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“No podemos graduar a los narcotraficantes de políticos por el problema de las FARC”

Claudia López, Alfredo Beltrán y Éverth Bustamante debatieron sobre la propuesta de añadir el narcotráfico como un delito conexo al delito político y las implicaciones que podría tener en un futuro acuerdo con las FARC.

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Luego que el presidente Juan Manuel Santos planteara la posibilidad de ampliar los delitos conexos al delito político, en especial el narcotráfico, varios sectores de todo el país salieron a responder a esta iniciativa, que hace clara alusión a lo que podría pasar cuando culminen de manera exitosa los diálogos con las FARC.

Para la senadora del Partido Verde, Claudia López, esto no es, como comúnmente se le ha llamado a varias propuestas derivadas del proceso de paz, un sapo que haya que tragarse: "Sapos los que nos hemos tenido que tragar en la guerra".

Sin embargo, introducir en este escenario el narcotráfico dentro de un delito político podría, según López, "graduar a todos los narcotraficantes de políticos por resolver el problema de las FARC".

Contrario a esto, Alfredo Beltrán, exmagistrado de la Corte Constitucional, aseguró que en el caso de esta guerrilla sí "sería un delito conexo" al político puesto que "una rebelión armada necesita financiación". Ya si después, por medio de ley estatutaria, se demuestra que este delito común no se realizó para beneficios de esa guerrilla, se entraría a juzgar como cualquier narcotraficante.

Además dejó claro que esta guerrilla pretende que el narcotráfico sea considerado un delito conexo al delito político, por un solo interés: "la participación de las FARC en escenarios de elección popular".

Para el exmagistrado, implementar esta medida no solo blindaría jurídicamente a miembros de las FARC frente a un escenario de extradición, sino que les daría posibilidades en el ámbito electoral. “Si las FARC son condenados por un delito común, no podrían participar en la política. Pero si son condenadas por un delito político conexo a uno común, sí lo podrían hacer”.

Por otra parte, Éverth Bustamante, senador por el Centro Democrático y desmovilizado del M-19, recordó que el mismo marco jurídico para la paz y la Corte Constitucional establecieron alcances en materia de tipificación de crímenes, camino por el que el Congreso tiene que moverse a la hora de empezar a debatir este tema.

De la misma manera, explicó que mientras se discute cuáles violaciones van a ser declaradas conexas, las FARC evitarán esta discusión "porque ellos esperan que no se les condene”.

Por eso, para Claudia López, "el epicentro de este tema es la garantía de que quien se someta a esa desmovilización, no será extraditado".

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