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La Oficina de Envigado quiere negociar con el Gobierno

La organización criminal más antigua y peligrosa de Antioquia anuncia que quiere entrar a un proceso de negociación con la Justicia. ¿Qué tan viable es esa posibilidad y qué implicaciones puede traer?

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No hay una estructura criminal en Colombia tan antigua como la llamada Oficina de Envigado, protagonista de las guerras libradas en Medellín en los últimos 30 años. Desde las épocas de Pablo Escobar se decía que un patrón con ejércitos de sicarios necesitaba una oficina que gestionara ese mundo criminal. Tras la muerte del capo, se comenzó a hablar de cómo la Oficina de Envigado asumió el control de las comunas y el hampa de Medellín, y se le vinculó a las luchas de las milicias, al ascenso de los Pepes hasta convertirse en las AUC, el bloque Cacique Nutibara, el Héroes de Granada, hasta que se difuminó con la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.

Hoy, sus jefes ya no hablan de la oficina sino de grupos armados urbanos al margen de la ley con una dirección colegiada, la misma que le anunció a SEMANA su voluntad de negociar con el gobierno. “Creemos que este es un momento histórico del país, en el cual podamos concertar un escenario jurídico para que nuestros hombres puedan resolver su situación, teniendo en cuenta que se debe legislar para tal fin. No estamos pidiendo impunidad, sino algo razonable para las partes, que aporte a la solución de la problemática carcelaria, a la persecución de nuestros integrantes y que realmente aporte a la reinserción social de quienes tengan problemas de carácter jurídico”, dice el comunicado.

Los trabajos alrededor de esta propuesta están rodando desde hace meses, apoyados en líderes de la sociedad civil que han aprendido de otras experiencias de desmovilización. Porque en Medellín entre 1989 y 2005 tuvieron lugar siete, solo con un gran fracaso –la de las milicias, que terminó en una espiral de asesinatos–, todas ellas apoyadas en gran parte por la sociedad civil.

Y al parecer, las negociaciones trajeron un buen clima a Medellín, pues desde 1991, cuando con casi 7.000 asesinatos la ciudad fue la más peligrosa del mundo, el índice de homicidios bajó y algunos creen que las continuas desmovilizaciones han tenido mucho que ver en la aparente pacificación de la capital antioqueña. Aunque también es cierto que hoy las organizaciones criminales tienen a buena parte de la ciudad dominada por el crimen. La extorsión toca picos altísimos; según expertos, el 80 por ciento de los barrios están vacunados, y el consumo de alucinógenos es tres veces mayor que en el resto del país.

Medellín vive tiempos similares a los de la década del noventa, cuando surgieron las Convivir y el bloque Metro de las AUC. La Policía dice que en Medellín hay 17 estructuras criminales representadas en 120 combos, aunque en el Concejo varios afirman que son más de 200. Pero en la ‘Dirección Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la Ley’ cuentan que están en el Valle de Aburrá y parte del departamento.

Algunos creen que con la extradición de alias Don Berna se perdió el mando vertical de la Oficina, y en la ciudad quedan muchos combos desperdigados, cada uno obedeciendo a diferentes líderes. Sin embargo, el comportamiento del crimen y los diferentes pactos entre combos muestran que, en efecto, hay una dirección colegiada.

En el comunicado que le dieron en exclusiva a esta revista dicen: “Estamos dispuestos a crear un canal de comunicación y verificación, por medio de la sociedad civil organizada, para generar la confianza entre las partes y poder crear una mesa de concertación para una agenda de paz con nuestros voceros, que termine en un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo, que facilite dejación de armas y reintegración a la vida civil, siempre acompañados de nuestras comunidades y sus organizaciones sociales reconocidas en la ciudad y que tiene presencia en nuestras áreas de influencia” (ver comunicado).

La avanzada del alcalde Federico Gutiérrez contra el crimen, con varios operativos en el centro y en el barrio Castilla, muestra que la administración no tolerará crímenes antes considerados menores comparados con los homicidios. Sin embargo, Gustavo Villegas, secretario de Seguridad y protagonista en la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, cree que hay que incentivar la rendición de las estructuras criminales. “Todo proceso para desmovilizar estructuras criminales es importante siempre y cuando se haga bajo unos componentes estables y no se pierda la confianza de la comunidad en las instituciones. En Medellín es importante que estructuras como las que delinquen piensen que el camino no es continuar sino mostrarles a jóvenes otro camino distinto, la legalidad”, dijo Villegas.

La gran pregunta es si se podría hablar con una organización como la Oficina. Para Ana Jaramillo, investigadora de la Corporación Región, no está muy claro el trabajo político y social de las bandas criminales, aunque cree que no se puede dejar pasar la oportunidad de negociar teniendo en cuenta que, pese al avance policivo en los barrios de la ciudad, los combos siguen controlando sectores periféricos.

El exalcalde Alonso Salazar, que en los noventa estudió la desmovilización de las milicias y las dinámicas de los grupos armados, cree que el gran problema de esta oportunidad es que “la Oficina es una estructura de delincuencia común que ha querido mostrar unos ribetes políticos. Solo si la Fiscalía negocia un proceso de sometimiento a la Justicia, el cuento tendría validez”.

Para Salazar es necesario prestar atención a las condiciones que los armados quieren imponer, pues Medellín “nunca había tenido la extorsión tan generalizada. Se extorsiona a los pequeños negocios, a los vecinos, a los empleados, esto se ha convertido en una renta fantástica para ellos, y la inoperancia del Estado va articulando una serie de tensiones y formas de venganza frente a esas presiones, como ya sucedió en la ciudad hace unos lustros”.

Pero ¿qué tendrían para entregar los miembros de la Oficina? Tímidamente se habla de la desmovilización de cerca de 7.000 personas, y algunas fuentes consultadas por SEMANA dicen que hay planes de hacer laboratorios de paz y desmonte de negocios ilegales. Aunque primero tiene que existir un acercamiento real, pues en la estructura ilegal hay algunas desconfianzas, por lo que quieren medir las intenciones de la Fiscalía, la Alcaldía, la Gobernación y la Presidencia. Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de Eafit, dice que todo está ligado a la información que los capos puedan dar: “Rutas, nombres, alianzas, ellos tienen que entregar cosas que fortalezcan el sistema judicial”.

El comunicado de la Oficina abre posibilidades para desmovilizar una organización criminal, pero la Fiscalía y el gobierno nacional solo aceptan un sometimiento. Sin embargo, la Oficina no quiere rendirse sino negociar, y sus voceros aclaran que no están pidiendo impunidad. Este es el aspecto clave, pues al no ser una organización con fines políticos, la única negociación posible es que se sometan a la ley sin condiciones. Porque cualquier camino diferente sería lo mismo que admitir que las bandas criminales ya no solo extorsionan a las familias o a los negocios, sino a la ciudad entera.

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