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María Sanabria lleva dos años esperando que se haga justicia. Ella es la mamá de Jaime Stiven Valencia, un joven que el 6 de febrero de 2008 salió de su casa en Soacha (Cundinamarca) a comprar el almuerzo y nunca volvió. Apareció como guerrillero muerto en Ocaña, Norte Santander.
Su hijo pasó de ser un estudiante de sexto bachillerato, al que su familia llamaba de cariño ‘Chivito’, a ser parte de un supuesto combate, de una aparente victoria del Ejército. Él es uno de los mal llamados ‘Falsos positivos’. Y María, de 52 años, una mujer que todos los días llora la muerte de su hijo.
Las historias de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de este municipio contiguo a Bogotá, cuyas progenitoras son hoy las ‘Madres de Soacha’ -por coincidir en que sus hijos desaparecieron y fueron reportados muertos en falsos combates a cientos de kilómetros de sus casas-, ya cumplieron más dos de años.
La búsqueda de la verdad y la justicia no ha sido fácil. “Ha sido imposible”, resalta María. Y es que en el caso de Jaime Stiven, su hijo, no se ha dado la primera audiencia. Todo está en la Fiscalía de Cúcuta. El desánimo reina.
Quedan menos de treinta días para que el presidente Álvaro Uribe deje su mandato y María no cree que esté cerca lo que tanto espera: “que así como alguna vez el Gobierno tildó a nuestros jóvenes de guerrilleros, rectifique y diga la verdad, que fueron inocentes, que intentaron hacer de ellos parte de un resultado y que por eso los mataron. Y claro, que estén tras las rejas los culpables”.
Pero no porque vea lejos lo que desde hace dos años anhela o porque haya sido blanco de amenazas se va a quedar quieta. María seguirá buscando justicia. “Las intimidaciones que algunas mamás hemos recibido son precisamente para que nos callemos. Pero eso no va a pasar. No tenemos por qué hacerlo”.
Ella se refiere a un panfleto que hace pocos días llegó a la ONG Kayros, representante de la parte civil en el proceso que se adelanta contra los presuntos responsables de los asesinatos de los jóvenes de Soacha, en el que fueron amenazados tres mamás, entre ellas María Sanabria, el director de la Kayros y el personero de Soacha, Fernando Escobar.
Pero este no es el único mensaje intimidante que María dice haber recibido, es sólo el más reciente. Ella cuenta que desde principios de 2009 empezaron a aparecer. “Me han interceptado en la calle, han llamado a mi casa, me han enviado mensajes al celular, me han dejado notas y lo más reciente, el 16 de junio, llegó una amenaza a la ONG que nos representa, en la que mencionaban mi nombre”. Las denuncias ya fueron conocidas por las autoridades.
Y aunque María se resiste a salir de Soacha, no niega que siente miedo, y fue por eso que decidió enviar a sus dos hijos menores a vivir lejos. En otro país.
Ella se quedó porque no quiere abandonar su causa, la misma que la motivó, junto a los demás familiares de las víctimas a buscar ayuda internacional. El 24 de mayo presentaron un informe ante la Corte Penal Internacional. “No queremos más impunidad”, dice.
Ejecuciones extrajudiciales, en la Corte Penal Internacional
Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales reclamaron el pasado 24 de mayo ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que intervenga en la investigación de los hechos en los que perdieron la vida sus allegados, “toda vez que existe incompetencia de la administración de justicia y falta de voluntad política para adelantar las investigaciones pertinentes”.
Cabe recordar que el pasado 28 de mayo el profesor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias presentó un informe sobre su visita en junio de 2009 a Colombia. En él se mostró preocupado por “la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98,5 por ciento, según fuentes creíbles”.
Hasta ahora para cinco de los casos de ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha no ha existido la primera audiencia. Las familias de Jaime Castillo, Diego Marín, Daniel Martínez, Alexander Arenas y Jaime Stiven Valencia esperan que sea pronto. “Que no se dilate más”, dice María Sanabria.
Las amenazas
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, expresó su rechazo a las amenazas que aseguran haber recibido algunas madres de Soacha e hizo un llamado a las autoridades para que se implementen medidas urgentes de protección para estas personas. Así mismo, solicitó a los cuerpos de investigación del Estado adelantar el proceso para establecer el origen de las reiteradas amenazas de las que han sido víctimas las madres de Soacha.
Por su parte, la Personería de Soacha calificó como grave estas nuevas amenazas y pidió inmediata protección para los familiares de las víctimas. El personero, Fernando Escobar, señaló que a su oficina han llegado siete, cuatro de éstas señalándolo directamente a él.
“Todas las intimidaciones que hemos conocido en torno a este caso (‘falsos positivos’), las hemos puesto en conocimiento de las autoridades”.