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La odisea de los indígenas Pijaos que viven en Bogotá

Joselito Tique Yara es el líder de decenas de familias desplazadas por el conflicto en el Tolima, que se han asentado en la localidad de Rafael Uribe. Ahora cuenta su odisea para exigir sus derechos en la gran ciudad.

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A más de uno lo han asaltado en el camino que hay entre el portal de Bosa y la parada de alimentador más cercana a la casa del gobernador indígena Joselito Tique Yara. No es que la vivienda esté muy lejos o muy alta en la loma, sucede que cuando cae la noche, las cosas se ponen pesadas en este sector de Rafael Uribe 10, en el sur de la ciudad de Bogotá.

Hasta hace poco, justo debajo de la calle donde vive don Joselito Tique, se reunían los hampones en un estrecho pasaje de escaleras de cemento, para esperar el paso de algún transeúnte despistado. Pero después de que dos ladrones se mataran entre ellos el año pasado, la Policía intervino para despejar el sector.

En esta localidad, 96 personas fueron asesinadas en 2016. Esa cifra la ubica en el sexto lugar con más muertes violentas en la ciudad. Casi la mitad de sus habitantes (45.7%) pertenecen al estrato socioeconómico bajo. Lo que hace irónico que lleve el nombre de un general liberal partidario del socialismo cooperativo. No es la zona con el mayor índice de pobreza de la Bogotá, pero tampoco es la más cómoda para los 35 mil habitantes que sufren de necesidades básicas insatisfechas en sus barrios.

Aunque Joselito no piensa en eso, de lo contrario siempre se lamentaría de su suerte y no podría recorrer todos los días el tramo que lo separa del centro a donde acude a realizar sus diligencias.

Como muchos indígenas Pijaos, Joselito Tique vino a Bogotá para huir del conflicto que lo desplazó del Tolima en 2003, aquel día en que la bala de un paramilitar le quebró el dedo índice y los guerrilleros lo sentenciaron a muerte como objetivo militar.

Lo que no sabía era que la vida en la ciudad tampoco iba a ser sencilla.

El gran monstruo de asfalto

En cuanto Joselito arribó a la capital, lo primero que hizo fue buscar ayuda en la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, así como en la Unidad de Víctimas. Pero se estrelló descifrando esa intricada maraña de instituciones que otorgan ayudas para desplazados del conflicto. Entrar a una larga lista de espera fue el primer obstáculo.

Tan solo en bogota hay cerca de 42 personas que llegan a diario para solicitar ayuda por ese mismo tema. El país fueron desplazados 171 mil hombres, mujeres y niños en 2016, de acuerdo con las cifras del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Todos ellos han venido a engrosar las filas de los más de 8 millones de personas registradas en la Unidad de Víctimas por hechos relacionados con el conflicto desde 1985.

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Joselito no es parte de una comunidad que haya sido desplazada en su conjunto. Su vida es la de un errante de esos que empujó la gran ola paramilitar de finales de los noventas, lo que no le permite acceder a los recursos a los que tienen derecho los sujetos de reparación colectiva.

Por eso es que Joselito ha intentado reunir a su comunidad en Palermo Sur para poder ser reconocido como Cabildo, según lo posibilita la Ley 89 de 1990, lo que le otorgaría a su gente derechos administrativos, policiales y judiciales, además de alguna fuente de dinero. Pero hasta ahora todo lo que ha logrado es crear la Asociación Colombiana de Médicos Pijaos, con la que gestiona algunos recursos internacionales.

En Colombia, de acuerdo con el investigador alemán Frank Semper, especialista en estudios de indígenas en Latinoamérica, la cuestión aborígen desempeña un papel secundario "debido a la débil densidad de población que los caracteriza y que no supera el 2% del total nacional. "De allí que la Asamblea Constituyente no tuvo mayores problemas en concederle amplios derechos en la Constitución Política de Colombia del 20 de julio de 1991 (CP)", aunque la proclama de los derechos indígenas difiere mucho de su implementación y concreción, precisa el investigador.

En Bogotá, hay una sola comunidad Pijao oficialmente reconocida por el Ministerio del Interior: se trata del cabildo Amibká Pijao situado en la localidad de Usme, el cual agrupa a más de 500 familias.

Según Joselito, ya ha logrado juntar a 300 familias de su clan, esas que fueron llegando poco a poco del Tolima. Pero eso no es lo que opinan la Unidad de Víctimas de Asuntos Indígenas. Ellos tienen contabilizadas solo 42 familias en su barrio (hasta 2016), equivalentes a 111 personas.

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La tarea también es ardua para los trabajadores encargados de recibir a los desplazados del conflicto. No sólo tienen que atender al flujo masivo de solicitudes que reciben a diario, sino distinguir a los más necesitados para priorizarlos entre la multitud y descartar a las personas que se reclaman como agraviados por el conflicto pero que no pueden justificar claramente sus antecedentes. No son pocos los casos fraudulentos que se presentan en la unidad.

El reino de Joselito

En la casa de Joselito Tique, en lo alto de la loma de Rafael Uribe 10, viven 4 familias Pijaos con sus hijos, hacinados en menos de 40 metros cuadrados. Lo mismo en el hogar vecino y en los tres o cuatro cambuches de toldos, maderas y concreto ubicados más abajo que conforman su nuevo reino urbano.

En medio de la sala de tierra que une el pasillo de entrada con los cuartos de su hogar hay un lavabo debajo del que comen sus huesos los perros, y un pequeño espacio en el que cabe un taburete. Allí, sentado en medio de la ropa húmeda y los utensiolios de cocina, Joselito Tique cuenta su historia que es la de muchos desplazados del conflicto en el país.

Según él, todo comenzó cuando los paramilitares del bloque Tolima de las AUC y los guerrilleros de los frentes 21 y 25 de las FARC arreciaron los combates en las afueras de la reserva y comenzaron a extorsionar a los habitantes del cabildo Palomar-Bocas de Babi. Eso fue entre 1997 y 1998, cuando Joselito era uno de los gobernadores más jóvenes en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima.

Ambos grupos le pedían a la comunidad dos millones de pesos por mes que tenían que extraer de la tienda comunitaria y de la cooperativa de crédito de ahorro que les había provisto el gobierno.

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"Un dia le dije al comandante Wilbert de las AUC que la comunidad ya no le iba a colaborar con más dinero, porque es que eramos familias muy humildes y muy pobres y teníamos que entregar cuentas al Estado. El me respondió que no les interesaba porque también tenían gastos y yo le comenté que cómo era eso de que habían llegado a nuestras tierras a criticar a los estafadores, los ladrones y los violadores y que ahora se habían convertido en algo peor", explica Joselito.

En ese momento el comandante Wilbert, quien era un teniente retirado del batallón Caicedo, lo amenazó de muerte y las palabras quedaron grabadas en su memoria.

Dijo: "¡Este perro hijueputa no merece sino callarle la jeta a bala! ¡Porque la ley nuestra está!", mostrando su fusil.

Pero Joselito le respondió calmadamente que no tenía caso enemistarse con toda una comunidad en la que había cientos de niños que algún día iban a crecer y preguntarían por su muerte. Al final acordaron entregar la plata que tenían en un sombrero de paja que se fue rotando entre los miembros de la comunidad. Lograron juntar cerca de 450 mil pesos.

En ese momento también se volvió objetivo militar de las FARC, y entonces supo que tenía partir. El día anterior a la huida, perdió una parte de un dedo -que todavía mantiene torcido- en medio de una balacera a la que milagrosamente sobrevivió. Pero a Joselito no le gusta mucho hablar del tema. Cuando se fue, tenía contabilizados los asesinatos de 166 líderes Pijaos de los que mantiene los registros de defunción a la fecha.

Los reclamos de su gente

Por motivos que el mismo desconoce, en cuanto llegó a la ciudad denunció a los paramilitares ante la Unidad de Víctimas, pero tardó casi 8 años en admitir que había sido agraviado por las FARC.

Y es que en la zona donde vivía el tema todavía es candente. A pesar de la desmovilización ligada a los acuerdos de paz, los guerilleros disidentes todavía reclutan jóvenes en su comunidad, según denuncia. De hecho, las cosas han empeorado aún más desde que las Bandas Criminales remplazaron a los paramilitares en su pueblo.

En esos grupos, admite, ya están metidos miembros de la propia comunidad Pijao, lo que volvió el asunto más complicado: "ahora el propio vecino es el que lo puede asesinar a uno". En tanto que el gobernador actual, quien tiene apenas 21 años, los desconoce.

Cuando se le pregunta porque no vuelve a su lugar de origen, Joselito explica que lo intentó una primera vez en 2011 pero que las condiciones de seguridad no se lo permitieron. Además de que muchos jóvenes de las nuevas generaciones ya se acostumbraron a la ciudad y no quieren devolvserse.

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Toda esta historia la corrobora Hendry Loaiza, el líder de otra agrupación de indígenas Pijaos localizados en Bosa. Según él, tan sólo el 10 por ciento de sus congéneres quieren volver a su lugar de origen. Además de la inseguridad que generan las Bacrim, ya no conocen a prácticamente nadie allá y las condiciones de vida son duras en el campo, mientras que aquí obtienen trabajo en la construcción o en la producción de tamales y los más jóvenes incluso tienen opciones para ingresar a la escuela y en algunos casos a la universidad.

"De pronto uno se desacostumbra", explica Joselito. "Los chinos ya no saben lo que es el campo. Mire mis manos, antes tenían callos de labrar la tierra y ahora ya se han acostumbrado al computador. ¡Vea!".  Pero no se ve nada en sus manos, sólo gruesas palmas y pliegos de piel rugosa.

Lo que enfada al rey sin trono es sobre todo el hecho de haber sido desplazado de una tierra en la que sus ancestros vivieron desde mucho antes de que llegaran los primeros colonos criollos. También lo frustra no contar ahora con el suficiente apoyo del Estado para empezar una nueva vida en la gran ciudad.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que es la primera ruta de atención para los pueblos que no han sido desplazados en grupos enteros le ha entregado 218 millones de pesos en 265 giros distribuidos en 5 años para las familias que componen su comunidad. Pero eso no es suficiente según Joselito. Tampoco lo ha sido la plata entregada por las ONG´s europeas con las que ha logrado generar proyectos productivos en Colombia y en Ecuador.

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Hace un tiempo fue un funcionario de integración social a inspeccionar el hogar de Joselito para decidir si le seguían otorgando o no unos bonos de alimentación para las familias aledañas. El empleado de la localidad de Rafael Uribe consideró que ya no necesitaban subsidios.

Extrabajadores de la Alcaldía, quienes solicitaron anonimato, afirmaron que otro de los motivos por los que no se priorizaba a la comunidad Pijao era porque estaban "metidos en asuntos ilegales como el microtráfico o la prostitución". Pero de ello no presentaron pruebas. 

"Pero no tiene sentido castigar a toda una comunidad, sobre todo cuando se ubicaron en barrios en los que la ilegalidad impera y donde no están ni más ni menos metidos en líos que el resto de la población", expresó uno de los dos contratistas.

"Es verdad que pasa, pero esas son costumbres del hombre blanco. Nosotros hemos llegado con buenos hábitos y costumbres; aquí llega un jíbaro y le pone a expender drogas a los más jóvenes", dice Joselito. "A los pueblos indígenas nunca les ha pasado por la cabeza prostituirse, aquí algunas lo han hecho, otras han sido violadas también, otras buscan trabajo y no les pagan o las roban por el hecho de ser indígena, dicen que uno es indio y no sabe nada. Pero aqui estamos, vivos desde hace más de 500 años".

La última ruta de los Pijaos de la ciudad

En entrevista con Semana.com, tanto la Secretaría de Gobierno de Bogotá como la Alta Consejería para las Víctimas reiteraron su completo interés en atender a las poblaciones indígenas desplazadas por el conflicto.

Más en ambos casos existen tres rutas posibles y ninguna parece convenir a los intereses de la gente de Joselito Tique Yara. La primera consiste en solicitar derechos como cualquier ciudadano en caso de ser un exiliado particular; la segunda en agruparse en cabildos masivos para poderse beneficiar de los recursos destinados a los pueblos indígenas de Colombia y la tercera en buscar retornar a su tierra para tratar de establecer una vida parecida a la que se tenía antes del conflicto. No hay ninguna opción particular para las poblaciones pequeñas de indígenas varados en las grandes ciudades. Aunque el gobierno trata de compensar el vacío por otras vías.

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Pero con la llegada del posconflicto, la mayoría de sus congéneres están preocupados de que los fondos antes atribuidos a las víctimas se desvíen por otros causes. De por sí, la ayuda que se les entregaba ha disminuido sensiblemente entre 2016 y 2017, pasando de 46 a 15 millones de pesos anuales para el mismo número de familias, siguiendo el modelo degresivo establecido por el gobierno. La misma Organización Nacional Indígena de Colombia exigió la implementación de la ley 4633 del 2011, "para la implementación de una ruta institucional de atención y reparación a los pueblos indígenas de manera colectiva e individual" con un enfoque diferencial que fortalezca su autonomía y la exigibilidad de derechos, precisaron en su respuesta.

El hijo menor de Joselito Tique Tara tiene cuatro años de edad. Desde ya hace parte de esa nueva generación de Pijaos que crecerán en la ciudad y no van a querer volver al campo, como los otros cuatro pelados que juegan fútbol afuera de su casa: chicos acostumbrados a una vida citadina de periferia que no van a querer volver a ser desarraigados del entorno en el que plantaron raíces desde pequeños.

Por eso es que lucha su padre, el gobernador Joselito Tique Yara: para obtener un reconocimiento del gobierno que les permita tener una vida digna como se lo garantiza la Constitución. Porque Joselito es un rey sin trono tratando de recomponer su reino en un entorno desconocido, como lo hacen miles de los desplazados de todos los barrios del país que la guerra o la necesidad trajeron a la capital.

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