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Durante años Colombia se dio la 'pela' de ser el único país en el mundo en fumigar masivamente su territorio para acabar con los cultivos ilícitos. Soportó desde radicales manifestaciones de campesinos cocaleros, pasando por duros cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, hasta gravísimos incidentes diplomáticos con países vecinos como Ecuador. En todos los casos, el gobierno colombiano había dicho que la aspersión aérea era eficiente, inofensiva, y que en ningún caso podía renunciar a ella.
De la noche a la mañana todo cambió. Hace una semana, el presidente Álvaro Uribe anunció que en adelante se privilegiará la erradicación manual, y que bajará la intensidad de las fumigaciones. Esta decisión, aunque sorprendió a muchos, se veía venir. Hace pocas semanas, los demócratas, que son mayoría en el Congreso de Estados Unidos, habían anunciado un recorte sustancial de los recursos del Plan Colombia. Para el próximo año ya no serían 586 millones de dólares, que era el monto esperado, sino de 527, y esta vez condicionados a cambiar los énfasis del Plan. Hasta ahora el 76 por ciento se destinaba a la cooperación militar y apenas el 24 por ciento, a desarrollo social. El año próximo el 55 por ciento del dinero se destinará al componente militar y el 45 por ciento, para proyectos sociales. Esto les redujo de tajo un 20 por ciento de los recursos a la Policía y al Ejército.
En un escenario como este, la fumigación aérea es la actividad por donde más fácil se puede hacer un recorte. En primer lugar, porque si se comparan sus costos con los beneficios que deja, el balance es muy desfavorable. Fumigar es caro, especialmente si se hace con recursos humanos y técnicos de Estados Unidos. Y sus resultados están más que cuestionados. Después de una década de aspersión aérea, los cultivos no han disminuido, según las cifras que maneja el propio Departamento de Estado. En segundo lugar, la fumigación se ha convertido en fuente de permanentes roces diplomáticos con Ecuador, un país cuya frontera es crucial en la lucha contra las Farc. Si Colombia deja de fumigar en la frontera, puede generar la confianza para una mayor cooperación entre los dos países en la lucha contrainsurgente. En tercer lugar, la fumigación, que posiblemente fue eficiente para acabar con cultivos extensos en el sur del país, es inocua para erradicar pequeños sembrados, camuflados entre otros cultivos, como es la tendencia actual.
La erradicación manual, que es hacia donde se dirige la propuesta del gobierno, tiene ventajas que por lo menos en la coyuntura, le son muy útiles. Es mucho más barata. Mientras fumigar una hectárea cuesta 700 dólares, erradicar manualmente la misma hectárea vale 325. Con tres ventajas adicionales. Está comprobado que con la erradicación hay menos resiembra. Segundo, como esta erradicación se hace con presencia de la Policía y el Ejército, tiene el valor agregado de que se ejerce control territorial, lo cual es una ventaja táctica para el Estado. Y por último, la contratación de cientos o miles de campesinos y desmovilizados, que actúan como erradicadores, tiene un impacto social nada despreciable.
Aun así, la erradicación manual no es la panacea en zonas de conflicto. Los costos humanos pueden ser muy altos. El año pasado el país conoció de cerca la amarga experiencia de la operación de erradicación en La Macarena, que dejó casi 30 muertos y varios heridos por emboscadas y campos minados de las Farc.
Por ahora, Colombia dejará de ostentar el poco honorable título de ser el único país que ve llorar glifosato. Pero el cambio en el método de erradicación no significa un giro en la estrategia de lucha contra las drogas, que es realmente lo que se necesita.
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