La piedra en el zapato

Carlos Jiménez tiene en sus manos el futuro diplomático de Colombia y Ecuador. Este funcionario de carrera judicial es el fiscal Uno de Sucumbíos, que primero le dictó orden de detención a Juan Manuel Santos, y esta semana al general Freddy Padilla de León. A Jiménez le llegó en febrero y de rebote el caso judicial más delicado de su país: la investigación del bombardeo de Angostura donde murieron 'Raúl Reyes', el ecuatoriano Franklin Aisalla y 24 personas más. Se trata de un reemplazo: el fiscal Wilmer Gonzabay, a cargo de la investigación, había aparecido muerto en su casa por un paro cardíaco y respiratorio, episodio que ha sido objeto de dudas y suspicacias.

Cuando Jiménez asumió la investigación ésta ya había tomado un rumbo. Por un lado, se había llamado a juicio a las tres sobrevivientes del bombardeo, entre ellas la mexicana Lucía Moretti, y Jiménez las pidió en extradición. Siguió la veta investigativa sobre los vínculos con las Farc de los funcionarios ecuatorianos Ignacio Chauvín y Gustavo Larrea. Finalmente, expidió la orden de detención y extradición para los colombianos por haber ordenado el bombardeo.

La decisión de capturar a Padilla se sintió como un golpe bajo en Bogotá. Se produjo cuando el propio comandante de las Fuerzas Armadas estaba a punto de viajara a Ibarra, población ecuatoriana, para la reunión de la Comisión de Seguridad y Control de la Criminalidad, para entregarle a su par ecuatoriano, general Fabián Varela, la información sobre los campamentos de las Farc en Ecuador.

También ocurrió pocos días después de que el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, decidió enviar más tropas a la frontera con Ecuador, como un gesto de buena voluntad, pues el presidente Rafael Correa siempre ha dicho que Colombia no cuida esta área. Y finalmente, se produjo en un momento en el que, por fin, se había logrado recobrar la confianza diplomática.

Pero desde la reunión de Nueva York, en la que se restablecieron las relaciones de los dos países, quedó claro que en este tema no hay acuerdo. Colombia no reconoce jurisdicción de Ecuador en este caso, sino la del propio país. Pero el gobierno ecuatoriano piensa que sus jueces están naturalmente obligados a indagar sobre la muerte de 26 personas en su territorio. "La Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial. La función ejecutiva no tiene ninguna capacidad de designar, intervenir, controlar o decidir sobre ella", le dijo el canciller Fander Falconi a SEMANA. Y aunque a rajatabla esto es cierto y ningún gobierno democrático puede interferir en la justicia con argumentos políticos, también es cierto que en una democracia hay razones de Estado que obligan a armonizar los poderes. Si todo se resolviera en los tribunales, no existiría la diplomacia, y si todos los conflictos entre países terminaran en juicios como este, el mundo viviría en guerra perpetua.

En ese sentido, como lo han sugerido analistas, Ecuador podría buscar una salida que, sin alterar la reglas de las instituciones, supere un impasse tan grave. La pregunta es si Correa puede y quiere hacerlo.

En el mejor de los casos, este nuevo problema sería simplemente judicial. Pero también hay quienes creen que se podría tratar de una jugada política de sectores dentro o fuera de Ecuador que quieren sabotear los acercamientos de Correa con Bogotá. Y en el peor de los casos, se trataría de un doble juego de Quito, de garrote y zanahoria, para mostrar los dientes y no ser percibido como un gobierno débil frente al de Uribe.

Mientras tanto, el fiscal Jiménez le dijo a SEMANA: "Agotaré todas las instancias investigativas". Muchos piensan que sus próximos pasos serán pedir la captura del general Óscar Naranjo, y si sigue como va, hasta la del presidente Uribe, con todo y su inmunidad. Y esto último sí sería la tapa.

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