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“No levantaremos el paro hasta que no haya un acuerdo”: madres comunitarias

A la disputa entre el ICBF y las cuidadoras se suman dos ingredientes: un fallo de la Corte Constitucional y la presunta presión de un senador.

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Cerca de 1.200 mujeres encargadas de atender a los niños de familias pobres adelantan un paro para solicitar mejoras en sus condiciones laborales.

El gobierno nacional, en cabeza del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), y las madres comunitarias, agrupadas en el Sindicato al Cuidado de la Infancia (Sintracihobi), están enfrentados en una lucha sin tregua.

En la madrugada del lunes 4 de abril, 1.200 madres comunitarias de todo el país dieron inicio al paro nacional que dejó sin atención a 16.000 niños y que tiene a estas mujeres exigiendo, en las puertas de diversas sedes del ICBF, mejoras a sus condiciones laborales.

Aunque el pliego de peticiones tiene 11 puntos y va desde aperturas de hogares cerrados hasta la revocatoria de asociaciones que contratan con el ICBF, la nuez de la discordia es la petición para que se les vincule con contratos a término indefinido al considerar que cada año están sometidas a la “inestabilidad laboral” e inconvenientes en los pagos de la seguridad social.

El tema grueso tiene que ver con la exigencia del pago de pensiones “independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre”, se lee en el pliego de peticiones. Esto a pesar de que en el actual gobierno reconoció un subsidio de pensión.

Estos dos temas han impedido una negociación eficaz, ya que para el ICBF no hay posibilidad de una contratación directa. Así lo establece Ley 1607 del 2012, que en el artículo 36 determinó que se adoptarían diferentes modalidades de vinculación para garantizarles un salario mínimo, “sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas”, reza el artículo.

La madres comunitarias han dicho que a pesar de esta ley, en el 2013 ellas suscribieron un acuerdo con el entonces ministro del Interior, Aurelio Uragorri, y el exdirector del ICBF Marco Aurelio Zuluaga, con quienes quedó establecido que se iniciaría un proceso de formalización laboral para vincularlas,“mediante contrato a término indefinido con las entidades administradoras de los servicios del ICBF. El cual incluiría todas las garantías de ley”.

Resolver el tema no es sencillo a menos que una de las partes ceda. Las madres, apostadas en las puertas de las sedes el ICBF en el país, dicen que no van a levantarse hasta que se cumpla el pliego de peticiones. La directora del ICBF, Cristina Plazas, tampoco está dispuesta a sentarse a conversar mientras no se levante el paro.  

En medio de esta problemática, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han mediado para que se solucione este problema. El Ministerio Público ha analizado los acuerdos y dice que el ICBF ha cumplido en cuatro puntos.

Mientras el paro se mantiene, la Defensoría se pronunció y recordó que existe un fallo de tutela de la Corte Constitucional que establece que las madres comunitarias podrán alegar ante los jueces que se les reconozcan los derechos de cualquier trabajador.

Al tema se ha añadido un ingrediente. La directora del ICBF, Cristina Plazas, denunció que el senador Alexánder López (Polo Democrático) está presionando a las madres comunitarias para que protesten. Ellas no niegan la cercanía con el congresista, pero manifiestan que son autónomas y que sus reclamos no obedecen a la decisión de un político.

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