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Un grupo de empresarios, aprovechándose del desplazamiento por la guerra de algunas comunidades negras del Chocó, está ocupando sus tierras. Son más de 26.000 hectáreas, un área equivalente al perímetro urbano de Bogotá, que están utilizándose principalmente para agroindustrias de palma africana. La explosiva revelación está contenida en un informe técnico del Grupo de Asuntos Étnicos del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -antiguo Incora-) que detalla cuál es la situación de los territorios colectivos que la Nación les dio a las comunidades de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.
Estos territorios hacen parte del programa de reforma agraria más grande que ha habido en el país en los últimos tiempos, y que a diciembre del año pasado había titulado cerca de cinco millones de hectáreas. Por ley, el país inició en 1996 la titulación de grandes extensiones a comunidades negras e indígenas al considerar que históricamente estas tierras, antes consideradas baldías, les pertenecen. La característica fundamental de estos títulos es que son inembargables, imprescriptibles e inajenables, con el fin de garantizar que siempre estén en manos de las comunidades. Es decir, son legalmente intocables.
Sin embargo, según el informe, desde 2001 en el nororiente chocoano un grupo de empresarios ha utilizado algunas "estrategias" para ocupar "indebidamente" estos territorios de propiedad colectiva. El alcance de la ocupación es tal, que por ejemplo los caseríos de Brisas en Curvaradó y Nueva Esperanza, en Jiguamiandó, no pueden utilizar el camino tradicional que empleaban para abastecerse de alimentos, combustibles y medicinas y al mismo tiempo comercializar sus productos, pues estas tierras fueron ocupadas por los cultivos privados. En otros casos los caminos fueron sustituidos por carreteras a las que no pueden acceder las comunidades.
También poblaciones enteras que fueron desalojadas por la violencia desa-parecieron bajo los cultivos de palma, sus construcciones fueron destruidas y abandonadas, o se están repoblando con personas que no son de las comunidades negras. Según el documento, este es el caso de Costa de Oro, San José de Gegandó, No Hay Como Dios, Corobazal y La Laguna, entre otras poblaciones.
Del total de las tierras afectadas, cerca de 5.000 hectáreas ya han sido ocupadas por los empresarios y el resto está proyectado para el establecimiento de nuevos cultivos y para la ganadería. El informe menciona a la empresa Urapalma, que a su vez es socia de Palmas S.A. y Palmadó, como las que tienen el mayor volumen de este tipo de tierras. También están Palmas de Curvaradó, Fregni Ochoa, Selva Húmeda, Asibicon, Palmas del Atrato y la empresa ganadera La Tukeka.
LAS ESTRATEGIAS
En el documento se asegura que una modalidad para darle "visos de legalidad a la indebida ocupación" ha sido la compraventa de mejoras a personas de la comunidad de manera individual. Para el Incoder, estos contratos carecen de "validez jurídica" y "no dan derecho al adquiriente para ocupar y explotar las tierras" pues por ley las áreas que ocupe una familia sólo podrán cederse a otra de la misma comunidad.
Una estrategia adicional con la que las empresas se han ido haciendo a las tierras es comprando los títulos de algunas familias que antes de la titulación colectiva habían logrado que se las adjudicaran. Para la entidad oficial esto representa una "contrarreforma agraria", pues las tierras que se habían dado a las familias más pobres quedan en manos de grandes terratenientes, algo que, asegura, "deja serias dudas sobre su validez jurídica".
También el Incoder pone reparos a los "contratos de usufructo" que algunas empresas dicen que han firmado con los consejos comunitarios de estas comunidades. El informe dice que estos serían a 30, 40, 50 y más años. Además no pudieron ser evaluados jurídicamente pues los empresarios que dijeron haberlos firmado no los mostraron. Sin embargo, alerta a los organismos de control pues "en la práctica podrían significar la legalización del despojo de las tierras colectivas adjudicadas a estas comunidades".
Según lo han denunciado miembros de estas poblaciones, tras la ocupación de algunas de estas tierras han estado grupos paramilitares (ver SEMANA edición 1.152). Esta versión motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos a exigirle al gobierno que tome medidas de protección para sus miembros (ver recuadro).
Arturo Vega, director del Incoder, dijo a SEMANA que se tomarán las medidas policivas necesarias para devolver las tierras a sus reales propietarios. Según él, más allá del informe, lo que busca el gobierno "es ser propositivo y darles sostenibilidad a estos territorios, para que haya progreso", y que una de esas alternativas es buscar alianzas estratégicas entre los empresarios y las comunidades, con proyectos productivos como los de palma, para lograr la pacificación del país.
Los beneficios económicos que el capital pueda traer a una región no son el único objetivo que buscan las comunidades negras del Chocó. Lo que quieren es justicia. De ahí que no sólo la Fiscalía tendrá que evaluar si hay lugar o no a sanciones legales en los hechos que denuncia el Incoder, sino que también entidades como la Procuraduría y la Superintendencia de Notariado y Registro deberán hacer su trabajo y explicarle al país cómo estas tierras han cambiado de dueños.
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