ha desplazado el otrora rentable negocio de la cocaína. “Donde llega la minería ilegal se presenta un ciclo criminal perverso que comienza con arrasar el medioambiente, llegan los grupos criminales, aumenta la deserción escolar, aparece la prostitución, hay un aumento de la violencia, se activa una economía ficticia y se dispara la extorsión”, explicó a SEMANA el general Luis Eduardo Martínez, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, quienes son la punta de lanza contra ese flagelo.

Holocausto ambiental


La minería ilegal es una manifestación criminal que no es nueva en el país pero que en los últimos diez años se ha disparado en el territorio, y viene causando un daño irreparable y masivo a las selvas y los ríos. No obstante, ha aumentado considerablemente en el último lustro en gran medida debido a que esa actividad se transformó literalmente en una ‘mina de oro’, que nutre de dinero las arcas de organizaciones criminales, incluyendo grupos guerrilleros y bandas de delincuentes a lo largo y ancho del país. Las imágenes del holocausto ambiental son contundentes y las estadísticas del Ministerio de Ambiente y las autoridades son muy inquietantes (Ver especial multimedia).

En 233 municipios, en 24 departamentos del país, cerca del 70 por ciento del territorio, se han detectado actividades de minería ilícita. El 60 por ciento corresponde a explotaciones de oro, 25 por ciento de coltán, 10 por ciento de carbón y 5 por ciento de tungsteno. Más de 90 ríos, entre ellos algunos tan importantes como el Cauca o el Magdalena, han resultado contaminados producto de la explotación aurífera con materiales como el mercurio, impidiendo que el agua sea potable o que se puedan realizar actividades de pesca. En cerca de la mitad de esos municipios, la actividad de la minería ilegal está controlada y tiene presencia de FARC, ELN o Bacrim, principalmente por el clan de los Urabeños. En algunas poblaciones hay presencia simultánea de los tres grupos.


El área comparativa del Estadio El Campín (en el círculo abajo) ilustra la dimensión del daño ambiental.


Cerca al municipio de Mistrato, Risaralda.

“No es un cliché decir que el oro es mejor negocio que la coca y eso lo entendieron los grupos armados y los delincuentes”, explicó a SEMANA un analista de la dirección de inteligencia de la Policía (Dipol) en donde está concentrada la mejor y mayor cantidad de información que tienen las autoridades sobre minería ilícita. “Se viene presentando un cambio y la economía ilegal ha pasado del narcotráfico y el secuestro como fuentes de recursos a la minería. La caída de los capos, reducción de cultivos de coca, pérdida de rutas y demás factores que han afectado el negocio del narcotráfico llevaron a los actores ilegales a encontrar alternativas muy rentables y ‘seguras’ en la minería, que además es una actividad que trae consigo actividades alternas que también generan dividendos, como la extorsión”, explicó el oficial.

La rentabilidad del negocio es evidente. Mientras un kilo de cocaína cuesta alrededor de 4 millones de pesos, un kilo de oro ronda los 90 millones de pesos. Una mina pequeña en promedio puede producir a la semana una libra de oro cuyo valor comercial está en 32 millones de pesos. Esas ganancias explican por qué, aunque se realizan grandes inversiones en maquinaria para las explotaciones ilegales, rápidamente estas se recuperan. “Una retroexcavadora, que es una de las principales máquinas utilizadas para la explotación minera, cuesta 500 millones de pesos en promedio. El dueño de la máquina recibe 1,6 millones de pesos por día de alquiler en una mina ilegal, lo que quiere decir que en menos de un año de trabajo se logra pagar el costo del aparato, lo cual es muy buen negocio”, explica el coronel Esguerra.

A los generosos dividendos que deja esta actividad directamente se suman otros. Prácticamente no existe una sola mina ilegal en donde no se cobren vacunas y extorsiones a todos aquellos que participan en la cadena de explotación. Desde el dueño de la mina, que debe pagar el 20 por ciento del producido, hasta las mujeres que trabajan como cocineras en los campamentos e incluso los humildes barequeros (minero artesanal) deben pagar un porcentaje. En zonas como Chocó, Risaralda, sur de Bolívar, el ELN y las Farc han llegado a ponerse de acuerdo en las tarifas extorsivas que cobran. “Los compañeros del ELN proponen revisar y unificar las tarifas de impuestos. Si no pagan se prohíbe la entrada a la zona y se les destierra si ya están. 3 millones mensuales por retroexcavadora, draga 500.000, motores 250.000, 10 por ciento por kilo extraído”, dice uno de los apartes de uno de los correos encontrados en operaciones contra el frente 30 de las FARC.


Timbiquí, Cauca.


Quibdó, Chocó.

La batalla legal

Si bien para muchos colombianos el tema sigue siendo desconocido y aún no hay conciencia de la magnitud del problema, el asunto se ha convertido en una grave inquietud para el gobierno. Desde el Ministerio de Ambiente constantemente se realizan advertencias sobre la dimensión del asunto. La Defensoría del Pueblo también ha realizado varias alertas, pues en varias regiones del país el fenómeno de la minería ilegal ha generado desplazamientos de poblaciones con graves repercusiones sociales. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, lanzó una ofensiva por intermedio de la Policía para tratar de enfrentar el tema. “Se trazó una estrategia integral que ha contado con la participación de la Policía, el Ejército, la FAC y la Fiscalía General con resultados muy positivos, como más de 2.700 minas intervenidas y 7.000 personas capturadas”, dijo el general Martínez.


Miembros de los escuadrones móviles de la Dirección de Carabineros llegan a la mina La Salvadora en Córdoba, y destruyen dos retroexcavadoras ilegales.

Sin embargo ese esfuerzo muchas veces no es suficiente y termina en vano debido a los vacíos en la legislación. “Si usted captura a una persona con el kilo de coca se va para la cárcel. Si captura a alguien con oro ilegal se va para la casa porque eso no está tipificado como delito. Es uno de los aspecto en que la ley es muy débil”, explicó el alto oficial. Esta es tan solo una de las dificultades de la guerra contra la nueva coca, como se ha denominado el fenómeno de la minería. “Cuando se decomisa oro ilegal, por ejemplo, nadie lo quiere recibir, no hay donde guardarlo y eso, o la maquinaria que no es destruida queda a recaudo y bajo custodia de las alcaldías locales porque así lo estipula la regla”, dice Martínez.

Algo similar también ocurre con los capturados, que en su gran mayoría quedan libres a las pocas horas o días de ser arrestados pues los delitos que se les imputan, como explotación ilícita de yacimiento o daño al medioambiente, contemplan penas muy bajas que no superan los cuatro años y que tienden a ser excarcelables. Esta no es la única ventaja que aprovechan los mineros ilegales y los grupos armados, y que ha contribuido al auge de esa actividad. El código minero no es claro en diferenciar la minería a gran escala de la informal o la artesanal. Esa falta de control y legislación también permite que mineros legales compren oro a los ilegales, lo que de paso se presta para actividades de lavado.

Aunque hay cada vez mayor preocupación del gobierno, la realidad es que el tema de la minería ilegal no puede seguir siendo combatido solo con medidas policiales. Se requiere de un verdadero compromiso y decisión estatal a todos los niveles para evitar que este holocausto ambiental, que financia a los grupos ilegales, siga creciendo como espuma en el territorio.


Draga con helipuerto en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Minería ilegal, mejor que la coca

Estas son algunas de las cifras que demuestran que la explotación ilícita de minerales es más rentable que el narcotráfico

  • Un kilo de coca en promedio cuesta 4,3 millones de pesos. Un kilo de oro está entre 80 y 90 millones de pesos. Una mina ilegal extrae semanalmente mínimo una libra de oro que se vende en 32 millones de pesos.
  • 233 municipios tienen presencia de minería ilícita. El 60 por ciento corresponde explotaciones de Oro, 25 % Coltán, 10 % Carbón y 5 % Tungsteno.
  • 81 municipios donde hay actividad de minería ilícita también participan también FARC, ELN y/o Bacrim.
  • Una retroexcavadora cuesta 500 millones de pesos en promedio. El dueño de la máquina recibe 1,6 millones de pesos por día de alquiler. En menos de un año de trabajo se logra pagar el costo de la máquina. El operario gana 2 millones de pesos mensuales.
  • En zonas de presencia de FARC, ELN y Bacrim se cobra vacuna de 5 millones de pesos permitir el ingreso de una retroexcavadora. Mensualmente se deben cancelar 2 millones por autorizar el trabajo de cada una de esas máquinas.
  • Un chorrero, que es la persona que sacan piedras de los ríos, gana un millón de pesos mensuales. La encargada de cocinar en la mina recibe 600.000 pesos al mes.
  • Por cada galón de combustible que ingresa a la zona de explotación se paga una vacuna de 3.000 pesos.
  • Un barequero (minero artesanal) mensualmente puede recibir un millón de pesos. Pero debe pagar una vacuna semanal de un castellano, equivalente a 4,8 gramos de oro que son 320.000 pesos.
  • Entre enero de 2010 y 30 de marzo de 2015 la Policía ha realizado 881 operaciones contra 2.733 minas ilegales. 7.419 personas han sido arrestadas en ese tiempo. 176 retroexcavadoras fueron destruidas y otras 1.352 incautadas. 839.5 kilos de oro ilegal fueron decomisados.
  • Existen 44 redes criminales a nivel nacional que están siendo investigadas por actividades de minería ilegal.

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