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En abril del año pasado, Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, convocó a su despacho a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer en detalle información de inteligencia en la que aparecían magistrados. También estuvieron Edmundo del Castillo, secretario jurídico de Palacio; José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, y la directora del DAS María del Pilar Hurtado. Los dos analistas de la Uiaf que participaron en la reunión y que compartieron de forma minuciosa información reservada de movimientos financieros, cuentas bancarias, propiedades y sociedades, entre otros, contaron con la autorización de Mario Aranguren, director de esa entidad, según él mismo le aceptó a SEMANA.
Buscando explicar lo sucedido, Aranguren argumenta que la información que se compartió era de la investigación que involucraba al controvertido empresario Ascencio Reyes y en la que, según él, sólo aparecía un magistrado. Sin embargo, ya se sabe que en dicha pesquisa aparecían dos magistrados y sirvió de punto de partida para obtener datos de inteligencia de al menos 13 magistrados más. ¿Cómo explica Aranguren que autorizó entregar información reservada a funcionarios de Palacio que no tienen poder judicial? “A mí me dijeron que allí iba a estar la directora del DAS”, dice. De igual manera, niega que le hayan pedido más información sobre este tema. Habrá que esperar a ver si es así, en esta historia que se viene develando a cuentagotas.
De hecho, varios enigmas rondan hoy la Uiaf, SEMANA confirmó que la delicada información que administra dicha entidad estuvo durante un año abierta, sin mayor control, a cuatro funcionarios del DAS que prácticamente tenían asiento en la Unidad de Inteligencia. Esto sucedió entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004 en la era de Jorge Noguera en el DAS y de Alberto Lozano en la Uiaf. No es claro si se puede reconstruir toda la información que salió durante este período.
Otro volumen grande de datos que el DAS obtuvo sin mayor control corresponde a 2.426 consultas directas que hizo esta central de inteligencia al llamado Pijao, que es una plataforma tecnológica en donde hay parte de la sensible información financiera de los colombianos. Habría más de 10 funcionarios del DAS vinculados a estas búsquedas que se hicieron de forma remota gracias a un convenio de cooperación entre instituciones.
¿Qué información se buscó?, ¿de quién?, ¿quién la solicitó?, ¿cuánta más solicitaron ver los más altos consejeros de Palacio? son algunos de los interrogantes que siguen pendientes de esclarecer.
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