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Un puñado de empresarios está haciendo el negocio de la vida. Han obtenido del gobierno concesiones para construir vías, suministrar servicios de acueducto y alcantarillado o para explotar minas, y luego consiguen dinero público para financiar su actividad. Todo se hace a través de una fórmula jurídica que, aunque legal, genera gran controversia.
Hasta ahora se conocían dos casos. El primero fue revelado por El Tiempo y mostró cómo la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) invirtió 25.000 millones de pesos en las obras de construcción de la carretera Bogotá-Girardot a cargo de empresas del llamado Grupo Nule. El segundo caso, denunciado por La W, reveló cómo 10.000 millones de pesos de la Gobernación de Casanare se destinaron para la explotación de una mina de esmeraldas en Boyacá que benefició a la empresa Green Mountain Consulting S. A., propiedad de unos extranjeros. Pero la situación es más grave.
SEMANA encontró que hay al menos ocho contratos similares que han involucrado 200.000 millones de pesos de diferentes entidades. Además de la DNE y la Gobernación de Casanare, están también la de Meta y los municipios de Villavicencio y Támara, en los Llanos Orientales; Jamundí y Yumbo, en el Valle del Cauca, Suárez en el Cauca, y la empresa de servicios públicos Centrales Eléctricas de Nariño.
En todos los casos se ha utilizado el mismo mecanismo financiero (ver diagrama). El primer paso es la constitución de un patrimonio autónomo por parte del particular interesado en conseguir recursos. Ésta es una figura jurídica que funciona como una cuenta cuyos recursos se destinan para una actividad específica. La garantía de este patrimonio es su relación con el particular; es como si este fuera su fiador, y sus recursos son administrados por una fiducia. Luego el particular logra, a través de un comisionista, que entidades públicas como las anteriormente mencionadas depositen sus recursos en la fiducia, con destino al patrimonio autónomo, es decir, para hacer las actividades que requiere. De esta forma los dineros públicos terminan comprando maquinaria y pagando obreros, que es lo que le correspondía al particular.
La devolución del dinero, con un interés que ofrecen pagar, depende del éxito que tenga el particular en su empresa. Es decir que si la actividad fracasa, o por alguna razón el particular le quita el respaldo al patrimonio autónomo, nadie responde, pues los dineros fueron invertidos a sabiendas de este riesgo. Es como una ruleta.
Si esto se hace con recursos privados, no hay ningún inconveniente. Son una práctica y un riesgo aceptados. Lo escandaloso es que suceda con recursos públicos cuya administración debe procurar cumplir un servicio para la comunidad y que mientras estén en custodia, se deben guardar con las mayores garantías posibles. Invertir en la exploración de una mina de esmeraldas, otra de carbón, o hacer una obra pública con las contingencias que tiene esta actividad, no parecen ser actividades que se ajustan a esos preceptos.
Tampoco tiene mucha explicación el hecho de que el gobierno entregue concesiones de obras o minas, entre otras razones porque no tiene recursos para ejecutarlas, para que luego el particular que las ganó las haga con dineros del erario.
De los 200.000 millones de pesos que SEMANA identificó, ya hay 7.000 que se perdieron cuando un particular le quitó la garantía al patrimonio autónomo que respaldaba. Cerca de 100.000 millones de pesos ya se han devuelto con rentabilidades similares o un poco superiores a las que ofrece el sector financiero. El saldo sigue jugando, y en varias oportunidades las entidades públicas involucradas han reinvertido los dineros.
El tema ya está siendo investigado por la Fiscalía, tras las denuncias del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el de Agricultura, Andrés Felipe Arias. La Superintendencia Financiera también ha recibido denuncias.
Además de lo inusual que resulta este esquema de negocio, se investiga si hay corrupción. Por un lado, SEMANA confirmó que en los contratos no se incluyó el pago de un comisionista, de ahí que si se hizo alguno con cargo a esos fondos, ya habría una irregularidad. De otro lado, no se descarta que algún funcionario haya decidido invertir los recursos de su entidad como contraprestación a un soborno u obrando por motivos políticos, lo que no se ha confirmado. La mayoría de las entidades que hasta ahora han salido a relucir no se caracteriza por la transparencia en la administración de sus recursos. Finalmente, es muy llamativo que las ocho transacciones se hayan concentrado en una sola fiducia: la empresa industrial y comercial del Estado, Fiduagraria.
En esta entidad financiera hay total hermetismo frente al tema, con el argumento de que ellos son parte en el proceso de investigación. Son dos ejecutivas de carreras destacadas, quienes han tenido que ver con estos negocios como presidentas de la entidad: Laura Cifuentes, quien estuvo hasta septiembre de 2006, y María Fernanda Zúñiga, quien la reemplazó. Cifuentes dice que aunque acepta que "pude haber estudiado mejor el tema, en su momento no vi nada contrario ni a la ley, ni a la ética". De ahí que firmó la mayoría de ellos. Zúñiga, por su parte, asegura que tan pronto conoció la situación llevó el tema a la junta directiva, decidió suspender nuevos contratos por el "riesgo reputacional" para la entidad, y buscó fórmulas para que no ingresen más dineros públicos en estos negocios.
La Contraloría General apenas comienza el proceso de revisión de esta entidad financiera. Sin embargo, cuando hace algunos meses conoció acerca de los recursos invertidos de la DNE, elevó un control de advertencia destacando "el riesgo de los recursos y bajos niveles de seguridad de los dineros allí invertidos". La revisión involucra otras entidades financieras, pues hay muchos indicios de que Fiduagraria no es la única fiduciaria que ha aceptado estos negocios, por lo que el monto del dinero público involucrado en estas transacciones puede aumentar considerablemente. Así mismo, se investiga si quienes han participado como comisionistas son personas aisladas o mesas de dinero que se han especializado en atraer inversión pública a actividades diferentes a su razón de ser.
En el escenario también están por establecerse los alcances de la responsabilidad política. Es claro que tanto gobernadores, como alcaldes y demás funcionarios que vienen participando de estas transacciones tienen su cuota. Falta ver si aparecen implicados funcionarios del orden nacional o del interior de la entidad. SEMANA conoció que el tema motivó fuertes tensiones en la junta directiva de Fiduagrario, lo que dejan la pregunta de si esto sucedió por la defensa de intereses diferentes a los de la entidad.
Es claro que esquemas tan complejos como el usado en estas operaciones, que tienen como finalidad favorecer a un particular no surgen por generación espontánea. De ahí que con seguridad lo que se sabe hasta ahora será el abrebocas de una historia en la que es importante empezar a identificar a sus actores principales.
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