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Tras recibir su credencial de manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) hace poco más de un mes, son ahora los congresistas quienes definirán la nueva composición de este máximo organismo electoral. Este lunes, el Congreso elegirá a los nueve magistrados que conformarán el CNE para el periodo 2010-2014. Los candidatos son presentados por medio de listas enviadas por los partidos políticos y la elección se hace mediante la figura de cifra repartidora que supone que, como mínimo, cada candidato debe obtener 25 votos para ser elegido.
Al tener la coalición de gobierno una aplastante mayoría -cerca del 80 por ciento de las curules de Senado y Cámara-, tiene la posibilidad de acaparar todos los cupos del CNE. Todo indica que de esta coalición la U quedará con tres curules, el Partido Liberal con dos, el Conservador con dos, Cambio Radical con una, y el PIN -que no es oficialmente parte de la Unidad Nacional, pero dice estar del lado del gobierno- se quedaría con una.
El gran problema con este nuevo Consejo es que las minorías y los partidos opositores se quedarían sin ninguna representación. Ni el Polo, el único partido que se ha declarado en oposición, ni el Partido Verde, que logró más de tres millones y medio de votos en las últimas elecciones presidenciales, ni el Mira, con cuatro curules en el Congreso, tiene los votos para poner al menos un magistrado. Este tema no deja de ser preocupante en la medida en que el CNE es el encargado de supervisar y asegurar la transparencia y la imparcialidad de las elecciones en las que compiten los congresistas. "Así, podrían vulnerarse garantías electorales en futuros procesos electorales", afirma Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.
Esta situación, a la que se suma el desprestigio que sufre el CNE por la demora en los pasados escrutinios parlamentarios, ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar la institución y, en especial, el método para la escogencia de sus miembros. Según el ex ministro de Gobierno Humberto de la Calle, "es un contrasentido aspirar a que el Consejo Nacional Electoral tenga funciones decisorias definitivas cuando carece de independencia".
Por esta razón, constitucionalistas como el ex ministro Jaime Castro abogan porque se haga una gran reforma electoral que incluya profundos cambios a la estructura y composición del CNE. Otros, como el presidente del Senado, Armando Benedetti, afirman que se debe liquidar el Consejo y dar paso a una corte electoral autónoma como la que funciona en varios países como México y Estados Unidos. Y un tercer grupo de críticos del Consejo piensa que la solución es eliminar el origen partidista de sus candidatos y que estos sean postulados por las altas Cortes. Todas estas propuestas tienen en común que buscan despolitizar el organismo y eliminar el latente conflicto de interés entre congresistas y magistrados que quedó demostrado en algunas de las experiencias vividas en las elecciones del pasado 14 de marzo.
La mayoría parlamentaria de la coalición de gobierno tendrá que demostrar qué tanto la Unidad Nacional puede comprometerse con el respeto a la contradicción política. Y el riesgo de que, tal y como se prevé, la oposición y las minorías se queden sin representación en el organismo electoral aumenta la necesidad de que el gobierno saque adelante un estatuto de la oposición que les dé mayores garantías a quienes hoy no hacen parte de la coalición de gobierno. En especial de cara a las elecciones de 2011, donde habrá miles de candidatos y se medirán las fuerzas políticas en todas las regiones. De lo contrario, la Unidad Nacional terminará abriéndole las puertas al unanimismo.
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