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| 10/26/2009 12:00:00 AM

Investigan a 18 funcionarios por no actuar a tiempo contra pirámides

No haber detectado y sancionado a tiempo a las empresas captadoras de dinero es el argumento con el que la Procuraduría abrió el proceso.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra 18 funcionarios de las superintendencias Financiera y de Sociedades, la Dian y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf) por su posible responsabilidad en la crisis de las pirámides.

Según el Ministerio Público, los funcionarios presuntamente faltaron al cumplimiento de sus funciones y actuaron tardíamente en la detección y sanción de las captadoras ilegales de dinero.

La información recaudada por el Grupo de Asesores en Contratación Estatal, encontró que entre 2005 y 2007 había 19 captadoras ilegales y al terminar 2008 ya eran 222. Para la Procuraduría, la existencia de estas captadoras exigían medidas inmediatas y eficaces.

Según el auto donde se abre la investigación a estos funcionarios, “no se observó dentro de las diligencias preliminares la existencia de elementos probatorios que permitan conocer que el grupo de funcionarios investigados de la Superintendencia Financiera encargado de la vigilancia y control de la captación masiva y habitual de recursos del público por parte de entidades o personas no autorizadas, hubiera adoptado medidas administrativas eficaces, estableciera políticas o realizara propuestas ante el Gobierno Nacional y concretamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito”.

Respecto a la Superintendencia de Sociedades, el hallazgo fue que sí le reportó a la Superintendencia Financiera la posible captación ilegal de algunas empresas, pero no le entregó copias de sus investigaciones a la Fiscalía, como debe hacer cualquier funcionario que encuentre una posible conducta delictiva de alguien.

La Dian tampoco hizo el uso pertinente de la información que conoció. A pesar de haber encontrado operaciones sospechosas de las captadoras, no remitió documento alguno ni a la Uiaf, ni a la Superintendencia ni a la Fiscalía, según los investigadores de la Procuraduría.

Y la Uiaf, que encontró irregularidades de 2006 en aquellas captadoras, sólo les pidió información desde el 31 de octubre de 2008.

Los funcionarios investigados de la Superintendencia Financiera de Colombia son los superintendentes financieros Augusto Acosta Torres y César Prado Villegas; los superintendentes delegados para Supervisión Institucional, Rafael Eduardo Neira Torres y Segismundo Méndez Méndez; los superintendentes delegados para Intermediarios Financieros, Edgar Enrique Lasso Fonseca y Luis Francisco Ogliastre Gil Falco; el Director de Supervisión Institucional para Intermediaros Financieros Uno, Justo Walter Romero León; el Director de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Dos, Rodolfo Aquilino Cifuentes Bustos, y el Director Legal para Intermediarios Financieros, Jesús Heraclio Gualy.

De la Superintendencia de Sociedades serán investigados los superintendentes de Sociedades Rodolfo Danies Lacouture y Hernando Ruiz López, y el superintendente delegado Francisco Aristides Noguera Rocha.

De la Unidad Administrativa Especial de la Dian serán investigados el Director General, Óscar Franco Charry; el Administrador de Impuestos y Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, Álvaro Sánchez Uribe; el Administrador de Impuestos, Subdirector de Fiscalización Tributaria y Director de gestión de Fiscalización, Napoleón Hernández Palacio; el Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, Orlando Velandia Sepúlveda, y el Jefe de la División de Fiscalización, René Fernando Moreno Clavijo.

Y de la Uiaf, el investigado será el director, Mario Alejandro Aranguren Rincón.

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