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Explotó la bomba de la salud en las cárceles

El personal médico no recibe su sueldo, no hay medicamentos y los hospitales no atienden a los enfermos. La situación se salió de control y el gobierno decretó emergencia carcelaria.

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El tiempo para la salud en las cárceles de Colombia se agotó. En la tarde del pasado jueves el ministro de Justicia, Jorge Londoño, después de finalizar el consejo directivo del Inpec, decretó la emergencia carcelaria en el país.

Lo hizo ante la crítica situación de la salud en los 138 centros carcelarios, especialmente en 74, donde según datos del Ministerio de Justicia hay 611 internos con VIH, 89 con cáncer, 1.112 con diabetes que requieren insulina constante, 2.884 con problemas psiquiátricos y 188 con enfermedades pulmonares crónicas que necesitan tratamiento y no lo han recibido durante varios meses.

En la emergencia, que inicialmente irá hasta diciembre de este año, el director del Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pueden contratar directamente obras de mejoramiento, compra de medicamentos y atención urgente a los presos. Las primeras medidas consistirán en realizar brigadas de salud inmediatas, modificar el manual de funcionamiento del Inpec para que personal médico que hoy desempeña labores administrativas pueda atender a los reclusos, y, finalmente, ejecutar obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de las cárceles.

Aún así, el ministro de Justicia advirtió que “estas medidas buscan resolver lo urgente, la situación de algunos centros de reclusión donde la salud es crítica. Pero tenemos que resolver cuál es el sistema de salud que vamos a aplicar a la población carcelaria”. También aseguró que en este tema ha faltado gestión y que el martes 10 de abril habrá una reunión para analizar a fondo la crisis.

¿Cómo se llegó a esto?

Caprecom, una de las EPS públicas más grandes del país, era la responsable de prestar servicios de salud a la población reclusa. Sin embargo, luego de los conocidos escándalos por malos manejos administrativos y por innumerables deficiencias en la prestación del servicio, el Ministerio de Salud decidió acabarla a finales del año pasado. “Decidimos que no hay tiempo para más paños de agua tibia; la liquidación es la única salida”, dijo entonces el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

La EPS le debía dinero prácticamente a todas las IPS y hospitales. Aún hoy esas deudas hacen que los centros asistenciales rechacen a muchos internos con enfermedades terminales, mientras, según testimonios de varios reclusos, algunos llevan meses esperando que los trasladen a los centros asistenciales y viven hacinados en deplorables condiciones de salubridad. A paso lento y a pesar de las debilidades en la prestación del servicio, se llegó a un acuerdo con Caprecom para que atendiera en las cárceles hasta marzo de este año, pero no pudo cumplir.

Eso agravó la crisis, pero lo que vino después creó una enorme bola de nieve que nadie pudo contener. Y ante el caos resultante, los ministerios de Justicia, Hacienda y Salud, el Inpec y la Uspec crearon un nuevo modelo para la prestación del servicio de salud.

Surgió un consorcio compuesto por Fiduagraria y Fiduprevisora, que desde diciembre se encarga de administrar los 86.000 millones de pesos destinados a contratar a las entidades que atenderán a los presos en 2016. “Se decidió que la fiduciaria determinaría a quiénes contratar para prestar ese servicio. Y en eso estamos. Pero eso desdibujó el objeto social del contrato que inicialmente se pactó. Como la fiduciaria administra esos recursos, todas las cárceles creen que nosotros respondemos por todo”, dijo a SEMANA Diana Porras Luna, vicepresidenta de Fiduprevisora.

Los empleados de esta compañía se dedican a responder tutelas y aseguran estar colapsados por falta de tiempo. Cuando se les pregunta por su responsabilidad en la prestación del servicio, contestan que en el contrato está claro que ellos solo administran el dinero pero no vigilan su cumplimiento.
Según un decreto que el Ministerio de Justicia expidió en noviembre de 2015, la Uspec es responsable de elaborar un esquema de auditoría para el control, seguimiento, monitoreo y uso racional de los servicios de salud de los prestadores. Sin embargo, eso todavía no se ha hecho. “Mientras hacemos ese proceso de contratación tenemos que auditar por otro lado y por eso se le está autorizando a la fiducia realizar esas auditorías adicionales. El proceso se está armando, pero eso nos tomaría unos meses”, comentó Claudia Alejandra Gélvez, directora de la Uspec.

Lo cierto es que mientras se define quién verifica y audita el servicio de salud en las cárceles, la atención y entrega de medicamentos es prácticamente nula, a tal punto que desembocó en la actual medida de emergencia. Los datos de la Defensoría del Pueblo son alarmantes. Al revisar 134 establecimientos carcelarios encontró que el 55 por ciento no suministra fármacos, el 83 por ciento no cuenta con insumos médicos, cerca de 10.000 pacientes no han recibido los procedimientos solicitados y solo hay un doctor por cada 496 internos.

En los centros penitenciarios ninguna enfermera o facultativo atiende. En primer lugar, porque no les pagan y segundo porque los presos se ponen violentos con ellos cuando descubren que no hay insumos ni medicamentos.

SEMANA tuvo acceso a varias planillas en Excel enviadas desde diferentes centros de reclusión en el país, donde se refleja la gravedad de la crisis. Por ejemplo, en Popayán informan que “se continúa sin médico desde el 1 de febrero de 2016, al momento llegaron los medicamentos, pero con la novedad que no llega completa la solicitud de sanidad en relación al número de internas... Se continúa sin medicamentos para manejo de las hipertensas y diabéticas...”.

También hay audios en los que defensores del Pueblo de varios departamentos manifiestan su preocupación porque las pocas veces que se suministran fármacos, entregan lo que no se necesita. Todas estas irregularidades llevaron a que la Defensoría presentara una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que investigue al gerente del fondo, a la vez que le pidió a la Contraloría y a la Fiscalía revisar el manejo administrativo de los 86.000 millones de pesos asignados para atender a los internos.

Y mientras se espera saber qué ocurrirá con las actuaciones de los organismos de control, la emergencia carcelaria es solo el primer paso en una reforma titánica de fondo, que no da espera. Sin embargo, la labor es tan compleja que requerirá mucho tiempo, un tiempo que se le acaba a cientos de presos enfermos en 138 centros de reclusión del país.

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